Menores migrantes que esperan en Matamoros su cita ante un Juez de Migración para pedir asilo en Estados Unidos, podrán cursar estudios en escuelas de esta frontera, informó César Noé Garza García, coordinador de la región 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El objetivo, dijo, es darles cabida en algunos planteles para que sigan su educación básica durante el tiempo que permanezcan en la ciudad.
'Estos niños migrantes tienen derecho a la educación y el estado no se las puede negar, así que tendrán un espacio para que continúen sus estudios', detalló.
Garza refirió que ya en otras ocasiones se les ha brindado esta oportunidad a migrantes que han llegado a la ciudad y se han quedado de forma permanente.
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Alejandro Villafañez Zamudio, secretario de Educación Municipal, dijo que hay incertidumbre sobre el tiempo que podrían permanecer estos niños en la ciudad, y la instrucción que sería adecuada para ellos.
'Son niños que no sabemos cuánto tiempo van a estar aquí, además de que vienen de otra cultura, donde no les servirían clases como historia o geografía. Lo que estamos planeando es habilitar un lugar donde puedan recibir materias universales como matemáticas', indicó.
La Secretaría de Educación en Tamaulipas no ha hecho un pronunciamiento sobre los espacios que podrían ocupar estos menores en las escuelas.
'No tenemos información de que puedan estar en clases este ciclo escolar', dijo María Elena Flores Montalvo, jefa del Centro Regional para el Desarrollo Educativo (CREDE) en Matamoros.
Nuevas trabajas a migrantes
Un grupo de estados estadounidenses demandó el viernes al gobierno de Donald Trump por su nueva reglamentación que busca negar la ciudadanía y la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas sociales.Los fiscales generales de California, Maine, Oregón, Pensilvania y el Distrito de Columbia presentaron la demanda en un tribunal federal en San Francisco indicando que la norma es inconstitucional y apunta de forma desproporcionada a inmigrantes no blancos.
'Es obvio lo que este gobierno está haciendo: es artero más allá de las palabras y California no será parte de eso', dijo el gobernador de ese estado, Gavin Newsom, en una conferencia de prensa en Sacramento.
La regla de la Casa Blanca anunciada el lunes, una redefinición de la ley de 'carga pública', afecta a los inmigrantes que reciben bonos para alimentos, atención médica pública y otras asistencias. Estos extranjeros, en su mayoría hispanos, ven ahora amenazadas sus esperanzas de conseguir la ciudadanía.
La demanda argumenta que la ley atenta contra personas marginadas, incluidos niños, ancianos y familias de bajos salarios.
'La regla fue motivada por un ánimo intencional basado en la raza y el origen contra individuos provenientes de lo que el presidente Trump ha denominado 'países de mierda'', afirma.
El nuevo criterio implica que 22 millones de residentes no ciudadanos de Estados Unidos que reciben subsidios no podrán obtener tarjetas de residencia o ciudadanía estadounidense.
Además, los migrantes no obtendrán visas de residencia si se los considera demasiado pobres y con tendencia a necesitar asistencia social.
'Para proteger los beneficios para los ciudadanos estadounidenses, los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes', dijo Trump en un comunicado de la Casa Blanca.
