Los médicos tienen razón, el sistema público de salud está colapsado. Está muy centralizado y el crecimiento de la oferta no guarda relación con la demanda, que ha crecido exponencialmente, impulsada por el incremento poblacional y la pobreza que nos abate. Y quien ha pagado al final es la población más pobre del país, la que en un momento es rehén y, en el otro, justificado objeto de reivindicación.
En razón de la enfermedad de un amigo, el poeta José Gonzales, he visitado varias veces un hospital público, sorprendiéndome que, aunque allí hay médicos diligentes, algunos menos sensibles que los mecánicos que atienden los defectos de nuestros automóviles – porque de todo hay en la viña del Señor –, la mayoría de los dedicados trabaja sin medicinas. Y los pacientes tienen que pagar todo, sin tener nada en los bolsillos, sino que los vacíos y las roturas, de modo que los hospitales públicos y los privados en lo que se diferencian realmente es que los primeros no cobran el hospedaje ni la alimentación.
En cambio, los privados son “hoteles” con el mayor confort imaginable y con los medicamentos en el mismo lugar. Los pacientes no tienen que salir a comprar ni pagar a quienes lo hacen en los hospitales públicos, en donde falta casi todo.
De conformidad a lo que he visto, además de algunas fallas burocráticas que con buena voluntad son superables, el problema central de la controversia actual son los medicamentos, su compra, almacenamiento y manejo. Aparentemente, lo que podría ser una solución plausible, por lo menos para los no expertos en el tema, sería un fideicomiso en la compra y el manejo de los medicamentos. Sin embargo, extrañamente, por lo menos para mis conocimientos cuenta con la oposición de los médicos. Por lo menos es lo que he sentido. Y como estoy siempre buscando explicaciones, he llegado a la conclusión, preliminar por supuesto, de que es un asunto de poder. Los médicos sin el control de las medicinas se imaginan disminuidos y profesionalmente agredidos.
Como esto no es cuestión de gusto, sino que de utilidad pública, el Gobierno al servicio de la sociedad tiene que decidir en favor de una alternativa en que se torne transparente la compra y el uso de los medicamentos. En los hospitales públicos – cuyo número no ha aumentado, pese al crecimiento poblacional y sus estructuras muy dañadas – no hay mucha ética en lo que se refiere a medicinas y equipo.
Varios escándalos son públicamente conocidos, pero fuera de los titulares en los medios no vemos progreso alguno.
Los pobres terminan endeudándose, vendiendo sus animales domésticos y recibiendo en la práctica medicina privatizada en hospitales públicos, pues los medicamentos los tienen que adquirir a precios monopólicos y sin control, sobre su conveniencia y necesidad.
Siento que como el conocimiento del asunto es muy limitado, una discusión sobre el fideicomiso para la compra de los medicamentos y la mejora de las estructuras podrían ser temas a manejar. Aunque los médicos puedan perder poder, la población debe ser mejor atendida que hasta ahora.
