FF AA, Policía y la DNII se repartieron el 93% del Tasón

Tegucigalpa, Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras, la Secretaría de Seguridad y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) se repartieron con la cuchara grande los multimillonarios fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional en los últimos ocho años al percibir más de un 93% del total de lo recaudado.

La distribución histórica de los recursos aportados por los hondureños desde 2012 a la fecha mostró un reparto diametralmente desigual de esos dineros en detrimento de dos instituciones que son claves en la aplicación de la justicia: el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Un análisis realizado por el equipo de datos de Diario LA PRENSA muestra que en estos ocho años la Corte solo recibió 497.9 millones de lempiras (2%) y la Fiscalía General de la República, 957 millones (5%), del total de lo recaudado en estos ocho años.

867 Millones de lempiras Se destinaron del Tasón al rubro de prevención, lo que representó apenas un 5% del total de los ingresos.

Datos extraídos del portal de transparencia del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad (CTF) reflejan que desde 2012 a diciembre de 2019, el Estado captó del Tasón 16,179 millones de lempiras a los que se suman 9,931 millones de créditos solicitados a los bancos y 1,718 millones de otros ingresos, para hacer un total de 27,829 millones de lempiras.

De esos 27,829 millones, el CTF reportó en su último informe de 2019 que unos 25,833 millones se han destinado para diversos proyectos e inversiones, la mayoría de los cuales permanecen en la más estricta secretividad.

De este último dato, más de 8,639 millones (50%) fueron adjudicados a la Secretaría de Seguridad y 6,203 millones (36%) a la Secretaría de Defensa. Entre tanto, la Dirección de Investigación e Inteligencia (DNII) recibió aportes por un monto de 2,072 millones de lempiras (7 %) del total de los ingresos antes consignados.

Estas tres instituciones se repartieron el 93% de los ingresos de la Tasa de Seguridad.
Los más afectados con este reparto inequitativo fueron los municipios del país que apenas recibieron un total de 87 millones (un 0.5%) y el renglón de prevención unos 867 millones de lempiras que representaron un 5% del total de lo distribuido.

25,833 Millones de lempiras se han destinado para diferentes gastos, pero muchos permanecen en secretividad.

Política de represión. Académicos consultados por LA PRENSA indicaron que estas cifras solo demuestran que el Gobierno privilegió la política de represión y ataque a la criminalidad común y organizada, que la prevención del delito, y que hoy lastimosamente se reflejan en las múltiples caravanas que han salido del país desde el 13 de octubre de 2018.
Los expertos consideran que un porcentaje significativo de esos multimillonarios fondos debieron destinarse a la creación de oportunidades de trabajo para miles de jóvenes, la construcción de escuelas, hospitales y dotación de medicinas a los centros de salud del interior del país.

El decreto 105-2011 que dio vida a la Tasa de Seguridad establece en su artículo 32 que estos recursos servirán para financiar las acciones de prevención y control de la delincuencia común y organizada en cualquiera de sus formas y denominaciones, y deberán distribuirse a todas las instituciones antes citadas y al Cuerpo de Bomberos, pero sin especificar ningún porcentaje.

Cruce de datos

Las inversiones realizadas con el Tasón son objeto de fuertes cuestionamientos en vista de que no existen reportes detallados de los gastos, aunque en sus informes el CTF especifica que con esos fondos se adquirieron equipos, patrullas, uniformes, radares, se construyeron nuevas postas, laboratorios criminalísticos y se financiaron operaciones especiales.

En promedio, el CTF distribuyó por orden del Consejo de Defensa y Seguridad (CNDS) un promedio de 3,500 millones de lempiras anuales en los 8 años de los ingresos del Tasón en cada uno de los entes antes mencionados.

Al realizar un cruce de datos entre inversiones y resultados en el combate a la criminalidad, se refleja que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes pasó de 86.47 en 2011 a 43.63 al cierre de 2019.

En estos ocho años hubo una reducción de la cifra de homicidios, pero esa racha se interrumpió el año pasado (2019) cuando la tasa pasó de 41.4 (ppch) en 2018 a 43.63 ppch en 2019, año en el que se reportaron un total de 3,996 muertes violentas, es decir, 264 casos más que el año precedente que fue de 3,732 casos, según datos del Sistema de Estadísticas Policiales (Sepol).

