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Las tramas de corrupción que sacuden a Latinoamérica

Honduras, El Salvador, Guatemala, Argentina, Perú y Brasil, algunos de los países envueltos en escándalos por desvío de fondos estatales, abuso de cuentas públicas y multimillonarios sobornos

San Pedro Sula, Honduras

Al menos una docena de expresidentes en Latinoamérica se enfrentan a la justicia, son fugitivos, están encarcelados o han sido involucrados en grandes escándalos de corrupción que han dejado al descubierto una putrefacta relación entre el dinero y la política.

Honduras, uno de los países golpeados por este flagelo, pasa por una crisis de credibilidad al estar en proceso varios casos de corrupción que comprometen a exfuncionarios y políticos acusados del desvío de miles de millones de dólares que nunca llegaron a la población de extrema pobreza, condición que sigue abrumando a más de tres y medio millones de hogares en este país.

Lava Jato
Destituida y ahora busca una candidatura. Tras la operación Lava Jato, en agosto de 2016, el Congreso de Brasil, por juicio político, destituyó a Dilma Rousseff (2011-2016) por violar leyes fiscales; aunque a ella la investigaron por recibir dinero de Petrobras. El mes pasado, la Fiscalía denunció a sus exministros Guido Mantega y Antonio Palocci por corrupción y lavado de dinero.

En Centroamérica, el caso de corrupción más reciente es el del expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009), quien admitió haber desviado más de $300 millones durante su mandato; mientras su sucesor, Mauricio Funes (2009-2014), se encuentra prófugo también acusado de malversación.

En el proceso contra Funes están involucrados al menos un director de un diario y un conocido conductor de televisión que han recibido mensualmente “mentas” (sobornos) para publicar solo notas positivas del Gobierno, según un testigo protegido. Y hay más periodistas recibiendo dinero por publicar notas positivas del Gobierno, de acuerdo con un reportaje publicado por el sitio digital El Faro.

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En El Salvador, Tony Saca aceptó haber desviado más de $300 millones.

Saca llegó al poder por el derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Funes por la izquierda: el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Se estima que, en los últimos 29 años, expresidentes de El Salvador han malversado más de un billón de dólares de una partida secreta.

En Panamá, el ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue extraditado en junio desde Estados Unidos, y ahora enfrenta un jucio por espionaje telefónico (contra sus adversarios políticos) y tiene pendientes otras investigaciones por lavado de dinero que vinculan a sus dos hijos, Ricardo Alberto Martinelli y Luis Enrique Martinelli.

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Ricardo y Luis Enrique Martinelli fueron acusados por espionaje y otros delitos.

Las denuncias de corrupción, el nulo control sobre las finanzas públicas y las tramas para la despiadada malversación han hecho que la población salga a las calles a protestar, como en Guatemala cuando en 2007 estalló el caso de fraude aduanero conocido como La Línea contra el entonces presidente Otto Pérez.

Para apoyar la investigación de estos casos y redes de corrupción se instaló, en 2006, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato no será renovado por el presidente Jimmy Morales, anunció el propio mandatario que ha mantenido fricciones con el organismo de Naciones Unidas.

El ejemplo chapín lo siguió Honduras, cuando el reclamo popular se hizo sentir luego de conocerse el monumental y vergonzoso desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social.

En este país, donde en 2015 se instaló la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), los casos de corrupción tienen a varios exfuncionarios encarcelados, a otros pendientes de juicios, a decenas de involucrados y a al menos una veintena de funcionarios y diputados sin visa de Estados Unidos, cuyo Gobierno ha hecho presión para que se castigue la impunidad.

El Ministerio Público, la Maccih y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) han logrado documentar redes que han desviado millones de dólares del Estado.

Y en Nicaragua, las marchas que se desarrollan desde abril pasado mantienen latente una grave crisis que ya ha dejado más de 400 muertes, según organizaciones de derechos humanos. Los nicaragüenses exigen la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo del poder reclamando “por más de una década de abusos del régimen”.

América del Sur

Y mientras expresidentes y exfuncionarios centroamericanos se enfrentan o están por enfrentar a la justicia, Argentina, Perú y Brasil igual son golpeados por escandalosas acusaciones de latrocinio al erario y multimillonarios sobornos.

En Argentina, el caso de “los cuadernos de las coimas” tiene a políticos y grandes empresarios en los tribunales para explicar cómo decenas de millones de dólares fueron pagados por ejecutivos privados entre 2005 y 2015, en la era de los expresidentes Kirchner, Néstor y Cristina, para obtener contratos públicos.

Los cuadernos, que contienen la bitácora escrita por un chofer del Ministerio de Planificación, describen con precisión el modo en que el kirchnerismo recaudó ilegalmente fondos durante siete años, ha escrito la prensa argentina.

“De las anotaciones se desprende que cuando Néstor Kirchner vivía, hasta octubre de 2010, las cifras de más de $2 millones, aproximadamente, eran entregadas a él en Olivos. Los montos menores a $2 millones eran entregados a Daniel Muñoz, el entonces secretario del expresidente, en el domicilio privado del matrimonio Kirchner”, de acuerdo a La Nación, el diario argentino que reveló la trama.

En Perú, la difusión de grabaciones donde se escucha a jueces negociando las sentencias de acusados, ha desnudado al sistema judicial.

Los peruanos también viven el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, que pagó sobornos a políticos en una decena de países de la región, entre los que se sabe: Perú, Ecuador, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina. La investigación sigue abierta.

Costa Rica
La Fiscalía General acusa al ex presidente Óscar Arias Sánchez por el delito de prevaricato en el caso ‘Crucitas’.

Uno de los expresidentes presos de la región es el brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, detenido desde el 7 de abril pasado para cumplir una condena de 12 años por corrupción y lavado de dinero de la empresa semiestatal Petrobras, en el proceso conocido como Lava Jato que abarca a la brasileña Odebrecht como una de las constructoras investigadas en esta monumental trama que se estima que entre 2004 y 2012 logró licuar cerca de $8,000 millones en toda América Latina.

Pero pese a estar encarcelado, Lula ha sido favorito en las encuestas para las elecciones de octubre, con una intención de voto del 37,3%, lo que prueba que sigue al mando del Partido de los Trabajadores (PT) y que aún domina el escenario político de Brasil. Su candidatura fue truncada por el Tribunal Electoral que decidió, con 6 votos a favor y 1 en contra, que el ex Presidente no puede presentarse como candidato por estar condenado por corrupción.

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En Argentina, autoridades han allanado propiedades de Cristina Fernández, investigada por sobornos.

¿Qué hacer?

Ante la ola de corrupción, hay que “preservar, o aumentar, la independencia judicial para poder juzgar a los corruptos poderosos”, dice James Bargent, investigador británico para InSight Crime, citado por El Observador

También “se debe ampliar la cooperación multinacional”, como se hizo con la Cicig o la Maccih, y “hay que garantizar la transparencia de la contratación pública”, dice Bargent.

Enfatiza como punto clave la financiación de las campañas políticas: “porque el dinero sucio que entra a través de las campañas electorales genera toda una cadena de corrupción”.

Por último, “la consecuente lucha contra la impunidad de los funcionarios públicos corruptos” es para este analista “un punto ineludible en las fórmulas contra la corrupción”.