En el vecino país del norte, el marco legal no se modifica sustancialmente con un nuevo Gobierno. Los inversionistas saben que la Constitución será la misma, al igual que casi toda la legislación, mientras en Latinoamérica la mayoría de los nuevos gobernantes buscan “reinventar” el país y modifican la Constitución, las leyes y las instituciones.
Ante las expectativas de cambios, los inversionistas desde el último año de un Gobierno reducen sus inversiones hasta finales del primer año del nuevo, que es cuando deciden si siguen o no invirtiendo, según las acciones de los nuevos gobernantes. Algunos Gobiernos, aconsejados por economistas keynesianos, aumentan el gasto público para compensar la reducción de la inversión privada. Ese camino a veces genera un repunte efímero del crecimiento, pero incentiva la inflación. En México, en el primer semestre del actual Gobierno se frenó el crecimiento, colocando al país en el estancamiento económico, la disminución del empleo y al borde de la recesión.
Esas políticas provocaron incertidumbre y expectativas negativas, que redujeron drásticamente la inversión nacional y extranjera. La solución lógica es que el Gobierno modifique sus planes y genere un ambiente de certeza jurídica y confianza que incentive al sector productivo privado, principal fuente de inversión, a reinvertir y crear empleos productivos, único camino para retomar un crecimiento durable y sustentado, no el de peligrosas burbujas de crecimiento, creadas por un mayor gasto, acompañado de aumentos de precios.