Para los expertos esta involución en la tasa de homicidios es preocupante y amerita diversificar las acciones en contra de la violencia y la criminalidad y replantear la estrategia de seguridad, priorizando la prevención como elemento fundamental.

Clave objetivo de la tasa la ley fue creada en 2012 a iniciativa del actual presidente Juan Orlando Hernández como una medida temporal para financiar el combate a la criminalidad.

Consultado sobre la raquítica asignación de fondos a la Corte Suprema de Justicia, el titular de ese poder del Estado, Rolando Argueta, especificó a LA PRENSA que los fondos asignados a esta institución se destinaron al programa de facilitadores judiciales, adquisición de vehículos, arrendamiento del edificio del Circuito Anticorrupción, privación de dominio y criminalidad organizada. Además se destinó otra cantidad a la seguridad de los actuales magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema, jueces de sentencia y de letras de competencia nacional y magistrados de cortes de apelaciones.

Argueta aclaró que los apoyos presupuestarios de la Tasa de Seguridad únicamente cubren una parte del costo total de las tres primeras áreas antes mencionadas y el resto sale del presupuesto regular del Poder Judicial.

La seguridad de jueces y magistrados y el alquiler de edificios sale completamente del Tasón.

Se hará una revisión

La asignación de fondos de la Tasa de Seguridad responde a un plan estratégico y por consiguiente las mayores asignaciones se destinaron a Defensa y Seguridad para reducir el alto índice de muertes violentas y la influencia del narcotráfico en el país.

Así lo aseguró Juan Ramón Molina, coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad (CTF) y representante de la empresa privada ante esa instancia, al ser consultado por LA PRENSA con relación a las altas inversiones asignadas a la Policía y las FF AA en detrimento del Ministerio Público, las municipalidades, el Poder Judicial y prevención.

Explicó que la Tasa de Seguridad fue creada para apoyar a los operadores de justicia y su misión principal es ayudar a las instituciones que combaten la delincuencia directamente, estas son Seguridad y Defensa.

Dijo que el plan es que una vez controlada la seguridad de los hondureños, se procederá a revisar el plan maestro nacional y se tomarán las medidas respectivas.
En el caso del MP y CSJ, detalló que las inversiones realizadas con el fondo de protección y seguridad poblacional están destinadas en su mayoría al fortalecimiento institucional, basados en sus planes operativos.

opacidad de inversiones Desde su creación, el Tasón ha sido blanco de permanentes ataques porque la mayoría de sus inversiones están protegidas por la Ley de Secretos Oficiales.

Entre ambas instituciones, las inversiones ascienden a 1,454.91 millones de lempiras y el 73% de las asignaciones al Ministerio Público corresponden al fortalecimiento institucional, y 27% a la creación de unidades estratégicas. Mientras que en el caso de la Corte Suprema, el 99% de las inversiones hechas van orientadas al fortalecimiento institucional, y el 1% al apoyo estratégico.

En ese contexto, apuntó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) responde en función de dichas solicitudes de forma integral y la distribución de las inversiones obedecen a un plan maestro para la reducción de los índices de violencia en el país, por consiguiente se deben ver y analizarlos de forma global y no individual.
“Cada institución tiene un rol específico e importante que cumplir dentro de la planificación”, adujo.

Quién asigna

Aclaró que la asignación de fondos es potestad del CNDS y responde a un plan estratégico cuya misión principal era proteger al país de las amenazas exteriores como el narcotráfico.

“Venimos de tiempos donde las muertes por cada 100,000 habitantes eran superiores a los países que mantenían conflictos bélicos. El derrame de sangre era demasiado y se tenían que tomar decisiones drásticas que involucraban inversiones altas en estas dos instituciones”, argumentó.

Agregó que los presupuestos anteriores eran prácticamente solo para cubrir sueldos. Ni para la alimentación de los policías y soldados ajustaba. Hoy, ocho años después, la Policía y las FF AA cuentan con todas las herramientas necesarias para cumplir su misión constitucional.