Guatemala, escenario volátil por los casos de corrupción

Ciudad de Guatemala, Guatemala

En 1969 sus padres lo inscribieron en el Registro Nacional de las Personas (Renap) como James Ernesto Morales Cabrera, pero 42 años más tarde (en 2011), como todo buen comediante de televisión que sabe como encantar a las masas, decidió cambiar su nombre legalmente para llamarse simplemente Jimmy Morales.

Cuando ganó las elecciones generales, los medios nacionales y extranjeros lo calificaron como el outsider de la política guatemalteca, mas, este hombre que contaba chistes a través de la pantalla chica comenzó a forjar una carrera hacia la presidencia el mismo día que convirtió su alias artístico en una poderosa herramienta de marketing.

En 2011 se lanzó a la arena y se postuló como candidato a alcalde de Mixco, pero perdió. En 2013, logró convertirse en secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), fundado por militares retirados, y desde ahí saltó a la Presidencia.

Los guatemaltecos, que hartos de tanta corrupción se mantuvieron en las calles hasta destronar al general Otto Pérez Molina, decidieron en 2015 tomar en serio al humorista y lo convirtieron en Presidente con un abultado 68% de los votos. Tres años después de estar al frente del Ejecutivo, Jimmy ha dejado de ser la esperanza y ahora es visto, más que “un chiste mal contado”, como una “gran decepción”, dijo Christian Castillo, jefe del área sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.

Morales, rodeado de militares, anunció el pasado 31 de agosto que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig) y a inicios de la semana anterior prohibió el ingreso de Iván Velásquez, jefe de esa organización.

Luego, en la casa de gobierno, Morales se defendió y afirmó que esta determinación “está apegada a derechos y por ningún motivo se está violando el orden constitucional” y, además, dijo que “muchas de sus acciones (de Velásquez) ponen en riesgo el orden, la seguridad y la gobernabilidad del país”.

“El pueblo de Guatemala puede dar fe que no he intervenido en ningún proceso judicial, personal, familiar (...)”, agregó.

Sin embargo, para los académicos que analizan la política, como Castillo, “Morales dio ese anuncio con el respaldo de las fuerzas de seguridad enviando un mensaje que despierta viejos fantasmas del período del conflicto armado y de gobiernos autoritarios”.

La Cicig, resultado de un convenio suscrito en 2006 entre el Gobierno y la ONU, surgió luego de extensos debates que tuvieron como objetivo crear una entidad que investigara, entre otros delitos, los crímenes de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) durante un nefasto período de 36 años que concluyó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz.

“Esta acción descalifica la posición del Ejecutivo y también esto demuestra, tal como se discute en el país, que hay un pacto entre corruptos: todos aquellos que están señalados tienen el interés de no perder la inmunidad o terminar en la cárcel”, explicó.

La Cicig investiga a Morales porque, siendo secretario general del FCN-Nación, recibió dinero bajo la mesa para financiar la campaña. El pasado 10 de agosto, la Fiscalía contra Delitos Electorales y la Cicig presentaron en el Organismo Judicial la solicitud de antejuicio contra Morales y la diputada Nineth Montenegro.

Informes de la Cicig indican que el FCN-Nación recibió unos 7,560,476 quetzales (unos 990 mil dólares) “que sirvieron para el pago de fiscales de mesa y el pago de material publicitario consistente en volantes y calendarios (...)”.

Según la Cicig, FCN-Nación captó, además, 359,899 quetzales de la Fundación G, cantidad que jamás reportó a la autoridad electoral. La Cicig cuantifica en 7,920,375.70 quetzales la suma percibida de fuentes anónimas.

CIACS

El papel de la Cicig en este momento es determinante, de acuerdo con Castillo, porque ha descubierto que “en torno a los partidos y al ejercicio del poder público hay intereses criminales asociados al narcotráfico y maras”.

Durante el conflicto civil, operaron los CIACS y más tarde se trasmutaron para infiltrar o coptar al Estado.

“La gente base del presidente Morales ha sido CIACS. Ellos estuvieron en la inteligencia del Ejército y se aprovecharon de sus puestos y estuvieron violando los derechos humanos”, dijo Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, en una entrevista telefónica con LA PRENSA.

