Nicaragua era un país pobre, pero cada año su producto interno bruto (PIB) crecía por encima del 4.5%, y el estallido social que nació por reformas a la seguridad social el 18 de abril de 2018 llevó a una crisis que causó una contracción del 3.8%, según datos del Banco Central del país. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado que en 2019 el PIB de Nicaragua sufrirá un nuevo retroceso, del 5%.
Nicaragua también se destacaba entre los principales destinos turísticos emergentes del mundo, y la Policía presumía de que era una de las naciones más seguras de Latinoamérica. Pero el país recomendado entre los mejores para retirarse hoy se relame sus heridas con 400,000 empleos menos y un costo de vida en alza.
Por la noche pocos lugares permanecen abiertos después de las 20:00, hora local. Los centros turísticos del norte de Managua y los lujosos escenarios deportivos, que atraían a más de 45,000 personas en un fin de semana, hoy se ven desolados. La Policía, que no hacís patrullajes diurnos, ahora está en casi todas las intersecciones importantes de las ciudades con rifles AK-47 de fabricación rusa o escopetas, y vastas municiones.
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco reporta al menos dos desapariciones diarias a manos de policías, personas que luego aparecen en prisión con denuncias de torturas, algunas hasta de violaciones sexuales.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reporta 809 “presos políticos” y el Gobierno reconoce menos de la mitad, por lo que se estima la desaparición de cientos de manifestantes “autoconvocados”, aquellos que no siguen liderazgos en su repudio al mandatario Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 325 manifestantes han muerto en protestas contra el presidente Daniel Ortega; instituciones humanitarias locales cuentan 568 víctimas, mientras que el Gobierno reconoce 199.
La CIDH, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y diversos organismos locales e internacionales responsabilizan por la crisis humanitaria al Gobierno de Ortega, al que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) atribuye crímenes de “lesa humanidad”. Según diferentes militares retirados del Ejército, el Gobierno ejecutó eliminaciones de opositores entre abril y julio de 2018, cuando atacó con armas de guerra a poblaciones enteras con sus “fuerzas combinadas”, compuestas por policías, antimotines, paramilitares y grupos de choque, y luego pasó a una etapa de “ejecuciones selectivas”, también letal, pero menos visible.
La mayoría de víctimas eran jóvenes varones, estudiantes, trabajadores o campesinos, muchos de los cuales murieron al serles negada la atención hospitalaria, según la Asociación Médica Nicaragüense (AMN). Entre las víctimas está el periodista Ángel Gahona.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro registró al menos 712 casos de violación a la libertad de prensa entre abril y diciembre, desde amenazas hasta confiscaciones de medios, así como la detención de periodistas, dos de los cuales permanecen en prisión, y otros 66 fueron al exilio. Organizaciones no gubernamentales indican que en Costa Rica se han exiliado más de 70,000. Varias decenas de miles han partido hacia Estados Unidos, España y otros países.
El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, una de las voces más críticas de Ortega, recién reveló un supuesto plan para asesinarlo, y partirá pronto al Vaticano por petición del papa Francisco.
Como parte del Episcopado, Báez fue mediador del primer diálogo entre la Alianza y el Gobierno en busca de una salida pacífica de la crisis, entre mayo y julio de 2018, cuando Ortega acusó al clero de un supuesto golpe de Estado “fallido”.
El Episcopado declinó participar en las negociaciones desarrolladas entre el 27 de febrero y el 3 de abril pasados con presencia de un representante del Vaticano y otro de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo fracaso ha extendido la crisis. La Alianza sostiene que el Gobierno se niega a cumplir con acuerdos firmados, como la liberación de los “presos políticos” y el respeto a la Constitución.
