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La morosidad judicial

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, en una reciente comparecencia ante el pleno del Congreso Nacional manifestó entre otras cosas, que extraordinariamente para él, la mora judicial ha disminuido en su gestión, de 186 mil casos con retraso a menos de 100 mil asuntos por resolver, lo que para algunos abogados y observadores no es verdad.

Para el caso, según algunos estudios de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), la mora judicial en Honduras sobrepasa el 92%. Kenneth Madrid del sector justicia de la ASJ ha detallado que en el caso de la mora judicial en materia penal esta ronda en unos 250 mil expedientes. Siendo lo anterior uno de los aspectos que más contribuyen a la crisis del sistema judicial hondureño.

Aunque el atasco de estos procesos no solamente es imputable a los juzgadores, sino que también a las partes, a los propios litigantes, que en algunas ocasiones son los verdaderos responsables del retardo --a veces malicioso-- en la tramitación de estos expedientes, al hacer uso indebido de los recursos establecidos en la ley, principalmente del amparo, de las nulidades, o simplemente por no impulsar procesalmente los negocios jurídicos que patrocinan.

La voluntad de los jueces se expresa en los juicios planteados mediante resoluciones escritas u orales, ya sean autos o providencias de sustanciación, sentencias interlocutorias, o definitivas que deciden la cuestión principal, para lo cual la ley preceptúa los plazos a que deben aquellos sujetarse para dictar estas resoluciones, pero que negligentemente no son cumplidos, originándose así un exasperante atasco judicial que en nada contribuye a una correcta administración judicial y al desarrollo del país, pues no se concibe un Estado de derecho sin una pronta o expedita administración de justicia.

La mora judicial en Honduras no es una cuestión de números como lo supone el presidente de la Corte Suprema.

La congestión en el tramite de los asuntos judiciales es un fenómeno muy arraigado en nuestro sistema judicial, a tal grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), ha establecido en varios casos sometidos a su conocimiento que es atentatorio al derecho fundamental de los hondureños, tal como sería el derecho a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la justicia y demás derechos que se derivan en cada proceso en particular, lo que indudablemente genera responsabilidad contra el Estado hondureño, pues hay juicios que han durado 12 o más años en su tramitación, y otros que duermen el sueño de los justos en las gavetas de los magistrados del Poder Judicial, sin que nadie, mucho menos los litigantes, osen impulsarlos, por lo que se impone con justeza decir que “justicia tardía no es justicia”.