Brasilia.
La acusación por corrupción contra el presidente brasileño Michel Temer llegó ayer a la Cámara de Diputados, que deberá decidir si la remite a la corte suprema o la archiva.
“La Cámara de Diputados recibió esta mañana la denuncia de corrupción pasiva contra el presidente de la República Michel Temer. Es la primera vez que un presidente de la República en ejercicio de su cargo es acusado de un delito común”, señaló el cuerpo legislativo en un comunicado.
El episodio, que se produce apenas trece meses después de la caída de la presidenta izquierdista Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas, volvió a poner al descubierto una despiadada guerra de poderes.
Temer acusó al fiscal general Rodrigo Janot, autor de la denuncia, de actuar con intenciones políticas, un argumento compartido por buena parte del Congreso, bajo el foco de la Operación Lava Jato que reveló multimillonarios desvíos de Petrobras hacia los partidos.
Ahora corresponde a la Cámara determinar si el Supremo Tribunal Federal (STF) puede abrir un proceso contra el mandatario conservador, siguiendo el procedimiento determinado por la Constitución. Pero ello solo ocurrirá si el pedido de juicio es aprobado por al menos 342 diputados (dos tercios de los 513 escaños).
El oficialismo cuenta con una holgada mayoría y aspira a bloquear el proceso. Para ello solo necesitaría que 172 diputados voten en contra de la propuesta, se abstengan o se ausenten el día de la votación.
“Conseguir 172 votos no es el fin del mundo”, dijo un asesor del Palacio de Planalto.
La acusación por corrupción contra el presidente brasileño Michel Temer llegó ayer a la Cámara de Diputados, que deberá decidir si la remite a la corte suprema o la archiva.
“La Cámara de Diputados recibió esta mañana la denuncia de corrupción pasiva contra el presidente de la República Michel Temer. Es la primera vez que un presidente de la República en ejercicio de su cargo es acusado de un delito común”, señaló el cuerpo legislativo en un comunicado.
El episodio, que se produce apenas trece meses después de la caída de la presidenta izquierdista Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas, volvió a poner al descubierto una despiadada guerra de poderes.
Temer acusó al fiscal general Rodrigo Janot, autor de la denuncia, de actuar con intenciones políticas, un argumento compartido por buena parte del Congreso, bajo el foco de la Operación Lava Jato que reveló multimillonarios desvíos de Petrobras hacia los partidos.
Ahora corresponde a la Cámara determinar si el Supremo Tribunal Federal (STF) puede abrir un proceso contra el mandatario conservador, siguiendo el procedimiento determinado por la Constitución. Pero ello solo ocurrirá si el pedido de juicio es aprobado por al menos 342 diputados (dos tercios de los 513 escaños).
El oficialismo cuenta con una holgada mayoría y aspira a bloquear el proceso. Para ello solo necesitaría que 172 diputados voten en contra de la propuesta, se abstengan o se ausenten el día de la votación.
“Conseguir 172 votos no es el fin del mundo”, dijo un asesor del Palacio de Planalto.
