Tegucigalpa.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dijo este miércoles que el nuevo Código Penal de Honduras, que entrará en vigor en noviembre, podría facilitar la criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos.
El ente indicó en un comunicado de prensa que la alianza Articulación 611, integrada por organizaciones de sociedad civil, señaló que el nuevo Código Penal tiene 'muchas disposiciones claramente lesivas para los intereses de la sociedad hondureña'.
Señaló que tipos penales como la asociación terrorista, las injurias y calumnias, delitos a través de medios de difusión y reuniones y manifestaciones ilícitas, constituyen disposiciones que 'podrían ser utilizadas para perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social'.
Ante ello, Cejil se sumó a las 'preocupaciones por los efectos que la inadecuada regulación de estas conductas podría tener en la criminalización de la labor que realizan las personas de derechos humanos', ya que estas permiten que se realice un 'uso arbitrario del derecho penal para limitar derechos fundamentales'.
'Preocupa que el Estado de Honduras continúe criminalizando severamente conductas en perjuicio de los derechos de las mujeres mientras sanciona con benevolencia delitos cometidos por funcionarios en contra del erario público', enfatizó.
Expresó, además, su 'preocupación por la redacción abierta del delito de usurpación pues esta incrementa la posibilidad de su uso arbitrario por parte de las y los operadores de justicia en contra de las personas defensoras de derechos humanos'.
Según dijo la Cejil, la usurpación ha sido sistemáticamente utilizada en contra de quienes 'defienden la vida y el territorio' y eso quedó evidenciado en las causas penales incoadas en contra de habitantes que se oponen a un proyecto minero en el departamento de Colón, Caribe de Honduras, indígenas de la etnia tolupán y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Sin embargo, Cejil, una organización no gubernamental consultora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó que la advertencia de la CIDH y la Oacnudh fue 'ignorada', ya que mantiene 'la inadecuada regulación'.
La Oacnudh y la CIDH recomendaron en julio de 2019 al país centroamericano 'revisar las normas durante la vacatio legis del Código Penal aprobado de acuerdo a los estándares y compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Honduras'.
Cejil, que también es consultor ante la ONU y la Comisión Africana de Derechos Humanos, se sumó al llamado de la Oacnudh y la CIDH e instó a Honduras a revisar las normas referidas, así como a promover y garantizar un 'proceso transparente y participativo de consultas con sociedad civil'.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dijo este miércoles que el nuevo Código Penal de Honduras, que entrará en vigor en noviembre, podría facilitar la criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos.
El ente indicó en un comunicado de prensa que la alianza Articulación 611, integrada por organizaciones de sociedad civil, señaló que el nuevo Código Penal tiene 'muchas disposiciones claramente lesivas para los intereses de la sociedad hondureña'.
Señaló que tipos penales como la asociación terrorista, las injurias y calumnias, delitos a través de medios de difusión y reuniones y manifestaciones ilícitas, constituyen disposiciones que 'podrían ser utilizadas para perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social'.
Ante ello, Cejil se sumó a las 'preocupaciones por los efectos que la inadecuada regulación de estas conductas podría tener en la criminalización de la labor que realizan las personas de derechos humanos', ya que estas permiten que se realice un 'uso arbitrario del derecho penal para limitar derechos fundamentales'.
Criminalización del aborto
El Centro por la Justicia coincidió con la Articulación 611 en que la 'criminalización del aborto en cualquier circunstancia permite la vulneración de los derechos de las mujeres y contrasta con la reducción de penas en delitos graves como la corrupción, malversación de fondos, fraude o lavado de activos'.'Preocupa que el Estado de Honduras continúe criminalizando severamente conductas en perjuicio de los derechos de las mujeres mientras sanciona con benevolencia delitos cometidos por funcionarios en contra del erario público', enfatizó.
Expresó, además, su 'preocupación por la redacción abierta del delito de usurpación pues esta incrementa la posibilidad de su uso arbitrario por parte de las y los operadores de justicia en contra de las personas defensoras de derechos humanos'.
Según dijo la Cejil, la usurpación ha sido sistemáticamente utilizada en contra de quienes 'defienden la vida y el territorio' y eso quedó evidenciado en las causas penales incoadas en contra de habitantes que se oponen a un proyecto minero en el departamento de Colón, Caribe de Honduras, indígenas de la etnia tolupán y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Ambigüedad de tipos penales
Señaló que, desde el proceso de reformas a la regulación penal realizada en 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) habían expresado su preocupación por la ambigüedad de tipos penales como el de 'terrorismo', ya que podría conllevar a 'tergiversaciones deliberadas del término para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos'.Sin embargo, Cejil, una organización no gubernamental consultora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó que la advertencia de la CIDH y la Oacnudh fue 'ignorada', ya que mantiene 'la inadecuada regulación'.
La Oacnudh y la CIDH recomendaron en julio de 2019 al país centroamericano 'revisar las normas durante la vacatio legis del Código Penal aprobado de acuerdo a los estándares y compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Honduras'.
Cejil, que también es consultor ante la ONU y la Comisión Africana de Derechos Humanos, se sumó al llamado de la Oacnudh y la CIDH e instó a Honduras a revisar las normas referidas, así como a promover y garantizar un 'proceso transparente y participativo de consultas con sociedad civil'.
