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Prisión preventiva para 10 exdirectivos del IHSS

Fueron remitidos a la cárcel de Támara y solo Leonardo Villeda recibió arresto domiciliario al presentar un certificado médico.

Tegucigalpa, Honduras.

El Juzgado de Letras de lo Penal en Materia de Corrupción dictó prisión preventiva contra 10 de los 12 nuevos acusados por la sobrevaloración de un contrato de $118 millones (más de L2,700 millones) que pagó el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a favor de Distribuidora Metropolitana S. A. (Dimesa).

La resolución se tomó ayer a las 8:30 pm en audiencia de declaración de imputado, en la que conocieron los cargos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y fraude por los que fueron procesados.

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La judicatura resolvió enviar a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en Támara, Francisco Morazán, a Luis Mayorga, José Humberto Lara, exmiembros de la Central General de Trabajadores (CGT). Mientras que José Hilario Espinoza, quien se encontraba prófugo decidió presentarse voluntariamente a los tribunales.

Asimismo, enviaron a presión a José Espinal Rodríguez, Óscar Arnaldo Carranza y Armando Villatoro, exrepresentantes de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (Cuth).

La medida abarcó a José Manuel Espinal y Óscar Arnaldo Carranza, exdirectivos del Colegio Médico de Honduras, y a Fabricio Valentín Vásquez.

ADEMÁS: Requerimiento fiscal contra exdirectiva del IHSS por compra de equipo sobrevalorado

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Luiz Antonio Guimarães Marrey, vocero de la Maccih, reveló los hechos de corrupción imputados por el caso Dimesa.

Por su lado, Carlos Montes, exviceministro del Trabajo, y Javier Pastor, de Salud, fueron regresados al Primer Batallón de Infantería. Ambos están presos en ese recinto militar a la espera de que se les dicte sentencia por el caso de sobornos por el que los condenaron. Esta es otra línea de investigación del latrocinio contra el IHSS.

Benjamín Bográn y Óscar Manuel Galeano, exrepresentantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), también recibieron prisión preventiva.

En un principio, Leonardo Villeda, también exdelegado del Cohep, había recibido la prisión preventiva, pero su defensa legal presentó un recurso de revisión en el que expuso que su apoderado está afectado de salud y eso le impedía estar en una prisión.

El juzgado declaró con lugar el recurso de reposición al ver una constancia médica que corroboró una dolencia y determinó decretarle arresto domiciliario.

Los defensores de Óscar Galeano y Luis Mayorga reclamaron que a estos les correspondía también la medida de casa por cárcel porque tienen más de 70 años y el Código Procesal Penal dice que a estas personas se les debe dictar medidas sustitutivas a la prisión.

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En ese busito salieron del Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción rumbo a Támara los imputados.

Carlos Silva, vocero del Poder Judicial, explicó que el juzgado tomó la decisión de mandar a prisión a los acusados para que no se afectara el curso de la indagación.

La audiencia inicial, en la que se sabrá si se emite auto de formal procesamiento o sobreseimiento, será el jueves a las 2:00 pm.

Algunos de los imputados optaron por presentarse voluntariamente ante las autoridades y otros fueron arrestados entre el lunes y martes, luego de que la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) del Ministerio Público (MP) les presentara el lunes el requerimiento por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

Esta acusación no es de un caso nuevo, sino que simplemente se aumentó la cantidad de procesados, ya que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) acusó a cinco directivos de Dimesa y del IHSS.

Los detalles de la acusación fueron leídos en una conferencia de prensa del vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Luiz Antonio Guimarães Marrey.

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La Maccih es una entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que asesora a la Ufecic en casos de redes de corrupción.

Según el requerimiento fiscal, la junta directiva del IHSS aprobó en 2011 un contrato por $118 millones para el suministro y mantenimiento de equipos médicos, adjudicado a Dimesa.
La junta interventora del IHSS determinó que en esta contratación hubo una sobrevaloración de $62.9 millones, por lo que resolvió rescindir el contrato y pagar nada más $55.9 millones.
La sobrevaloración fue de un 114%, según la Maccih.

Contrato

El requerimiento fiscal establece que el 4 de abril de 2011 los ahora imputados, que en ese momento integraban la junta directiva del IHSS, aprobaron la licitación para la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos de los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y región noroccidental de San Pedro Sula. Los exdirectivos también aprobaron el contrato de la citada licitación a favor de Dimesa por $95.2 millones (más de L2,100 millones).

Según la Fiscalía, el IHSS solo tenía capacidad para pagar $50 millones por ese convenio (L1,150 millones).

Pese a la insolvencia financiera, los exdirectivos también aprobaron una adenda mediante la cual se aumentaron $23.6 millones (unos L542 millones) al contrato original.

El vocero de la Maccih enumeró además de la sobrevaloración una serie de irregularidades que rodean esta contratación, como el hecho de que el IHSS no necesitaba los equipos, es más, algunos están en las bodegas sin ser usados”. A pesar de que parte de los equipos están sin uso, el IHSS paga por su mantenimiento. El IHSS suscribió el contrato, pese a que no tenía capacidad financiera, agregó.

Según Guimarães Marrey, la licitación “se hizo para favorecer a una empresa determinada, en este caso, Dimesa”.

“Todo lo anterior demuestra una inadecuada administración de los fondos del Seguro Social por parte de la (ex) junta directiva que en su momento autorizaron la suscripción de dichos contratos, lo que los hace responsables por los delitos por los cuales fueron acusados”, remarcó el vocero de la Maccih.

De acuerdo con el Primer Informe de la Comisión Interventora del IHSS, presentado en febrero de 2014, “el contrato nunca debió celebrarse bajo las condiciones en que se suscribió, debido a que no se tuvo a la vista ningún documento de respaldo sobre la necesidad del equipo solicitado por las diferentes unidades del Instituto”.

La Maccih-Ufecic bautizó este caso como “licitación fraudulenta”, aunque se trata de los mismos hechos de la línea que judicializó la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) del MP, que era conocida solo como caso Dimesa.