Una corte federal de apelaciones comenzó el lunes las audiencias sobre la petición de Arizona para aplicar su polémica ley migratoria.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito comenzó escuchando los argumentos de los abogados que representan a la gobernadora de Arizona Jan Brewer. La republicana está apelando el dictamen de una corte menor que suspendió partes de esa ley.
El tema central del lunes era el papel que las autoridades locales pueden tener para regular la inmigración, una materia que es de competencia federal.
Entre las cláusulas bloqueadas está la obligación de que la policía, al hacer valer otras leyes, pregunte el estatus migratorio de quienes sospeche estén en el país de manera ilegal.
Brewer asistió a la audiencia en San Francisco, la cual comenzó con un duro cuestionamiento hacia sus abogados por el dictamen de una apelación previa que rechazaba que el estado regulara la inmigración.
Brewer es candidata para reelegirse en las elecciones de este martes.
Cuando Brewer promulgó la ley el 23 de abril, causó furor a lo largo y ancho de Estados Unidos. Los simpatizantes de la medida pidieron leyes similares en sus estados, mientras que los detractores convocaron a un boicot económico contra Arizona.
El Congreso local aprobó la ley SB1070 luego de años de quejarse de que el gobierno federal no hacía lo suficiente para detener el flujo migratorio ilegal, cuyo principal puerto de entrada es precisamente Arizona.
Algunos argumentaron que la ley provocaría discriminación, mientras que el Departamento de Justicia, grupos defensores de los derechos civiles y otros detractores interpusieron demandas para derogarla.
Menos de un día antes de que la legislación entrara en vigor, la juez de distrito Susan Bolton bloqueó algunas cláusulas cruciales de la misma, como la de requerir que los migrantes carguen documentos que prueben que se encuentran legalmente en el país. Pero dejó otras vigentes, entre ellas la que prohibe obstruir el tránsito al buscar empleo en la calle.
Brewer apeló la decisión.
El Departamento de Justicia argumentó que el fallo debe ser ratificado porque la ley interfiere con el poder exclusivo del gobierno federal para regular la inmigración.
En su dictamen, Bolton dijo creer que las autoridades federales tendrían éxito en sus afirmaciones de que la ley federal tiene preeminencia sobre la estatal.
