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No pudieron elegir al fiscal general

La oleada de corrupción que azota a Latinoamérica es grande, tan grande que por momentos parece rebasar la capacidad de respuesta de las instituciones del mismo Estado, es tan grande que parece que existe siempre una gran asimetría entre quienes luchan contra la corrupción y quienes la protegen. Latinobarómetro y Transparencia Internacional siempre han señalado la escala de instituciones consideradas más corruptas por la población, y sabemos quiénes aparecen a la cabeza; pero también es cierto que hay una oleada de lucha contra la corrupción y sus funestas consecuencias, que la lucha contra la corrupción parece una pelea de David contra Goliat, pero nunca imposible.

Ese combate contra la corrupción en toda Latinoamérica pasa necesariamente por los fiscales de cada país, lo vemos por todo América Latina, adonde los principales actores de esta lucha son los abogados que integran el Ministerio Público. Ese componente, el Ministerio Público, es determinante para que esta lucha avance, que agarre fuerza y arraigue en las instituciones judiciales del país la persecución contra los actos de la corrupción. El fiscal general del Estado de Honduras fue juramentado sin mucha pompa, sin mucho discurso, con mucha sobriedad y poca prensa. Este es el primer fiscal que los políticos no pudieron elegir. Este es el primer abogado que se atrinchera en la Fiscalía General del Estado con poca deuda con la política, o ninguna.

Este fiscal no es el resultado de una elección más de los políticos, sino el resultado de las múltiples contradicciones internas de nuestro país en materia de lucha contra la corrupción, el resultado de una sociedad civil que echó garras de mano de una comunidad internacional encabezada por los Estados Unidos de América que se cansó del drenaje que la corrupción hace de los fondos públicos. Este es el primer fiscal que va a cargo a disgusto de los políticos, este es el primer fiscal que les quita la sede a los políticos y todavía puede seguir en el cargo.

No obstante, llegar aquí no ha sido fácil. En el camino quedaron evidenciados por los mismos hechos que la elección de los más altos funcionarios del Estado con sus mecanismos de elección es un fracaso completo, que existen mecanismos, pero que cualquiera de estos mecanismos son objeto de manipulación de los políticos para arreglárselas de tal forma que siempre salga el funcionario a su gusto y medida. Que los participantes en nombre de la sociedad civil en estos procesos no siempre la representan, que dicha representación no es más que una ficción, que quienes muchas veces se atribuyen representar los más altos intereses de la sociedad son mandatarios indirectos de los intereses políticos de turno.

Tanto tiempo perdido de la junta de elección del fiscal proclamando que elegirían a un fiscal estrella, que habían hecho un trabajo tan exhaustivo y transparente que este fiscal no tenía parangón. Se necesita con prioridad una ley para la elección de los altos funcionarios del Estado, tenemos que impulsar los mecanismos que nos permitan sacar del proceso la manipulación política, el compadrazgo y la corrupción, de lo contrario, esta historia no se repetirá: que por primera vez los políticos no elijan a un fiscal general del Estado.