Hay un proyecto de ley de los legisladores de Morena cuyo objetivo es aumentar el número de ministros para que atiendan los casos de corrupción. La nueva sala compuesta con cinco ministros nuevos, propuestos por el Presidente, tendrían como objetivo teórico luchar contra la corrupción, que básicamente es una obligación de cualquier juez.
Quien aconsejó ese cambio para reducir la corrupción se equivoca en identificar sus principales causas, relacionadas en gran porcentaje con la impunidad de los corruptos, la cual no se debe a la escasez de ministros, sino a la falta de acción de las procuradurías, ahora llamadas fiscalías, y a sus funcionarios operativos, los ministerios públicos, para consignar a los corruptos ante los jueces.
Los procuradores, ahora fiscales, y los ministerios públicos, encargados de combatir la corrupción, bajo las órdenes del Presidente, son los responsables de la gran impunidad de los corruptos. De cada 100 funcionarios a quienes la Auditoría Superior de la Federación les encontró anomalías o desvíos en el ejercicio de los recursos que manejaron el sexenio pasado y le entregó los expedientes al ministerio público, más del 95% no fueron consignados a los jueces. Ahí está la inacción, el freno, el muro, que garantiza la impunidad a los corruptos.
¿Para qué aumentar el número de ministros en el Poder Judicial si el problema está en el Poder Ejecutivo? Ante la falta de razón para aumentar el número de ministros para combatir la corrupción cobra fuerza la versión que la verdadera finalidad del Ejecutivo al incorporar más ministros nombrados por el actual Presidente, es tener la mayoría a su favor y acaparar el control de los tres poderes, pues ya tiene el del Ejecutivo y el Legislativo. Si el presidente López Obrador no busca suprimir la independencia del Poder Judicial ni terminar con la división y contrapeso de poderes, debe abandonar el proyecto de aumentar ministros con la excusa de combatir la corrupción.
