Las responsabilidades que el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, impuso contra los magistrados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, por autorizar al gobierno la frecuencia del canal 8 de televisión desató una confrontación entre autoridades de ambas instituciones.
El comisionado presidente de Conatel, Rassel Tomé, insiste en que las sanciones son parte de una persecución política, pero los miembros del Tribunal refutan que actuaron bajo la ley.
Tomé se quejó que se solicitó a la secretaria de TSC Daysi de Anchecta que brindara una copia de los pliegos de responsabilidades, pero la funcionaria 'actuando como activista del Partido Nacional' respondió que publicaría los documentos en medios escritos, como así sucedió.
El TSC recurrió a este medio de comunicación alegando que desconocía el domicilio de los funcionarios, pero Tomé reclamó 'todo mundo sabe que nos puede encontrar en Conatel', dijo.
A Tomé y los otros comisionados Gustavo Adolfo Lara y Edwin Torres se les aplicó una multa de 280 mil lempiras a cada uno.
Un segundo pliego de responsabilidades se les aplicó por el orden de 40 mil lempiras a cada uno por el mismo caso.
'Esto lo hizo con el propósito de dañar la imagen y el honor de los comisionados', aseveró.
Conatel concedió la frecuencia de canal 8, pese a que la Corte Suprema de Justicia resolvió que esa señal le pertenece a Teleunsa del empresario Elías Asfura.
El apoderado legal de Asfura, Jorge Calderón, contestó que Rásel Tome busca poner una cortina de humo al denunciar persecución política.
'Él (Tomé) sabía que la frecuencia está en litigio y lo desconoció ; no sé por qué basa su defensa en meter argumentos políticos'.
'Menciona siempre a Asfura como el precanditado y bien sabemos que el político es él porque aspira a una diputación', agregó. La secretaria del TSC, Daysi de Anchecta, negó que exista interés político en aplicar las sanciones a los comisionados de Conatel.
Aseguró no se entregaron los pliegos de responsabilidades a los castigados porque la secretaria de Tomé le dijo a representantes del órgano contralor que 'sólo recibirían los informes, pero no los pliegos porque así lo ordenó un asesor legal de Conatel'.
En consecuencia los pliegos se ordenaron y publicaron en los medios.
