Pareciera que en Honduras no hay buenos abogados. Como podría ser el mensaje que nos estaría dejando la pretensión del oficialismo para que se reelija al actual Fiscal General, pero la realidad de esta iniciativa no sería otra que mantener en su cargo a un funcionario por su afinidad con la actual clase política y su statu quo. Si no veamos los gruesos casos de corrupción, como el del Seguro Social en el que deliberadamente no se ha ido hasta el fondo para proteger a los peces gordos, o los casos en Salud, Infop, Enee, etc., en los cuales se involucra, de acuerdo con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a ex y actuales funcionarios, cuyos expedientes se encuentran aún en etapa investigativa sin que se traduzcan en requerimientos fiscales por las largas, o la abulia con que estos expedientes se manejan al interior del Ministerio Público. Como acontece también en el caso de la red de diputados, cuyo caso ha sido planteado por la Maccih, y que ha entrado en una especie de ralentí en un juego cuasi legal para enervar el procesamiento judicial contra los “padres de la Patria”, que son precisamente los encargados de escoger al nuevo titular de la Fiscalía General.
La Junta Proponente en este proceso deberá obrar con absoluta autonomía y sin ninguna injerencia, para poder elaborar un adecuado perfil de los aspirantes dentro de un procedimiento de designación orientado al mérito de los candidatos mediante un escrutinio real de sus vidas.
Un adecuado perfil de los aspirantes para elegir a los titulares del Ministerio Público nos debe garantizar que su selección se hará en base a su idoneidad y no por su afinidad con los grupos de poder. Teniendo en mente su alta calidad moral, sus conocimientos legales sobre nuestro sistema de justicia penal, ser acreedores a una formación jurídica sólida, con un alto compromiso en la defensa de los derechos humanos, éticamente irreprochables y con una trayectoria profesional que permita a los proponentes evaluar a los mejores posicionados para la final nominación de los cinco candidatos que deberán presentarse al Congreso de la República en una lista completamente depurada.
La transparencia, la publicidad y la objetividad deben, además, constituir el propósito de la Junta Proponente dentro del proceso de evaluación y selección de los cinco candidatos, cuya nómina deberá presentarse al Congreso Nacional para elegir al ungido. Quien deberá tener, además de altas calificaciones académicas, probada independencia en la toma de decisiones, sobrada solvencia moral y comprobada rectitud y apego a las leyes de la república, sin ningún nexo que lo vincule con el gobierno de turno, ni con los grupos políticos o de poder existentes.
