Maccih preocupada por iniciativa que modificaría artículo 184 del Código Penal

La Misión de la OEA recuerda que una reforma de similar contenido fue aprobada en el año 2016.

Luiz Marrey, vocero de la Maccih.
Luiz Marrey, vocero de la Maccih.

Tegucigalpa, Honduras.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó su preocupación por la presentación de la iniciativa legislativa que pretende modificar el artículo 184 del Código Procesal Penal de Honduras.

La moción fue presentada anoche por el diputado Marco Antonio Velásquez, y esta, según la Maccih "tendría como consecuencia el debilitamiento de la respuesta penal a graves delitos cometidos, entre ellos los de homicidio, asesinato, femicidio, tráfico de drogas, secuestro, asociación ilícita, extorsión, robo de vehículos, violación y lavado de dinero, entre otros."

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En un comunicado de prensa, la Maccih expresó que "la reforma posibilitará que los acusados de tales delitos queden en libertad, lo que aumentaría las posibilidades de fuga de los imputados por dichos delitos. Esto, a su vez, incrementa la posibilidad de que puedan ejercer violencia contra los testigos de tales causas, realizar maniobras para hacer desaparecer los bienes producto de las actividades criminales por las cuales están siendo procesados, así como la práctica de nuevos delitos."

El objetivo del artículo 184 del Código Procesal Penal "es garantizar la vida, seguridad, integridad física, libertad personal y la propiedad de las personas, así como fortalecer la lucha contra la violencia, el tráfico de drogas, la corrupción y otros delitos graves."

Para la Maccih, la adopción de medidas sustitutivas a la prisión son justificadas "para hacer frente a problemas graves y a hechos extraordinarios de violencia, corrupción e impundad.

La Maccih recuerda que delitos como el de lavado de activos están asociados a otros crímenes graves, como el tráfico de drogas, la actividad de organizaciones criminales y la corrupción institucionalizada. Por estos delitos hay diputados y exdiputados que en estos momentos son vinculados a casos que están siendo investigados, por lo que la reforma les beneficiaría.

La Misión recordó que "una reforma de similar contenido fue aprobada por el Congreso Nacional y vetada por el Presidente de la República en el año 2016", por lo que muestra su preocupación que tenga una nueva reforma que beneficiaría a la corrupción.