Ciudad de México.
El acuerdo 'in extremis' entre México y Estados Unidos ha llevado a un refuerzo de los controles migratorios en la frontera con Guatemala con inspecciones de vehículos y una presencia más visible de las fuerzas de seguridad que, no obstante, no ha zanjado por completo el flujo de migrantes.
Tal y como constató Efe, es notorio el incremento de Policía Federal, militares, marinos y agentes del Instituto Nacional de Migración (Inami), quienes se han instalado en 11 municipios del sur de Chiapas.
Además, se han instalado al menos seis puestos de revisión en la zona costera de Chiapas, donde continúa la revisión de camiones, transporte público, federal y particular para evitar el flujo de migrantes ilegales.
Dichos retenes están prácticamente funcionando todo el día, pues empiezan a las 6 de la mañana y terminan sobre las 9 de la noche.
El refuerzo de elementos de seguridad es sustancial, y los controles más exhaustivo, y eso que todavía no han llevado los elementos de la Guardia Nacional.
Serán más de 6,000 elementos que el Gobierno mexicano prometió desplegar para frenar el flujo migratorio y así calmar el temperamental presidente de Estados Unidos, quien mantuvo en vilo a México toda la semana pasada con el anuncio de imponer aranceles este 10 de junio si no se frenaba la llegada de migrantes a Estados Unidos.
Este lunes, el canciller, Marcelo Ebrard, recordó que el despliegue ya estaba previsto por el Gobierno federal, pero ahora será 'más rápido'.
Pese al refuerzo de las fuerzas de seguridad en las últimas horas, persiste el flujo de migrantes.
La mayoría de ellos se trasladan con sus familias, llevan consigo de uno a tres niños, muchos de ellos menores a 15 años, lo que dificulta el viaje y pone en riesgo más vidas.
Además, muchos adolescentes no viajan siempre con sus familias, y escapan de la violencia en sus países de origen.
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La mayoría es de Centroamérica, especialmente de Honduras y El Salvador, y a lo largo del camino enfrenta innumerables peligros y abuso de autoridades.
'La policía de Guatemala los bajó y los deportaron y nos dijeron que juntáramos 800 quetzales (101,4 dólares), o no nos iban a dejar ir. Nos estaban sobornando y como pudimos lo conseguimos. Éramos como 100, venían madres, niños. Todos dimos 10 quetzales (1,3 dólares)', contó a Efe Alexis Omar, originario de San Pedro Sula, Honduras.
En la frontera se habla esos días de que el despliegue de fuerzas de seguridad ha llevado a muchos migrantes a retomar viejas prácticas, y así buscan entrar ilegalmente al país mediante traficantes o polleros, viajan hacinados en camiones o buscan nuevas rutas por lugares que serían mucho más difíciles y por ende peligrosos, en este selvático estado.
