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“Los intocables” y “terrorismo judicial”

El presidente de la Corte Suprema ha declarado que en “Honduras no hay intocables?, reconociendo que, antes de su mandado, sí los había. Posiblemente no pensó antes de hacer estas afirmaciones, especialmente porque se ha perdido en Honduras el miedo de improvisar cuando se hacen declaraciones serias y fundamentales. Lo intocable no siempre está en la voluntad de los jueces. El sistema judicial en una sociedad inequitativa como la actual, siempre volverá intocables a los que más recursos tienen. Podrán buscar los mejores abogados, conseguirán mejores testigos e, incluso, podrán traer peritos del exterior para destruir las pruebas de la acusación. Antes que haber dicho lo de intocables, Argueta debió informar cuántos de los presos recluidos en las cárceles –pobres la mayoría– están procesados y cuántos condenados. Además, por qué hay presos que están en los batallones y otros en las cárceles, muchas de ellas, inmundas e inhumanas. Eso habría sido mas ilustrativo y convincente.

Casi simultáneamente, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, al hacer público su deseo de no renovar el mandato de la Cicig en aquel país –que cumplirá diez años de operar en las tierras de la eterna primavera– se quejó de la práctica de un “terrorismo judicial”. Nosotros hemos sido testigos de la politización de la justicia. En el siglo pasado, si el causante de la acción delictiva requerido por la justicia era un correligionario del gobernante, rápidamente era absuelto. Era la justicia para los correligionarios. Ahora, ya no funciona de esa forma, por lo menos públicamente; pero a partir de las declaraciones del presidente de Guatemala hemos empezado a notar que aquí en Honduras se escoge al adversario, al cual se le acusa –en razón de faltas o delitos– o en función para debilitarlo políticamente, impidiéndole aspirar a ninguna posición política que pueda comprometer a la cúpula dominante. Es decir, que se usa la justicia, en forma irregular, como instrumento para lograr consolidar definidas manifestaciones del poder.

Carías Andino, que no dejaba de manejar ciertas sutilezas, colocaba frente a la casa de sus adversarios liberales a un policía que interrogaba a todas las personas que entraban y salían de su residencia. Al tercer día, el liberal -amenazado- en horas de la noche y con la complicidad de amigos inalterables abandonaba el país y se internaba en El Salvador a sufrir la triste condición de exiliado; es decir, que se hacía uso de la justicia –como hace el terrorista– para provocar miedo y generar debilidad, antecedente de sumisión hacia el que tiene el poder. El presidente Morales sabe de qué habla. Nosotros recordamos la mano dura de Ríos Mont –que no diferenciaba en los ciudadanos, especialmente entre los pobres– para someterlos a un programa represivo en el que participaban soldados, jueces e incluso periodistas que celebraban estos excesos. El fin era someter por el terror a cualquier brote de carácter político que no comprometiera al orden establecido.

Ahora en Guatemala, el terror lo impone el fiscal colombiano Velásquez –una suerte de virrey colonial al cual se han adherido sumisamente políticos de oposición, jueces y fiscales– el que determina a quién perseguir. Y como él prefiere la cacería mayor, señala con el dedo al gobernante. Primero fue el expresidente Molina, ahora, el amenazado con el terror de Velázquez es el propio presidente Morales.

En Honduras, afortunadamente, la Maccih no tiene poder sobre el Presidente de la república. Hasta ahora, su blanco preferido son los diputados y los políticos de los partidos tradicionales. No sé si Argueta puede responder, por qué no se procede en contra de Zelaya y su gobierno liberal, que incurrió en delitos, despilfarros y malversaciones. ¿Es privilegiado? O la frase suya no tiene nada que ver con los partidos y la política. En cuyo caso habría que pensar entonces si estamos en una fase preliminar de “terrorismo judicial”, en que la justicia en vez de buscar dar a cada quien lo suyo, está siendo usada para que los grupos políticos hegemónicos resuelvan sus diferencias, anulando pretendientes y asegurando la continuidad de los poderes establecidos, y el derecho de sucesión de los delfines que nos gobernarán. Solo pregunto, Argueta, si su afirmación es cierta, nada más.