Gobierno de Honduras pide a Guatemala investigar enfrentamiento entre Policía y caravana

La Policía Nacional Civil de Guatemala utilizó ayer palos y gas lacrimógeno para dispersar a los migrantes hondureños que trataban de continuar su viaje hacia Estados Unidos.

Migrantes hondureños, parte de una caravana que se dirige a los Estados Unidos, chocan con las fuerzas de seguridad guatemaltecas en Vado Hondo. Foto AFP
Migrantes hondureños, parte de una caravana que se dirige a los Estados Unidos, chocan con las fuerzas de seguridad guatemaltecas en Vado Hondo. Foto AFP

Tegucigalpa, Honduras.

El Estado de Honduras se pronunció mediante un comunicado horas después de registrarse un enfrentamiento entre la caravana migrante y miembros de la Policía guatemalteca en su ruta hacia los Estados Unidos.

El Gobierno hondureño exteriorizó su preocupación frente a los lamentables hechos sucedidos en Guatemala, al tiempo que reconoció que migrar es un derecho humano.

Fue precisamente ayer domingo que Guatemala frenó a bastonazos y gas lacrimógeno el paso de miles de migrantes hondureños que buscan llegar a Estados Unidos a pie, cumpliendo una orden del Gobierno de evitar la propagación del covid-19 ya detectado en una veintena de integrantes de la caravana.

Los migrantes fueron repelidos con gases y aporreados con palos por militares en una carretera del poblado de Vado Hondo, en el departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras, país que protestó por la violencia usada contra sus ciudadanos.

El Estado de Honduras exhortó al Estado de Guatemala a investigar y esclarecer las acciones realizadas por los cuerpos de seguridad guatemaltecos y reiteró que "solo unidos como región se deben continuar los trabajos para enfrentar la migración irregular, propiciada por las condiciones sociales que atraviesan nuestros países y que lamentablemente es aprovechada por el crimen organizado que se dedica al tráfico de personas".

Relacionada: Policía de Guatemala hace retroceder a caravana migrante con gas lacrimógeno

El Estado pidió nuevamente a los hondureños a no exponerse a los peligros que implica la ruta migratoria hacia los Estados Unidos de forma irregular.

"Los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas establecen que en la ejecución de la expulsión o deportación de un migrante desde su territorio, el Estado velará por la observancia de los derechos de los migrantes garantizados por el derecho nacional, regional e internacional, y en particular de protección internacional, principios que deben primar en cualquier situación que involucre a personas, ejerciendo su derecho a migrar y en ese sentido evitar que se coloque en menos cabo la vida humana", detalló Honduras en su comunicado oficial a través de la Cancillería.

PARAMEDICO.6(1024x768)
UnA migrante hondureñA que sufrió una insolación es trasladadA por bomberos voluntarios en Vado Hondo, Guatemala. Foto AFP

Guatemala ya había reclamado a Honduras no haber contenido la caravana que irrumpió de manera desordenada en la frontera entre viernes y sábado.

Desde la noche del sábado, cerca de 6,000 migrantes de 9,000 que se estima entraron a Guatemala, están varados en Vado Hondo, un punto estratégico a menos de 50 km de la frontera, pues es difícil continuar el rumbo por otro lado ante la accidentada geografía del lugar.

Los migrantes, entre ellos familias completas con niños, aguantan la intemperie con la esperanza de continuar la travesía y elevan plegarias, pese a que Guatemala desplegó a 5.000 militares en todo el trayecto hasta México.

El cerco de Giammattei y el covid-19

La orden de los uniformados es evitar el paso ante el riesgo de contagios de covid-19, según un decreto del presidente Alejandro Giammattei, que restringe derechos para contener la caravana en la que ya se reportan casos positivos del virus.

Julia Barrera, vocera del Ministerio de Salud, informó que hasta el momento 21 personas del grupo que pasaron por puestos de control sanitarios fueron detectados con el nuevo coronavirus, por lo que deberán guardar cuarentena en Guatemala previo regreso a su país.

Además: “Dreamers y tepesianos” a un paso de la residencia en EEUU

Por su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente autónomo de la OEA, al igual que activistas locales, manifestó su "preocupación" por la contención violenta de la caravana e instó a Guatemala a "garantizar el principio de adecuación y progresividad de la fuerza en acciones y controles migratorios".

Los migrantes hondureños aseguran que buscan escapar de la violencia, la pobreza, el desempleo y la falta de educación y salud, agravados también por la pandemia.

La caravana además está alentada por la esperanza de una posible flexibilización de las políticas migratorias en Estados Unidos, cuando el presidente electo, Joe Biden, asuma el próximo 20 de enero, pero el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Mark A. Morgan, les ha advertido de "un viaje mortal". "No pierdan su tiempo y dinero y no arriesguen su seguridad y salud".

Pandillas "infiltradas"

Los migrantes que quieran pasar por Guatemala deben salir y volver a entrar al país de manera legal, presentando documentos y una prueba negativa de coronavirus, dijo el director general de Migración, Guillermo Díaz.

Al menos 1,568 personas que salieron en la caravana han vuelto a la frontera, entre ellas 208 menores, un proceso apoyado por México que envió autobuses.

Díaz advirtió que en la caravana marchan "infiltrados elementos de maras de Honduras y de crimen organizado". Si esta caravana logra recorrer 450 o 664 km por Guatemala, según el trayecto que elijan, intentará entrar por el paso fronterizo de Tecún Umán (suroeste) a México, que ya blindó su frontera.

La mayoría del grupo partió la madrugada del viernes desde la estación de buses de la hondureña San Pedro Sula. Desde ese lugar más de una docena de caravanas, algunas con miles de migrantes, han salido rumbo a Estados Unidos desde octubre de 2018, pero la mayoría ha fracasado por la intensificación de los controles.



La Prensa