Para Mack, Morales y su partido operan como el Partido Patriota (PP) del presidente Otto Pérez al cual la Cicig lo calificó como CIACS porque no solo funcionaba como una estructura que cometía corrupción estatal, sino como mafia.

La Cicig acusó a Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, de financiar al PP con dinero sucio, de lavar activos y de enriquecerse ilegalmente. A los dos los involucró en los sonados casos La Línea, Redes y Coptación del Estado. “En Guatemala existe lo que llamamos un ‘pacto de corruptos’ que no quieren dejar el poder y no quieren enfrentar a la justicia”, denunció Mack.

Renzo Rosal, politólogo y miembro del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), cree que en 2015 los guatemaltecos cayeron “en un engaño” al elegir a Morales.

“Pensamos que las elecciones iban a posibilitar nuevas esperanzas, nuevas rutas. Las elecciones terminan siendo un acto engañoso porque permiten la mutación de la corrupción. Pensamos que las elecciones serían el corte de caja para comenzar a ver un futuro promisorio”, dijo al ser consultado por LA PRENSA.

La batalla contra la corrupción, la cual ha llevado a la cárcel a los expresidentes Pérez y Álvaro Colom (ahora en libertad), es “un aprendizaje” que crea condiciones para “poner en práctica una agenda regresiva”, estima Rosal.

“Todo lo que ha habido en los últimos cuatro años no habría sido posible sin la presencia de la Cicig. El Ministerio Público todavía es un cascarón que no ha tenido la fuerza, la contundencia y los recursos técnicos para meterse a estas aventuras contra los corruptos”, dijo.

Roxana Baldetti, ex vicepresidenta en el gobierno de Otto Pérez, compró una lujosa casa en Pristine Bay, Roatán, Honduras, con dinero que los ministros del Partido Patriota (PP) obtuvieron a través de sobornos a empresas que tenían contratos con el Estado.

Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, dijo en junio de este año ante Rosa María López, juez Primero de Extinción de Dominio, que en 2014 los ministros hicieron una “cooperacha” con dinero de sobornos para comprar la casa que las autoridades valuaron en $1.2 millones.

Monzón afirmó que aportaron dinero los ministros Mauricio López Bonilla (Gobernación), Manuel López Ambrosio (Defensa), Érick Archila (Energía y Minas) y Juan de Dios Rodríguez (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social).

Según la Cicig, “en el caso para la compra de un inmueble para Roxana Baldetti en Pristine Bay, Roatán, Honduras, se utiliza el mismo esquema para los regalos de Otto Pérez Molina, con la diferencia que este se convierte en el organizador del aporte”.

Baldetti, presa desde hace tres años, está pedida en extradición por Estados Unidos por presunto tráfico de drogas y asociación ilícita con la mafia Los Zetas.

Foto: La Prensa Estuvo preso más de 5 meses y ahora goza de medidas sustitutivas mientras enfrenta un juicio

El expresidente álvaro Colom, quien recuperó la libertad a inicios de agosto, tiene prohibido salir del país y debe ir todas las semanas a un juzgado a firmar un libro.

El 3 de agosto salió de la cárcel el Mariscal Zavala, después de pagar una caución de un millón de quetzales y comprometerse ante el Juzgado Undécimo de Instancia Penal a cumplir las medidas sustitutivas.

Colom, capturado y apresado en febrero, está acusado, con 10 exminitros, por la sustracción de más de $35 millones del Estado que transfirieron por medio de paraísos fiscales.

Según la Fiscalía y la Cicig, el gobierno de Colom (2008-2012) defraudó al Estado al otorgar de manera ilegal y sin ningún aval 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para implementar el sistema prepago Transurbano.

Según la Cicig, a partir del 10 de febrero de 2010, la AEAU realizó diversas transferencias internacionales en concepto de pago de maquinaria, las cuales sumaron 171 millones de quetzales.

“Las transferencias no se hicieron a la Empresa 1, sino a la entidad All Mercantilia, en la cuenta bancaria que tiene en la república de Malta. El mismo año de la recepción de los fondos, la entidad All Mercantillia modificó su razón social e incluyó la venta de equipo para tecnología para sistemas de cobro automático. All Mercantilia está constituida por dos “offshore” ubicadas en Islas Vírgenes”, de acuerdo con la Cicig.