Ciudad de Guatemala.
La Justicia guatemalteca, en la que persistente graves e injustificados retrocesos procesales, y los diversos sectores de la sociedad tienen que actuar antes de que se afiance la corrupción, una lacra contra la que emprendieron una lucha que sentó precedentes mundiales en 2015.
Esta es una de las principales conclusiones de un foro celebrado hoy en Ciudad de Guatemala para discutir el informe 'Carrera contra el tiempo', elaborado por Human Rights Watch (HRW) y en el que se analizan las extensas dilaciones en los procedimientos penales, con 'nefastas' demoras agravadas por la lentitud con la que el poder Judicial emite sus resoluciones.
El director ejecutivo adjunto para las Américas de HRW, Daniel Wilkinson, dijo que es importante actuar antes de que se venza el periodo de la fiscal -mayo 2018- y el de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ( Cicig) -2019-, porque si se logran demorar los procesos emprendidos hay un gran 'riesgo' de que todos 'fracasen'.
'Si esto ocurre va a ser una oportunidad perdida, va a ser una gran tragedia para el país. Lo que va a pasar es que las fuerzas de corrupción e impunidad se van a afianzar', agregó, y pidió más atención para este tema que causa 'gran preocupación' y en el que las entidades de Justicia -la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad- deben tomar cartas en el asunto.
Respecto a las acciones que los abogados adoptan para retrasar los procesos de forma 'descarada', el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos ( PDH), Jordán Rodas, lamentó que el amparo, una figura 'tan relevante en el sistema', se 'haya desvirtuado y se haya llegado a prostituir' para convertirlo en un elemento 'de freno para una Justicia pronta y cumplida'.
Rodas reconoció las 'falencias' que aún persisten en el sistema de Justicia, pero alabó que durante los últimos años se juzgaran personas importantes, como militares o políticos, y achacó a estos procesos la 'resistencia' exhibida contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ( Cicig).
Precisamente el titular de este ente, el abogado colombiano Iván Velásquez, agradeció el documento e hizo un llamamiento para que se contribuya con el proceso nacional de lucha contra la corrupción, aunque reconoció que entre la población se ha asentado un cierto 'desánimo' por la falta de juicios y sentencias.
'No hay consecuencias definitivas. No hay sentencias, solo algunas aisladas (...). Es ese desánimo que se va generando en la población', que piensa que 'aquí no pasa nada' y que solo hay unos presos, que denuncian que se han vulnerado sus derechos con varios años en prisión preventiva, denunció Velásquez, quien pidió también revisar esta medida, que no puede actuar como pena.
'Es entonces cuando empieza esa situación de desconcierto, de desánimo, que logra volver a traer la tranquilidad y la estabilidad', resume sobre un proceso de 'ruptura' que se acabó 'suavizando' por estas demoras.
Pero Wilkinson dijo que aún hay razones 'para la esperanza' porque es un momento 'perfecto' para seguir la lucha contra la impunidad y la corrupción si se toman en serio estos 'obstáculos tan serios', y recordó como la población, en toda su diversidad, apoyó este combate.
'Corrupción e impunidad siempre ha habido en Guatemala (...). El trabajo de Cicig también ha sido cambiar la mentalidad, el mismo pueblo ha ido cambiando (...). La idea de procesar a corruptos no es utópico, se puede hacer, y cuando no lo hacen hay una indignación. Ojalá esto sirva para generar también presión', proclamó.
La Justicia guatemalteca, en la que persistente graves e injustificados retrocesos procesales, y los diversos sectores de la sociedad tienen que actuar antes de que se afiance la corrupción, una lacra contra la que emprendieron una lucha que sentó precedentes mundiales en 2015.
Esta es una de las principales conclusiones de un foro celebrado hoy en Ciudad de Guatemala para discutir el informe 'Carrera contra el tiempo', elaborado por Human Rights Watch (HRW) y en el que se analizan las extensas dilaciones en los procedimientos penales, con 'nefastas' demoras agravadas por la lentitud con la que el poder Judicial emite sus resoluciones.
El director ejecutivo adjunto para las Américas de HRW, Daniel Wilkinson, dijo que es importante actuar antes de que se venza el periodo de la fiscal -mayo 2018- y el de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ( Cicig) -2019-, porque si se logran demorar los procesos emprendidos hay un gran 'riesgo' de que todos 'fracasen'.
'Si esto ocurre va a ser una oportunidad perdida, va a ser una gran tragedia para el país. Lo que va a pasar es que las fuerzas de corrupción e impunidad se van a afianzar', agregó, y pidió más atención para este tema que causa 'gran preocupación' y en el que las entidades de Justicia -la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad- deben tomar cartas en el asunto.
Respecto a las acciones que los abogados adoptan para retrasar los procesos de forma 'descarada', el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos ( PDH), Jordán Rodas, lamentó que el amparo, una figura 'tan relevante en el sistema', se 'haya desvirtuado y se haya llegado a prostituir' para convertirlo en un elemento 'de freno para una Justicia pronta y cumplida'.
Rodas reconoció las 'falencias' que aún persisten en el sistema de Justicia, pero alabó que durante los últimos años se juzgaran personas importantes, como militares o políticos, y achacó a estos procesos la 'resistencia' exhibida contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ( Cicig).
Precisamente el titular de este ente, el abogado colombiano Iván Velásquez, agradeció el documento e hizo un llamamiento para que se contribuya con el proceso nacional de lucha contra la corrupción, aunque reconoció que entre la población se ha asentado un cierto 'desánimo' por la falta de juicios y sentencias.
'No hay consecuencias definitivas. No hay sentencias, solo algunas aisladas (...). Es ese desánimo que se va generando en la población', que piensa que 'aquí no pasa nada' y que solo hay unos presos, que denuncian que se han vulnerado sus derechos con varios años en prisión preventiva, denunció Velásquez, quien pidió también revisar esta medida, que no puede actuar como pena.
'Es entonces cuando empieza esa situación de desconcierto, de desánimo, que logra volver a traer la tranquilidad y la estabilidad', resume sobre un proceso de 'ruptura' que se acabó 'suavizando' por estas demoras.
Pero Wilkinson dijo que aún hay razones 'para la esperanza' porque es un momento 'perfecto' para seguir la lucha contra la impunidad y la corrupción si se toman en serio estos 'obstáculos tan serios', y recordó como la población, en toda su diversidad, apoyó este combate.
'Corrupción e impunidad siempre ha habido en Guatemala (...). El trabajo de Cicig también ha sido cambiar la mentalidad, el mismo pueblo ha ido cambiando (...). La idea de procesar a corruptos no es utópico, se puede hacer, y cuando no lo hacen hay una indignación. Ojalá esto sirva para generar también presión', proclamó.
