Tegucigalpa, Honduras
El Congreso Nacional decidió ayer suspender momentáneamente la discusión del dictamen que contiene una reforma por adición al artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública, contenida en el decreto 146-86, debido a que la modificación causó revuelo en muchos diputados que consideran que se trata de un nuevo pacto de impunidad para proteger altos funcionarios.
| Proyectista
El diputado Marcos Paz es el creador del proyecto que alarmó a varios congresistas.
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Parte de la Asamblea Legislativa aprobó la reforma en el primero de tres debates, sin entregar copia del dictamen, denunciaron varios diputados, entre ellos, la parlamentaria del Partido Innovación y Unidad-SD (Pinu-SD), Doris Gutiérrez.
Ante la reacción de los parlamentarios, el Congreso colgó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que informa que la comisión de dictamen decidió suspender el siguiente debate para dar paso a un proceso de consultas con los sectores obreros y empresariales.
Limita al MP
La reforma busca limitar las atribuciones del Ministerio Público (MP), para deducir responsabilidades a los miembros que integran órganos colegiados del Gobierno que, de acuerdo a investigaciones de la Fiscalía, incurran en acciones reñidas en el ámbito civil y criminal.
| Dictamen
Faltan dos debates de la Cámara para que la reforma pueda surtir efecto de ley.
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El cambio busca que sea el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el designado como responsable de determinar responsabilidad civil, penal o administrativa por acciones u omisiones ejecutadas por funcionarios de órganos colegiados en el ejercicio de sus funciones.
El temor de los diputados es que la reforma tenga los mismos fines de una modificación que se hizo para cambiar los parámetros de investigación de un grupo de diputados que fue acusado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de manejar irregularmente dinero del famoso Fondo Departamental y cuyo caso fue bautizado como la Red de Diputados.
Comparativo
REDACCIÓN ACTUAL
ARTÍCULO 115. Incurrirán en responsabilidad criminal y civil aquellos miembros de los órganos colegiados que participen en la deliberación o en la votación de asuntos en que tenga interés o lo tuviere su cónyuge, sus parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
También incurrirán en responsabilidad, cuando las decisiones del órgano colegiado lesionaren los intereses del organismo a que pertenezca, exceptuando aquellos que hubieren razonado su voto en contra.
PROPUESTA de LA COMISIÓN DE DICTAMEN
NUEVA REDACCIÓN
ARTÍCULO 115. Incurrirán en responsabilidad criminal y civil…
También incurrirán en responsabilidad…
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el ejercicio de sus funciones, será la entidad responsable de determinar la responsabilidad civil, penal o administrativa que en Derecho corresponda de conformidad con el párrafo anterior, por las acciones u omisiones realizadas por los miembros de los órganos colegiados a través de las decisiones adoptadas.
Como resultado de las intervenciones investigadoras del TSC, los reparos formulados siendo firmes y luego le resulta las impugnaciones formuladas por los presuntos responsables, incluso en vía Contencioso Administrativo, dan lugar a la deducción de las responsabilidades administrativas o civiles que procedan, en este último supuesto por intermedio de la Procuraduría General de la República (PGR). En el caso de determinar la existencia de responsabilidad penal, el informe respectivo debe comunicarse al Ministerio Público (MP) para que proceda por la vía correspondiente.
No procederá el ejercicio de la acción civil, penal o administrativa contra los miembros de los órganos colegiados como resultado de la función pública ejercida, mientras no se determine la responsabilidad de los mismos por parte del TSC.
La esconden
La diputada por Francisco Morazán, Doris Gutiérrez, manifestó que la copia del proyecto y del dictamen no fue cargada el martes anterior en los ordenadores que tienen asignados los congresistas, lo que les impide analizar con responsabilidad el contenido y alcance de la reforma.
Sin ambages, la veterana congresista calificó el dictamen como un documento enfilado a crear un nuevo manto de impunidad como ha sucedido con otros proyectos anteriores. Finalmente, algunos diputados recibieron ayer copia del dictamen de la ley.
'Esto nos huele a un nuevo pacto de impunidad y sus efectos son preocupantes ' Doris gutiérrez, Diputada del PINU-SD
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Por su lado, el diputado liberal Juan Carlos Elvir, dijo que la realidad demanda no solo la revisión de la Ley General de la Administración Pública, sino también la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y lo concerniente a la aplicabilidad de los plazos y tiempos de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Entre tanto, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, dijo que la reforma en su momento sería declarada inconstitucional, como sucedió con una reforma a la Ley del Presupuesto.
REDACCIÓN ACTUAL
ARTÍCULO 115. Incurrirán en responsabilidad criminal y civil aquellos miembros de los órganos colegiados que participen en la deliberación o en la votación de asuntos en que tenga interés o lo tuviere su cónyuge, sus parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
También incurrirán en responsabilidad, cuando las decisiones del órgano colegiado lesionaren los intereses del organismo a que pertenezca, exceptuando aquellos que hubieren razonado su voto en contra.
