Washington, Estados Unidos.
La administración de Donald Trump anunciará el próximo 10 de noviembre su decisión sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de Honduras y Nicaragua que viven en territorio estadounidense y cuyo permiso expira el 5 de enero.
El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Dave Lapan, explicó que Washington está en diálogo con los Ejecutivos de los países centroamericanos y también está evaluando las condiciones sobre el terreno.
En concreto, en el caso de Honduras y Nicaragua, EUA estudia cómo ha mejorado o empeorado la situación tras el paso del devastador huracán Mitch, que hizo que el expresidente Bill Clinton (1993-2001) aprobara un amparo para los ciudadanos de esos países.
“Tengamos en cuenta el hecho de que el TPS es temporal, otros Gobiernos han creado la situación en la que la gente ha prolongado su estancia en Estados Unidos durante años; pero la realidad es que debería haberse hecho con la idea de que era algo temporal”, defendió Lapan.
Buena parte de los beneficiarios del TPS han estado viviendo en Estados Unidos durante más de dos décadas, han tenido hijos en este país y han abierto negocios, por lo que las organizaciones defensoras de los inmigrantes consideran que sería “cruel” expulsarlos a sus países de origen.
Presión
Un grupo de senadores demócratas, en alianza con organizaciones proinmigrantes, enviaron ayer una carta a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Estado pidiendo que no eliminen el programa y que extiendan una prórroga.
La misiva, firmada por 22 senadores, indica que los inmigrantes hondureños, nicaragüenses y salvadoreños amparados bajo el TPS tienen una participación en la fuerza laboral entre el 81 y el 85%. Los demócratas sugirieron al Gobierno que estos trabajadores pueden resultar de “gran ayuda” en las labores de reconstrucción tras el paso de los huracanes Harvey e Irma en Texas y Florida,
El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si EUA decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a sus países de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y serían deportados.
La administración de Donald Trump anunciará el próximo 10 de noviembre su decisión sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de Honduras y Nicaragua que viven en territorio estadounidense y cuyo permiso expira el 5 de enero.
El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Dave Lapan, explicó que Washington está en diálogo con los Ejecutivos de los países centroamericanos y también está evaluando las condiciones sobre el terreno.
En concreto, en el caso de Honduras y Nicaragua, EUA estudia cómo ha mejorado o empeorado la situación tras el paso del devastador huracán Mitch, que hizo que el expresidente Bill Clinton (1993-2001) aprobara un amparo para los ciudadanos de esos países.
“Tengamos en cuenta el hecho de que el TPS es temporal, otros Gobiernos han creado la situación en la que la gente ha prolongado su estancia en Estados Unidos durante años; pero la realidad es que debería haberse hecho con la idea de que era algo temporal”, defendió Lapan.
Buena parte de los beneficiarios del TPS han estado viviendo en Estados Unidos durante más de dos décadas, han tenido hijos en este país y han abierto negocios, por lo que las organizaciones defensoras de los inmigrantes consideran que sería “cruel” expulsarlos a sus países de origen.
Presión
Un grupo de senadores demócratas, en alianza con organizaciones proinmigrantes, enviaron ayer una carta a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Estado pidiendo que no eliminen el programa y que extiendan una prórroga.
La misiva, firmada por 22 senadores, indica que los inmigrantes hondureños, nicaragüenses y salvadoreños amparados bajo el TPS tienen una participación en la fuerza laboral entre el 81 y el 85%. Los demócratas sugirieron al Gobierno que estos trabajadores pueden resultar de “gran ayuda” en las labores de reconstrucción tras el paso de los huracanes Harvey e Irma en Texas y Florida,
El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si EUA decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a sus países de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y serían deportados.
