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Departamento de Justicia de EEUU acusa de narcotráfico “a gran escala” al hermano del presidente de Honduras

Juan Antonio Hernández Alvarado está implicado en el trafico de droga desde el 2004 y tenía acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, señala la acusación en la Corte del Distrito Sur de Nueva York

Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Nueva York, EEUU.

El abogado y exdiputado por Lempira, Juan Antonio Hernández, de 40 años, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, informó el lunes el Departamento de Justicia estadounidense.

El excongresista hondureño, quien fue arrestado el viernes en Miami sospechoso de vínculos con el narcotráfico, enfrenta además cargos ante la justicia estadounidense por uso y posesión de armas, así como por hacer declaraciones falsas a agentes federales, señaló la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en un comunicado.

"Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a Estados Unidos", dijo el fiscal federal en Manhattan Geoffrey Berman, citado en el texto.

Berman dijo que Hernández presuntamente organizó y garantizó la seguridad de los envíos de cocaína, sobornó a funcionarios para obtener información sensible para proteger los cargamentos, y solicitó grandes sobornos a importantes narcotraficantes.

Hernández, de 40 años, es acusado de conspirar con redes del crimen organizado trasnacional en México y Colombia para importar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde 2004 hasta 2016.

"Desde al menos o alrededor de 2004, hasta, incluyendo alrededor de 2016, múltiples organizaciones de tráfico de drogas en Honduras y otras partes, trabajaron juntas, con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados, incluyendo políticos hondureños y funcionarios judiciales, para recibir cargas multitoneladas de cocaína enviada a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia, por vía de rutas aéreas y marítimas y transportar la droga hacia el oeste de Honduras a través de la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos", dice el punto uno de la acusación contra "Tony" Hernández Alvarado.

En la acusación se lee: "Juan Antonio Hernández Alvarado, también conocido como “Tony Hernández”, el acusado, es un antiguo miembro del Congreso Nacional de Honduras, hermano del actual presidente de Honduras y un traficante a gran escala que trabajaba con otros traficantes en, entre otros lugares, Colombia, Honduras y México para importar cocaína a los Estados Unidos".

"Desde al menos o alrededor de 2004, hasta incluso alrededor de 2016, Juan Antonio Hernández estuvo involucrado en el proceso, recibo, transporte y distribución de cargas multitoneladas de cocaína que llegó a Honduras en aviones, embarcaciones rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino. Hernández Alvarado tenía acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia en los cuales algunos de los paquetes fueron marcados con las iniciales “TH” o sea “Tony Hernández”. Hernández también coordinó y, a veces, participó en proveer seguridad fuertemente armada a los envíos de cocaína transportada a través de Honduras, lo que incluía a miembros de la Policía Nacional, y traficantes de droga armados entre otras armas, con ametralladoras".

Hernández debía comparecer ante el juez federal Jonathan Goodman en Miami este mismo lunes.

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Exdiputado por Lempira y hermano del presidente de Honduras, Juan Antonio Hernández.

DOCUMENTO COMPLETO, EN INGLÉS:


Antecedentes del caso

Tony Hernández fue detenido el pasado viernes en Miami, Estados Unidos, por los delitos de “conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y cargos relacionados con armas", dijo James Margolin, de la oficina principal de información pública del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, según un informe del Miami Herald.

El 17 de marzo de 2017, cuando Juan Antonio Hernández era diputado por el departamento de Lempira, rechazó las acusaciones que le hizo el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga en Estados Unidos, de que lo sobornó para que el Gobierno le agilizara el pago de una empresa del cartel de Los Cachiros.

Además: Cachiro Rivera Maradiaga involucró a "Tony" Hernández en juicio de Fabio Lobo

Según las autoridades, Rivera Maradiaga, exlíder del desmantelado cartel de Los Cachiros y quien ha admitido haberle causado la muerte a 78 personas en Honduras, se entregó a las autoridades en Estados Unidos porque supo que estaba a punto de ser capturado en su país.

Versiones desde Nueva York, revelan que Rivera Maradiaga declaró que le pagó soborno, sin precisar monto, a Juan Antonio Hernández entre 2013 y 2015 para que el Gobierno hondureño agilizara una deuda pendiente con una empresa de Los Cachiros, que utilizaban para lavar dinero.

Los Cachiros operaron libremente durante varios años en Honduras sin que ninguna autoridad les persiguiera.

El año pasado Rivera Maradiaga también implicó en acciones de narcotráfico al expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) y a su entonces asesor en asuntos de seguridad Julián Pacheco, quien ahora es ministro de Seguridad, dos diputados y un alcalde.

Entonces, Rivera, quien ha declarado en dos ocasiones como parte del juicio contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo, quien también guarda prisión en Nueva York después de haber sido capturado en Haití en 2015 por agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, dijo que incluso se reunió con el exgobernante hondureño.

En 2016, el capitán del ejército Santos Rodríguez Orellana vinculó a Tony Hernández con el narcotráfico. Según Orellana, a él le ofrecieron hasta un millón de dólares para no reportar el hallazgo de un helicóptero que presuntamente pertenecía a altos mandos del gobierno de Honduras y que "tenía fuertes indicios de transportar droga", reveló luego de que Estados Unidos lo señalara por supuestos vínculos con el narcotráfico.

"Nos ofrecían un millón de dólares para que no informáramos sobre el hallazgo de la aeronave", expresó de forma contundente Santos Orellana.

En esa ocasión, Santos Orellana denunció haber sido capturado por la DEA, que lo vinculaba junto a Juan Antonio Hernández al narcotráfico y a un complot para matar al embajador de Washington en Tegucigalpa, James Nealon.

Lo confirmó Casa Presidencial

La Casa Presidencial de Honduras emitió un comunicado al respecto confirmando la detención de Juan Antonio Hernández.

Además, recordó que en octubre de 2016, "ante crecientes rumores sobre una presunta relación directa o indirecta, voluntaria o circunstancial de su hermano con personas o con supuestas actividades al margen de la ley, el presidente dejó claramente establecida su posición de que nadie está por encima de la ley".

Entonces, el gobernante también indicó que "toda persona debe tener derecho a la legítima defensa y presunción de inocencia".

"El presidente de la República reitera lo que dijo el 24 de octubre de 2016: 'Durante este gobierno nadie que haya sido señalado por la justicia no tiene, ha tenido ni va a tener ningún tipo de concesiones o privilegios, ya se trate de correligionarios, de mis propios familiares, funcionarios de gobierno o ciudadanos de otros países'", indica el comunicado oficial.

El mandatario expresa además que "nuestra postura ha sido clara, es clara y seguirá siendo clara de luchar contra la corrupción y delincuencia sin distinciones".

En el caso de Juan Antonio Hernández, así como el de cualquier otro hondureño, el presidente y su gobierno mantienen la posición que cada quien es responsable de sus actos y en ningún caso esta responsabilidad es transferible a otras personas, subraya la información oficial.

Señala además que el Gobierno "reitera su compromiso de brindar todas las facilidades para que las investigaciones por parte de entes de seguridad y justicia se ejecuten con absoluta apertura y en irrestricto apego a la ley, como se ha hecho en todos los casos".

"Asimismo, que en este como en otros casos, se le respeten los derechos que le asisten a todo detenido, se observe el principio universal de presunción de inocencia y se le garantice el debido proceso", concluye indicando el comunicado.