Seis años de cárcel a quienes propaguen intencionalmente el coronavirus

Esta semana desarrollarán una prueba piloto de apertura de salas de belleza, barberías, y las iglesias católica y evangélica en el Distrito Central, anuncia el Gobierno.

Autoridades gubernamentales anunciaron ayer en conferencia prensa avances importantes para la reactivación de la economía.
Autoridades gubernamentales anunciaron ayer en conferencia prensa avances importantes para la reactivación de la economía.

SAN PEDRO SULA.

El Ministerio Público, con investigaciones realizadas por la recién creada Unidad de Control de Riesgo Sanitario y Bioseguridad (UCRSB), acusará penalmente a las personas que deliberadamente contagien a otras con COVID-19 y a las empresas que infrinjan las medidas de bioseguridad aprobadas para evitar la propagación del coronavirus.

Las autoridades de la entidad acusadora invocará los artículos 180 y 186 del Código Penal al entablar proceso judicial contra las personas sospechosos de propagar la nueva pandemia antes, durante y después de la apertura de la economía.

Según el artículo 180, “a quien dolosamente propagare una enfermedad peligrosa o causare una epidemia mediante la difusión de gérmenes patógenos, se impondrá una reclusión de tres años a seis años”.

Mientras el artículo 186 establece que “será penado con reclusión de seis meses a dos años quien infrinja las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria a fin de impedir la introducción o propagación de una epidemia, o de una epizootia susceptible a afectar a los seres humanos”.

Nueva unidad

En una conferencia de prensa celebró ayer en Casa Presidencial, la cual estuvo coordinada por el mandatario Juan Orlando Hernández, el secretario de Seguridad, Julián Pacheco, anunció la creación de la Unidad de Control de Riesgo Sanitario y Bioseguridad que vigilará el cumplimiento de los protocolos que el Gobierno está creando y poniendo en ejecución en la medida que abre la economía.

En la conferencia, Pacheco explicó que “no solamente es construir, escribir un protocolo y decir que se tiene, sino que el Estado tiene que verificar que se esté cumpliendo y verdaderamente se esté aplicando, a raíz de eso nace la inquietud de crear una unidad especial, junto con el ministro Madero y el Ministerio de Salud (…). La Policía se ha visto en la obligación de contratar especialistas de investigación porque también lo de la pandemia nos lleva a temas más especializados”.

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“Si bien es cierto que tendremos una apertura inteligente, los médicos nos dirán cuándo tendremos que cerrar”:Carlos Madero, secretario del Trabajo.

Al presentar la estructura operativa y las tareas que realizará la UCRSB, el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rommel Martínez, planteó que “esta unidad se indexa a la orgánica de DPI precisamente para aprovechar la capacidad que ya está instalada en los laboratorios de policía científica y que ya andan por el orden de casi tres años”.

“Como parte de la comisión interinstitucional para la gestión inteligente de la pandemia y también para aportar la información necesaria a efecto de hacer una apertura inteligente, esta unidad se deriva desde la dirección de la DPI con un jefe de unidad que es prácticamente el mando estratégico que va a tener esta unidad”, dijo.

La nueva unidad
La Unidad de Control de Riesgo Sanitario y Bioseguridad (UCRSB), según anunciaron ayer las autoridades, está compuesta por 15 personas de diferentes profesiones.
3 oficiales de policía (criminólogos, ingeniero industrial y bióloga)
2 perfiladores criminales
2 médicos clínicos
1 analista
2 médicos epidemiólogos
1 doctor en Microbiología
1 ingeniero químico
1 ingeniero industrial
2 investigadores

En el primer nivel de la estructura, la Unidad de Control de Riesgo Sanitario y Bioseguridad, que contará con un equipo de 15 personas, estará compuesta por el departamento de operaciones y departamento logístico de los cuales dependen tres secciones: seguimiento a contagio, cumplimiento, vigilancia y sanitización.

Específicamente, la sección de cumplimiento, según el comisionado Martínez, “tiene por supuesto un anclaje férreo con el Ministerio del Trabajo tomando en cuenta que la comisión interinstitucional es presidida por la Secretaría del Trabajo; pero también existe la posibilidad de que se articule con el Ministerio Público cuando las desatenciones de las empresas constituyan un riesgo catalogado como conducta delictiva en tanto se violente el contenido del artículo 180, artículo 186 del Código Penal”.

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Destacaron la creación de la Unidad de Control de Riesgo Sanitario y Bioseguridad (UCRSB) y la instalación de 20 mesas que decidirán la apertura inteligente. Informaron que esta semana las salas de belleza y barberías abrirán en una nueva prueba piloto en el Distrito Central.

