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Más de un millón de armas circulan en Honduras

Congreso Nacional comienza a socializar Ley de Control de Armas y Municiones.

Autoridades de la DNIC muestran a los diputados las armas que circulan en el país.
Autoridades de la DNIC muestran a los diputados las armas que circulan en el país.

Tegucigalpa, Honduras.

Un alarmante armamentismo amenaza a Honduras, según se reveló ayer en el inicio de la socialización de la Ley de Control de Armas, Explosivos y Municiones por parte del Congreso Nacional.

La Comisión de Seguridad se reunió con las autoridades de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y personal del Registro de Armas de esa dependencia policial.

En esta entrevista se reveló que en Honduras hay 400 mil armas registradas y, en contraste, se estima que circulan ilegalmente más de 700 mil.

La reunión servirá de mucho en el proceso de socialización que lleva a cabo el Congreso Nacional con los distintos sectores, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad, Tomás Zambrano.

El congresista explicó que la nueva ley contiene rigurosos requisitos para tener un arma de fuego, como la edad (que sea mayor de 25 años), someterse a un test psicológico y charlas de inducción. Zambrano especificó que en la discusión del dictamen se decidirá el número de armas que puede poseer un ciudadano, ya que actualmente se acepta el registro de cinco.

También quedará establecida la regionalización de los centros de registro balístico, así como un mecanismo para que desde La Armería se haga el respectivo registro.

El titular de la DNIC, Leandro Osorio, informó que hay más de 400 mil armas registradas, pero el problema no es esa cantidad, sino las que no están registradas.

De acuerdo con estudios realizados por consultores de organismos internacionales como el PNUD, en Honduras circulan ilegalmente cerca de 700 mil armas.

El director de la DNIC indicó que la portación ilegal constituye un problema para efectos de investigación de hechos criminales.

El diputado Luis Redondo, explicó que la socialización continuará con reuniones con la Policía, Comisionado de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil.