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Orden de captura contra esposa y cuñada del exsubcomisionado de Policía Jorge Barralaga

El 10 de abril, el MP pidió revocar el sobreseimiento provisional que en audiencia preliminar les emitieron a las imputadas.

Reyna Elizabeth Ayala Reyes y Edith Xiomara Roca Pérez, esposa y cuñada del subcomisionado depurado Jorge Alberto Barralaga Hernández.
Reyna Elizabeth Ayala Reyes y Edith Xiomara Roca Pérez, esposa y cuñada del subcomisionado depurado Jorge Alberto Barralaga Hernández.

Tegucigalpa, Honduras.

Un auto de formal procesamiento con prisión preventiva fue dictado hoy, junto con una orden de captura contra Reyna Elizabeth Ayala Reyes y Edith Xiomara Roca Pérez, esposa y cuñada, de forma respectiva, de Jorge Alberto Barralaga Hernández, exsubcomisionado de Policía.

Lo anterior, luego que el pasado 10 de abril, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, se pronunciara sobre un recurso presentado por el Ministerio Público y ordenara revocar el sobreseimiento provisional que en una audiencia preliminar se emitió a favor de las imputadas.

Como se recordará, por el supuesto delito de lavado de activos, Reyna Elizabeth Ayala Reyes y Edith Xiomara Roca Pérez, junto con Jorge Alberto Barralaga Hernández y Montse Paola Fraga Duarte, pareja de Winter Blanco, fueron capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) el 31 de julio de 2017 en el marco de la Operación Perseo.

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El exoficial es acusado del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

Dicho caso comenzó a investigarse por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescoo), pero fue la Uf-adpol junto con la Atic, quienes completaron la carga probatoria y presentaron los requerimientos fiscales y ejecutaron varios aseguramientos de bienes.

Antecedente: Fiscalía pide privar de dominio de 235 bienes al exsubcomisionado Barralaga y su clan

En total, en el marco de Operación Perseo se aseguraron 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles, entre los que están autobuses y camiones de carga.

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Ambas mujeres son acusadas por el supuesto delito de lavado de activos.

Además, se congelaron diversas cuentas bancarias y el allanamiento a varias sociedades mercantiles, ya que, de acuerdo con los expertos forenses en delitos financieros, en este caso se movieron más de 1900 millones de lempiras entre cuentas relacionadas de los imputados.

Las indagaciones, además, muestran la existencia de un grupo organizado que durante un período de tiempo realizaron adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.