Tegucigalpa.
La Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) respaldó este martes el rechazo de periodistas y académicos y otros sectores contra el nuevo Código Penal de Honduras, que entrará en vigor en noviembre, porque contiene sanciones que conllevan violaciones a derechos, garantías y libertades fundamentales.
El rechazo fue expresado en un comunicado, en el que la Unitec señala que ve con 'preocupación' cómo el nuevo Código Penal 'presenta vacíos, incoherencias y peligros, que, posiblemente, sólo vendrán a inflamar la conflictividad que tiene confrontados a varios sectores de la población en la actualidad'.
La normativa como instrumento de política criminal del Estado de Honduras tiene 'una relevancia indiscutible', y la coyuntura actual ' una trascendencia crítica'.
A la Universidad Tecnológica le preocupa también 'la amplia discrecionalidad que el Código otorga a los jueces, cuando el actual sistema judicial dista de alcanzar los estándares de autonomía, profesionalización e idoneidad requeridos'.
Además, le inquieta la 'inclusión de sanciones que conllevan violaciones a derechos, garantías y libertades fundamentales de las personas naturales y jurídicas', señala el documento.
El nuevo Código Penal adopta posiciones 'contrarias' a las recomendaciones de las Naciones Unidas, la Organizaciones de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la relatora especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que proponen la despenalización de delitos que limiten la libertad de expresión.
'Son de especial preocupación aquellas sanciones que pueden suponer una limitación indebida al derecho de propiedad y a las libertades de asociación y reunión, la libertad de expresión y la libre emisión del pensamiento', subrayó.
La Unitec indicó que no ve 'apropiado' que 'con las actuales exigencias sociales, que encuentran en el uso de las redes sociales y el internet vehículos que permiten la formación de opinión sobre asuntos públicos, se pretenda coartar la libre emisión del pensamiento por medio de la agravación de la responsabilidad, especialmente cuando son utilizados para exigir a empleados y funcionarios públicos la rendición de cuentas'.
Expresó además la ' intranquilidad' que le genera la tipificación de delitos como 'reuniones y manifestaciones ilícitas, perturbación del orden o terrorismo', ya que pueden aplicarse 'arbitrariamente y a beneficio de los intereses de ciertos grupos y en detrimento de otros'.
Eso y la inclusión de tipos penales indefinidos 'contradice convenciones internacionales en materia de derechos humanos', señala la Universidad Tecnológica, que indica que le parece 'incoherente' que en los delitos relativos al honor se incluyan 'conductas dirigidas a proteger honor de personas jurídicas, cuando dicha protección debe ir dirigida a las personas naturales'.
'Esta normativa exacerba innecesariamente la función tutelar del Estado al trasladar muchas materias que ya están siendo conocidas por el Derecho Administrativo y que son sancionadas por esa normativa, en caso de lesionar algún interés jurídicamente protegido', añadió.
La adopción de esta posición desconoce el principio de 'subsidiariedad en materia penal', el cual establece que el Estado debe procurar la utilización de sanciones menos lesivas a los intereses de los ciudadanos, siendo el derecho Penal el último recurso y de aplicación excepcional.
'Este nivel de intervención estatal no es propio de un Estado democrático, sino de regímenes autoritarios y/o totalitarios, al imponer un Derecho Penal basado en el terror y no en la certeza del castigo', agregó.
El permitir que la responsabilidad civil derivada del delito pueda ser deducida en el proceso penal, según la Unitec, requiere 'el establecimiento de reglas procesales que brinden esa posibilidad, garantizando adecuadamente el derecho a la tutela Judicial Efectiva, y demás derechos de los sujetos perseguidos, y en las condiciones actuales se cargará excesivamente al sistema, rebasando su capacidad operativa'.
A su juicio, al reducir el plazo para la prescripción de los delitos, la falta de análisis se transforma 'en miopía y en la demostración de una falta de conocimiento total de la capacidad actual de los órganos de investigación, pues dicha reducción hará que sea materialmente imposible presentar requerimientos fiscales para delitos complejos, generando mayores niveles de impunidad'.
La Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) respaldó este martes el rechazo de periodistas y académicos y otros sectores contra el nuevo Código Penal de Honduras, que entrará en vigor en noviembre, porque contiene sanciones que conllevan violaciones a derechos, garantías y libertades fundamentales.
El rechazo fue expresado en un comunicado, en el que la Unitec señala que ve con 'preocupación' cómo el nuevo Código Penal 'presenta vacíos, incoherencias y peligros, que, posiblemente, sólo vendrán a inflamar la conflictividad que tiene confrontados a varios sectores de la población en la actualidad'.
La normativa como instrumento de política criminal del Estado de Honduras tiene 'una relevancia indiscutible', y la coyuntura actual ' una trascendencia crítica'.
A la Universidad Tecnológica le preocupa también 'la amplia discrecionalidad que el Código otorga a los jueces, cuando el actual sistema judicial dista de alcanzar los estándares de autonomía, profesionalización e idoneidad requeridos'.
Además, le inquieta la 'inclusión de sanciones que conllevan violaciones a derechos, garantías y libertades fundamentales de las personas naturales y jurídicas', señala el documento.
El nuevo Código Penal adopta posiciones 'contrarias' a las recomendaciones de las Naciones Unidas, la Organizaciones de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la relatora especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que proponen la despenalización de delitos que limiten la libertad de expresión.
'Son de especial preocupación aquellas sanciones que pueden suponer una limitación indebida al derecho de propiedad y a las libertades de asociación y reunión, la libertad de expresión y la libre emisión del pensamiento', subrayó.
La Unitec indicó que no ve 'apropiado' que 'con las actuales exigencias sociales, que encuentran en el uso de las redes sociales y el internet vehículos que permiten la formación de opinión sobre asuntos públicos, se pretenda coartar la libre emisión del pensamiento por medio de la agravación de la responsabilidad, especialmente cuando son utilizados para exigir a empleados y funcionarios públicos la rendición de cuentas'.
Expresó además la ' intranquilidad' que le genera la tipificación de delitos como 'reuniones y manifestaciones ilícitas, perturbación del orden o terrorismo', ya que pueden aplicarse 'arbitrariamente y a beneficio de los intereses de ciertos grupos y en detrimento de otros'.
Eso y la inclusión de tipos penales indefinidos 'contradice convenciones internacionales en materia de derechos humanos', señala la Universidad Tecnológica, que indica que le parece 'incoherente' que en los delitos relativos al honor se incluyan 'conductas dirigidas a proteger honor de personas jurídicas, cuando dicha protección debe ir dirigida a las personas naturales'.
'Esta normativa exacerba innecesariamente la función tutelar del Estado al trasladar muchas materias que ya están siendo conocidas por el Derecho Administrativo y que son sancionadas por esa normativa, en caso de lesionar algún interés jurídicamente protegido', añadió.
La adopción de esta posición desconoce el principio de 'subsidiariedad en materia penal', el cual establece que el Estado debe procurar la utilización de sanciones menos lesivas a los intereses de los ciudadanos, siendo el derecho Penal el último recurso y de aplicación excepcional.
'Este nivel de intervención estatal no es propio de un Estado democrático, sino de regímenes autoritarios y/o totalitarios, al imponer un Derecho Penal basado en el terror y no en la certeza del castigo', agregó.
El permitir que la responsabilidad civil derivada del delito pueda ser deducida en el proceso penal, según la Unitec, requiere 'el establecimiento de reglas procesales que brinden esa posibilidad, garantizando adecuadamente el derecho a la tutela Judicial Efectiva, y demás derechos de los sujetos perseguidos, y en las condiciones actuales se cargará excesivamente al sistema, rebasando su capacidad operativa'.
A su juicio, al reducir el plazo para la prescripción de los delitos, la falta de análisis se transforma 'en miopía y en la demostración de una falta de conocimiento total de la capacidad actual de los órganos de investigación, pues dicha reducción hará que sea materialmente imposible presentar requerimientos fiscales para delitos complejos, generando mayores niveles de impunidad'.
