Temen que aeropuertos se traspasen sin licitar

Palmerola International Airport planteó al Gobierno “un arreglo directo” para resarcirle las pérdidas en la caída de pasajeros por la pandemia. Empresarios cuestionan solicitud.

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TEGUCIGALPA.

Bajo el argumento de la caída del flujo de pasajeros aéreos como resultado de la pandemia del covid-19, la concesionaria Palmerola Internacional Airport (PIA) planteó al Gobierno una controversial reforma al contrato de concesión de ese aeropuerto que permita compensar los ingresos que se supone dejará de percibir por dicha circunstancia, en el orden de los $51.3 millones, equivalentes a L1,282 millones.

En una nota dirigida al titular de la Superintendencia de Alianza Público Privada (Sapp), Leo Castellón, el presidente de PIA, Lenir Pérez, urgió la modificación del capítulo XVI del contrato mediante la figura de “arreglo directo” para resarcir el supuesto impacto que tendrá en el proyecto la reducción del tráfico de pasajeros en los próximos 12 años.

$51 millones no los pagará el Estado
El director de la División de Aeropuertos de Grupo EMCO-Munich, Peter Fleming, negó que el Estado cubrirá los $51 millones que requiere el aeropuerto de Palmerola para concluir construcción de la obra.
“Bajo ningún motivo habrá erogaciones por parte del Estado para cubrir esos 51 millones (dólares), es al contrario; si encontramos ese escenario, tenemos que buscar con tiempo las alternativas necesarias para minimizar el impacto”, dijo el ejecutivo.

PIA aduce que “la pandemia implicará al aeropuerto de Palmerola una reducción de 1,149,000 pasajeros en los primeros 12 años de operación, lo que implica una reducción del 29% de los esperados según el modelo financiero vigente”.

Asimismo, aduce que el proyecto se encuentra en una situación que requiere una atención “primordial” por parte del Gobierno, producto de la incertidumbre de la industria, que afectará la fecha de inicio de explotación, como la operación de Toncontín.

Cuestionamientos

La petición de PIA generó fuertes cuestionamientos, puesto que se da en un momento en que el Gobierno se apresta a definir la nueva concesión de los aeropuertos Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, Juan Manuel Gálvez de Roatán y Golosón de La Ceiba, cuyo contrato de explotación expira en septiembre de 2020. El pasado 5 de diciembre, el Congreso Nacional aprobó vía decreto y sin licitación pública el traspaso del aeródromo de Toncontín a PIA, por lo que varios empresarios temen que bajo ese argumento el Estado haga lo mismo con los demás aeropuertos.

A pesar de que el término de la concesión está por expirar, el Gobierno no ha convocado a licitación para renovar la del Villeda Morales, Golosón y Juan Manuel Gálvez. Eduardo Facussé, empresario y expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), consideró que el planteamiento de PIA es una “aberración” y no se justifica en este momento.

Datos
- 28 años no pagará canon el concesionario del aeropuerto de Palmerola al Estado de Honduras.
- 122 millones de dólares es la aportación que ha hecho el Gobierno al proyecto de Palmerola.

“Estar pidiendo $51.3 millones es una aberración en este tiempo para algo que, si es que fuera empresa privada, el riesgo lo corren ellos, a menos que haya otro tipo de personas involucradas y estos solo son prestanombres”, criticó. Expresó que el Gobierno ya ha anticipado al proyecto de Palmerola dos terceras partes de la inversión, una de ellas en mayo pasado por $46.2 millones, para un total de $122.3 millones.

Dijo que con esta petición, PIA lo que busca es que le adjudiquen sin licitación los restantes aeropuertos.

Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), expresó su desacuerdo y dijo que no es correcto que se incluyan en el contrato cláusulas que otorgan una serie de beneficios para forzar que la operación sea rentable, en detrimento de las finanzas públicas y el pueblo hondureño.

Señaló que tampoco esa no debe ser una excusa para asignar de dedo el aeropuerto Villeda Morales, el cual debe ser administrado bajo un nuevo modelo que beneficie a la población de la zona norte.

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Palmerola pide más beneficios porque aduce que en 12 años perderá 1.1 millones de pasajeros.
La Prensa