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Demandan reformas a Ley de Clasificación de Documentos

Diputados opositores creen que la normativa echa por la borda avances en transparencia.

La información relacionada con acciones de seguridad y defensa será catalogada como secreta. La ley embarga la información hasta por 25 años.
La información relacionada con acciones de seguridad y defensa será catalogada como secreta. La ley embarga la información hasta por 25 años.

Tegucigalpa. La inesperada publicación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, que cataloga como secreta la información que emane de Seguridad y Defensa, ya generó una ola de reacciones en el Congreso Nacional.

Sectores de oposición en el Poder Legislativo anunciaron que pedirán reformas en la ley por considerar que violenta la transparencia.

Luis Redondo, parlamentario del Partido Anticorrupción, expresó que ese grupo político “se ha declarado en alerta desde el momento en que la citada ley ha salido publicada sin que se le hayan hecho las reformas prometidas y, en ese sentido, vamos a pedir que se hagan las reformas correspondientes”.

La Ley para la Clasificación de los Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad Nacional fue publicada el 7 de marzo en el diario La Gaceta, pese a que el Legislativo prometió mantenerla en suspenso hasta que se le hicieran ciertos cambios a fin de que no chocara con normas relacionadas con la transparencia.

Esta ley se aprobó primero con el nombre de Ley de Secretos Oficiales a inicios de enero, pero fue suspendida por la andanada de críticas de varios sectores que apuntaron que esta violaba convenios de derechos humanos y de combate contra la corrupción.

La norma no fue discutida y finalmente se aprobó el 24 de enero con el nombre de Ley para la Clasificación de los Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad Nacional y conserva mecanismos para que el Estado blinde documentos que a su juicio puedan generar “efectos institucionales no deseados” o causen daños a la seguridad del país.

Redondo manifestó que la bancada del PAC se ha declarado en alerta y al igual que otros sectores pedirá la revisión de este decreto, cuya intencionalidad es ocultar información para proteger grupos o actos de corrupción. “Yo estoy de acuerdo con que haya protección a la información cuando esté de por medio la vida de una persona, pero no estamos acuerdo con que bajo esa legislación se puedan argumentar cosas como para que no se destape toda la podredumbre del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por ejemplo”.

Blindaje

Según la nueva ley, existen cuatro categorías de información que serán objeto de clasificación o secretividad: reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es el ente autorizado para declarar la secretividad de la información y esta solo podrá ser desclasificada por petición del Ministerio Público cuando se justifique que se requiere acceso a esos documentos para realizar investigaciones.

La información reservada se podrá declarar en caso de que esta pueda producir “efectos institucionales no deseados” en cualquier tema, no solo relacionado con seguridad. La declaración de reserva desaparecerá luego de cinco años.

Mientras, la información confidencial se decretará cuando la misma potencialmente “dañe o perjudique” la seguridad nacional y permanecerá en opacidad durante 10 años.

Por su lado, la declaración de información secreta se aplicará en casos en que el material “eventualmente cause daños internos y externos a la seguridad”. La duración de la secretividad será de 15 años.

Finalmente, el nivel de ultrasecreto será para los documentos que posiblemente causen un “daño interno y externo excepcionalmente grave” a la seguridad del país. Los documentos ultrasecretos estarán bajo privacidad durante 25 años.

Dispuestos a revisar la ley

La vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, expresó que la Ley de Clasificación de Documentos no es improvisada; tuvo mucho estudio del Consejo de Defensa y Seguridad y fue aprobada por una mayoría en la legislatura anterior.

Destacó que el Congreso está abierto a cualquier revisión. El presidente de este poder del Estado ha sido claro en cuanto a que hay disposición de revisar los temas necesarios, pero sin que se pierda el norte de esta legislación, el cual consiste en que el Consejo de Seguridad clasifique la información en aspectos relacionados con defensa y seguridad nacional.

El diputado Jari Dixon, del partido Libertad y Refundación, declaró que esta ley debilita al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ya que le cercena varias de sus atribuciones y por lo tanto exigirá que sea modificada.

El IAIP, según la Ley de Transparencia, puede declarar secreta o pública la información relacionada con el manejo del erario, pero ahora la Ley de Clasificación de Documentos establece que el Consejo también tiene esa atribución.

Lo que no deja claro la Ley de Clasificación de Documentos es qué sucederá cuando el Consejo de Defensa y Seguridad declare secreta una información y el IAIP diga lo contrario.

Josué Murillo, representante de la Alianza por la Paz y la Justicia, calificó como “inmoral” y un hecho “ambivalente” que primero el Gobierno firme un pacto con Transparencia Internacional para combatir la corrupción y después publique una ley “que habíamos detenido nosotros la sociedad civil junto con el IAIP y otros sectores”.