La Fiscalía de Guatemala acusó ayer viernes a la excandidata a la Presidencia y ex primera dama del país, Sandra Torres, de negociar fondos para la campaña electoral de 2015 de forma irregular y sin reportar los gastos al Tribunal Supremo Electoral.
Durante la primera sesión de la audiencia de primera declaración, celebrada ante el Juzgado de Mayor Riesgo A que preside Claudette Domínguez, el Ministerio Público comenzó con la imputación de Torres, a quien acusa de los delitos de financiación electoral ilícita y asociación ilícita.
Sin dar declaraciones a los medios, Torres, que está recluida desde el pasado lunes en una cárcel que funciona en la Brigada Militar de Mariscal Zavala, llegó a los Tribunales vestida con una chaqueta azul y tapando las esposas con un chaleco mientras no se las retiraron.
Torres, de 63 años, se identificó ante la judicatura como una mujer 'soltera' nacida el 5 de octubre de 1955 en Melchor de Mencos, en el departamento norteño de Petén, que es licenciada en Ciencias de Comunicación y que 'nunca' ha estado sujeta a un proceso penal anteriormente.
La audiencia comenzó con la jueza retirando de la sala a la abogada da la Procuraduría General de la Nación al entender que en esta causa 'no existe agravio al Estado' y después los fiscales de este caso comenzaron con la imputación, asegurando que Torres 'integró y participó en una asociación de financiamiento electoral ilícito'.
Aprovechándose de su influencia y de su cargo, como secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la Fiscalía aseguró que Torres dirigió una estructura que operó en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango desde abril de 2015 hasta octubre de ese año para recaudar aportaciones 'de dinero y en especie' para el partido.
Torres, según la investigación, actuó de manera 'consciente' y 'deliberada' para no detallar esos gastos durante la campaña a la Presidencia que perdió frente al actual mandatario Jimmy Morales, del partido Frente de Convergencia Nacional, y para ello autorizó a otras personas a que buscaron esos fondos.
Entre ellas está su excandidato a vicepresidente y empresario Mario Leal, quien está en Estados Unidos pero tiene una orden de captura, el exsecretario privado de la Presidencia Gustavo Alejos, acusado en varios casos de corrupción, o la diputada Karina Paz, a quien la Fiscalía pidió desaforar para poder completar la investigación.
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Durante la audiencia, la Fiscalía reprodujo varias escuchas telefónicas a Alejos, entre las que había llamadas a Torres para hablar de varias cantidades de dinero y de helicópteros para viajes, y otras con diversas personas para recaudar fondos.
En la sala de audiencias se hicieron presentes la diputada del Parlamento Centroamericano Nadia De León Torres -hija de Sandra Torres- y la legisladora Karina Paz -con antejuicio por este caso-.
Según la investigación, en la que colaboró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Torres participó y tenía conocimiento de la financiación irregular de su partido en la campaña de 2015, donde no reportó 3,5 millones de dólares al Tribunal Supremo Electoral.
De ellos, unos 453,000 dólares provenían de sobornos del caso destapado en enero de 2018 'Traficante de Influencias', una estructura delictiva que captaba empresas para agilizar trámites de devolución fiscal a cambio de comisiones, y el resto son de financiación electoral anónima.
Las primeras pesquisas señalan que se utilizaron tres empresas, dos de ellas compañías cartón y otra propiedad del actual diputado de la UNE Julio César Ixcamey, como 'centros de recaudación' y administración de recursos externos al partido por medio de un manejo paralelo de las 'finanzas oficiales' para eludir 'el control sobre los fondos aportados'. Texto y foto de EFE.
