Washington, Estados Unidos
Tras haber cosechado en febrero y marzo duras derrotas judiciales por su decreto migratorio, cuyas dos versiones fueron bloqueadas por los tribunales, Donald Trump apuesta este lunes a lograr su revancha en el juicio de apelación.
Según el complejo sistema jurisdiccional estadounidense, es en Richmond, capital de Virginia, a partir de las 14:30 locales (18:30 GMT), que será analizado este caso que opone al gobierno y a asociaciones civiles para las cuales el decreto trata de manera discriminatoria a los musulmanes.
Debido a la importancia y sensibilidad del caso, la corte federal sesionará directamente en formación plenaria, con el conjunto de sus jueces activos, algo nunca visto en un cuarto de siglo.
Los altos magistrados suman 15, pero uno o dos podrían recusarse en razón de un posible conflicto de intereses. La lista final será comunicada la mañana de este lunes.
Para Trump y los abogados del departamento de Justicia se trata de convencer a los jueces de que las restricciones al ingreso de extranjeros a Estados Unidos es una potestad con la que cuenta la autoridad presidencial.
También deben convencerlos de que este decreto es 'vital' para la seguridad nacional, un argumento que se debilita cada vez más a medida que pasan los días sin atentados yihadistas en suelo estadounidense.
La segunda versión del decreto cerraba temporalmente las puertas del país a los refugiados del mundo entero y a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, en vez de los siete de la versión precedente.
Esta medida es la más controvertida de la administración Trump, que afirma, sin prueba alguna, que la inmigración agrava la criminalidad en Estados Unidos
Trump: justicia 'politizada'
Un vasto frente se ha levantado contra este decreto, en primera línea del cual figuran los estados gobernados por el Partido Demócrata, sobre todo los de la costa oeste, donde el presidente es particularmente impopular.
Entre los detractores de la medida de la Casa Blanca revistan también asociaciones humanitarias, militantes sociales, agrupaciones estudiantiles y grupos económicos activos en las nuevas tecnologías, que emplean a numerosos extranjeros.
A fines de enero, la primera versión del decreto había provocado fuertes reacciones en el mundo y un verdadero caos en los aeropuertos estadounidenses.
Su aplicación fue suspendida el 3 de febrero por un juez federal de Seattle, en el estado de Washington.
La segunda versión, que sus redactores consideraban inatacable en el plano jurídico, fue bloqueada por un juez de Hawái y otro del estado de Maryland, en el este del país.
En cada una de esas ocasiones, Trump denunció la 'politización' de la justicia y dijo que continuaría su combate incluso hasta la Corte Suprema, para la cual designó recientemente a un juez conservador.
