Tegucigalpa, Honduras
Proyectos mineros y de generación de energía renovable están paralizados por grupos radicales y violentos que obstaculizan su ejecución y operación.
Directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) aseguraron ayer que hay más de $2,492 millones (unos L60,000 millones) varados en nueve proyectos paralizados hace casi dos meses.
Instan a operadores de justicia para que garanticen el respeto a la propiedad privada y a la libre empresa.
Las obras de energía renovable Petacón, Los Planes, Jilamito, Agua Zarca (todos hidroeléctricas) y Los Prados (solar) superan los $264.4 millones en inversión y con una capacidad total de 94.1 megavatios están en pausa por acciones de opositores.
Son más de 9,000 empleos en este sector los que peligran para este año, más la amenaza de otros 4,800 previstos para abrirse entre 2019 y 2022.
Asimismo, las empresas Electrum (Los Lirios), Minosa (San Andrés) y American Pacific (El Mochito) han resultado afectadas por manifestaciones violentas y organizaciones no gubernamentales involucradas, impactando alrededor de 3,200 empleos en mineras.
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Piden seguridad jurídica
Siete comunidades de Tocoa, Colón, han sido afectadas por las protestas violentas. Actos vandálicos en carreteras han liderado grupos de oposición.
1-Gremiales del sector privado reaccionan La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) emitió un comunicado respecto a los hechos vandálicos en zonas de inversión.
“Honduras necesita inversiones para desarrollarse, las cuales requieren de un clima favorable en un Estado de derecho fortalecido con instituciones que garanticen la seguridad jurídica a los inversionistas que generan empleo y pagan impuestos”, refirió.
“Con suma preocupación hemos recibido la notificación de que el viernes (14 de septiembre) cierra sus puertas la empresa con el proyecto más grande en Honduras”, dijo Fernando Padilla, exgerente de la minera Inversiones Pinares que fue despedido junto con 399 empleados más.
La compañía comunicó “que debido a actos vandálicos que ha sufrido la empresa en Tocoa, Colón, y a paciencia de la Fiscalía, que recibió la denuncia hace 40 días sin hacer nada, deciden dejar el país”.
En siete comunidades de Tocoa unas 2,000 familias están condenadas a perder esa fuente de ingresos.
Los propietarios temen que peligre la integridad física de las personas. “No es justo que este tipo de proyectos se vayan de un país que pide inversión”, expresó Padilla. Erika Molina, directora del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), dijo que el objetivo de la empresa minera es instalar una fundidora de acero y que cuenta con los permisos “correspondientes a la Ley de Minería y es una concesión minera desde 2014 y cuenta con licencia ambiental”. Añadió que las actividades mineras aún no han comenzado, pues es necesario la ampliación de una carretera, que es donde había sido contratado el personal que ya fue despedido esta semana.
En el afán de retomar el orden, la funcionaria imanifestó que Inhgeomin y MiAmbiente “han integrado una mesa de diálogo a fin de propiciar puntos de encuentro entre los que se oponen a la obra y los que apoyan”.