“Quiere decir que de esta sección va a ver dos productos posibles: un informe de hallazgos hacia el Ministerio del Trabajo para que aplique las sanciones administrativas correspondientes o en su defecto un informe dirigido al Ministerio Público para que proceda a la judicialización en caso de ser pertinente”, explicó quien ayer en la conferencia estuvo acompañado por el comisario Omar Reyes, jefe de la división de criminalística, quien tiene bajo su cargo los dos laboratorios de policía científica, y Claudia Coca, jefa del laboratorio de química, Ariel Ramos, microbiólogo, Enma Ríos, epidemióloga, y otros profesionales.

El presidente Hernández expresó en la conferencia que “este es un ejemplo de la capacidad de reacción del Estado para poder estar a tono con esa nueva realidad que tenemos que vivir”, y recordó que sin la responsabilidad de los ciudadanos “en nada estamos”. “Usted es el responsable de la salud suya, de su familia, de sus colegas trabajadores”.

La creación de la Unidad de Control de Riesgo Sanitario y Bioseguridad es un paso clave que el Gobierno ha dado para reactivar en los próximos días la economía mediante un proceso gradual considerando la cantidad de casos y las características demográficas en cada región.

Más pruebas

Durante la conferencia, Carlos Madero, secretario del Trabajo, anunció que el Gobierno y el sector privado han estado creando en los últimos días 40 protocolos de bioseguridad que deberán adoptar las empresas de todo el país cuando entren en el proceso de apertura inteligente.

“Algunos ya están aprobados y subidos en la página web de la Secretaría del Trabajo, otros están en desarrollo. También hemos venido trabajando con esta comisión interinstitucional de apertura inteligente”, dijo Madero.

En esa organización participan la Asociación de Municipios de Honduras, Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras, Asociación Nacional Universidades Privadas de Honduras, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras, Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, Foro Nacional de Convergencia, Iglesia católica, Iglesia evangélica, Asociación de Medios de Comunicación, Congreso Nacional y otras organizaciones.

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Estamos trabajando con “doctores intensivistas de San Pedro Sula, los que están trabajando los protocolos famosos de Honduras, MAíZ y CATRACHO (…) Casualmente, se está haciendo un análisis por territorios (…), tenemos varios tipos de comportamiento del virus en diferentes municipios y esperamos esta semana ya tener una planificación estructurada de apertura inteligente, según las categorías de estos municipios y la densidad poblacional de los mismos”, dijo.

Madero aseguró que los proyectos pilotos de apertura de negocios, como restaurantes en Francisco Morazán, han dado resultados positivos y ahora es posible que el Gobierno autorice la reanudación de establecimientos de comidas en Choluteca, La Ceiba y posiblemente en San Pedro Sula.

“Tendremos dos nuevos pilotajes esta semana en el Distrito Central: uno tiene que ver con salones de belleza y barberías y otro tiene que ver con iglesias, cultos religiosos, probablemente uno de la iglesia católica y otro de la iglesia evangélica (…)”, anunció Madero.

Mesas departamentales definirán las aperturas

TEGUCIGALPA. El canciller Lisando Rosales, comisionado presidencial para manejar la crisis provocada por COVID-19, anunció ayer que el Gobierno y diferentes sectores de la sociedad han conformado 20 mesas para crear la estrategia de la “apertura inteligente” de la economía dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Debido a las características propias de diferentes regiones, cada departamento posee una mesa, mientras el Distrito Central cuenta con una e igualmente el Valle de Sula, donde está la mayoría de personas contagiadas por el nuevo coronavirus.
“Hemos venido realizando una apertura inteligente y esto tiene que ver con la organización interinstitucional.

Una de esas acciones que hemos venido tomando es en base a la ley, la organización de la estructura funcional del Sinager (…). Se ha decidido (…) una participación ciudadana importante, donde se respeta la igualdad de las personas al igual que se aceptan los principios fundamentales de la gestión pública (…). Hemos ido avanzando hacia una mesa departamental o regional de apertura inteligente, que están en los 18 departamentos, más dos mesas principales en el municipio del Distrito Central y en la zona del valle de Sula”, dijo.

Rosales manifestó que en cada mesa departamental, además del sector gubernamental representado por autoridades locales, participan organizaciones no gubernamentales, trabajadores, organizaciones religiosas y el sector productivo de la zona “porque es quien sabe exactamente qué es lo que está acaeciendo en cada región”.

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Las autoridades y empresarios locales en cada departamento decidirán las fechas de apertura.
La Prensa