El estado de Arizona busca evitar la participación de México y otros países latinoamericanos en el proceso judicial que empieza el próximo mes en una corte federal de apelaciones sobre la validez de la polémica ley SB1070 sobre inmigrantes ilegales.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, expresó esta semana su rechazo a que países extranjeros participen en la apelación que ella misma interpuso ante la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve en California.
Brewer también solicitó al tribunal tener la oportunidad de responder a los señalamientos presentados por México y otros países latinoamericanos la semana pasada por medio del recurso legal conocido como 'Amicus Curiae' (Amigo de la Corte).
El Gobierno de México, apoyado por los de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Chile, presentó un documento en el que expresa su preocupación ante los efectos que puede traer la ley de Arizona en las relaciones con Estados Unidos.
Asimismo, manifiesta que busca asegurar que sus ciudadanos en este país estén respaldados por los derechos humanos y civiles que otorgan la Constitución de EE.UU.
En un comunicado de prensa, Brewer aseguró que las opiniones de Gobiernos extranjeros no tienen influencia para determinar si una ley estatal se ajusta o no a la Constitución de Estados Unidos.
La Corte de Apelaciones del Circuito Nueve en San Francisco comenzará a escuchar argumentos a partir del próximo 1 de noviembre sobre la apelación interpuesta por el estado de Arizona y que busca revertir la decisión de una jueza federal que bloqueó algunas de las secciones más controvertidas de la SB1070.
El pasado julio, en respuesta a una demanda entablada por el Departamento de Justicia en contra del estado de Arizona, la jueza Susan Bolton bloqueó las secciones que convertían en delito la presencia de inmigrantes indocumentados en el estado y que obligaba a las agencias del orden locales a cuestionar el estatus migratorio de aquellas personas sospechosas de encontrarse de manera ilegal en el país.
Gabriel Chin, profesor de leyes y de administración pública y política de la Universidad de Arizona, dijo hoy a Efe que está convencido de que la Corte de Apelaciones sostendrá el veredicto de la magistrada Bolton.
'La ley SB1070 es un esfuerzo del estado de Arizona por tener su propia ley migratoria. Estoy seguro de que el tribunal de apelaciones ratificará la decisión de que es inconstitucional', aseguró Chin.
El abogado dijo que es de suma importancia para el caso que México y otros países latinoamericanos presenten su testimonio durante el proceso de la apelación, ya que la legislación puede tener un efecto negativo en las relaciones exteriores.
'Leyes como la SB1070 pueden crear malos sentimientos en contra de los ciudadanos de otros países', enfatizó el académico.
Indicó que la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve tiene varios sistemas para analizar los casos, los cuales generalmente son escuchados por tres jueces.
Aclaró que es muy difícil predecir cuánto tiempo tomará a los jueces para llegar a una decisión, pero basándose en su experiencia podría ser aproximadamente un mes.
Independientemente de la decisión del tribunal federal de apelaciones, Chin considera que aún no está muy claro si este caso podría llegar hasta el Tribunal Supremo.
'Hasta el momento, la SB1070 solamente es ley en Arizona, otros estados están 'hablando' de implementar leyes similares, pero hasta el momento todo ha quedado en palabras. Si ningún otro estado adopta leyes similares entonces difícilmente la Suprema Corte tomaría el caso', finalizó.
SB1070: Latinoamericanos piden opinar en apelación
México y otros 10 países de América Latina quieren que un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos analice sus puntos de vista en la apelación presentada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, contra la orden de un juez que suspendió partes de su dura ley estatal de inmigración.
Los países están pidiendo a la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos que les permita presentar escritos al recurso de apelación de la orden judicial presentada por la gobernadora, que se dio luego de que fuera interpuesta una demanda por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los 11 países afirmaron que su interés es garantizar relaciones confiables con Estados Unidos y que no quieren que se vean obstaculizadas por las leyes aprobadas en Arizona.
El gobierno de México es acompañado en su solicitud por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú.
Según sus simpatizantes, la nueva ley busca dotar a Arizona de las herramientas necesarias para enfrentar los grandes problemas de la inmigración sin papeles, pues alegan que el gobierno federal no lo ha enfrentado de manera adecuada.
