Tegucigalpa, Honduras
La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) interpuso ayer un requerimiento fiscal en contra de los diputados Antonio (Toño) Rivera y Sara Ismela Medina, en una ampliación a la acusación del caso Pacto de Impunidad. A los parlamentarios se les presume responsables de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno.
“Este requerimiento fiscal es el resultado de diversa información y actuaciones realizadas con posterioridad al requerimiento presentado el 24 de mayo último contra los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda”, establece un comunicado de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih). La acusación busca probar que los requeridos, en concierto de voluntades, aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto, con lo cual habrían violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear una norma que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados en el futuro por similares hechos, señala el documento.
El caso Pacto de Impunidad se originó en diciembre de 2017 cuando la Ufecic presentó requerimiento fiscal en el caso Red de Diputados en contra de cinco excongresistas implicados en el presunto mal manejo de fondos sociales.
Mientras la audiencia inicial estaba en trámite, el Congreso modificó por adición la Ley de Presupuesto, en la que se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados, y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas.
Una vez aprobada, la enmienda adoptó la forma de decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio Rivera y Sara Medina, quienes lo autorizaron en condición de presidente y secretaria de ese poder del Estado. La autorización se realizó a pesar de contener la reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno, según las investigaciones.
“En seguida, la Secretaría del Congreso emitió una fe de erratas, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de un simple error y no de un presunto acto premeditado”, explica el comunicado.
La fe de erratas sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno, y por eso se originó el requerimiento en contra de los dos parlamentarios nacionalistas. Ayer, la bancada del Partido Nacional emitió un comunicado en el que manifiesta que “el Ministerio Público de forma errada ha calificado como delitos acciones que fueron estrictamente legislativas, enmarcadas dentro de las funciones y atribuciones que los compañeros desempeñaron como diputados y miembros de la anterior junta directiva del Poder Legislativo, lo que ha ocasionado la presentación de esta injusta acusación penal”.
| |
| |
