En estos tiempos con previsiones claras sobre escasez de agua para consumo o para la agricultura pudo haber sonado a esperanzador las reformas a la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre facultando al Instituto de Conservación Forestal a imponer multas y aplicar sanciones administrativas a quienes dañen o destruyan áreas boscosas.