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Mientras, el subsecretario estadounidense adjunto para el Hemisferio Occidental, Craig Kelly llegó a Tegucigalpa para reunirse con las partes en conflicto y destrabar el proceso de diálogo, informó la portavoz de la embajada Ledy Pacheco. Es el tercer viaje del funcionario en un mes.
Saavedra dijo a la radioemisora HRN que el congreso recibió los informes del Comisionado Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General. Agregó que la próxima semana estarán listos los reportes del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
El pacto firmado entre Zelaya y el presidente Roberto Micheletti especifica que la legislatura puede solicitar una opinión no vinculante sobre el tema a las instituciones estatales que así lo determine. Decidió hacerlo con cuatro instancias gubernamentales.
La Procuraduría General entregó el martes su dictamen.
'Su contenido está relacionado con las actuaciones del señor Zelaya al convocar a una constituyente', apuntó sin abundar en más detalles por 'respeto al Congreso', declaró este día la procuradora Rosa América Miranda.
'Sólo nos hemos apegado a la Constitución, que es la que rige toda nuestra estructura estatal y nuestra legislación', agregó.
Zelaya afirmó el domingo en una carta enviada al presidente norteamericano Barack Obama que no desea ser restituido y que sigue siendo el gobernante de Honduras hasta cumplir su gestión de cuatro años el 27 de enero.
Por su parte, Zelaya dijo que 'es una barbaridad' que el Congreso vaya a decidir sobre su restitución el 2 de diciembre. 'Hicimos muy bien en retirarnos de ese juego sucio de Micheletti', señaló.
El vocero de la iglesia católica, sacerdote Rafael Alvarado, dijo en rueda de prensa que 'el pueblo debe ir a votar de manera responsable, organizada, pacífica y firme para exigir al próximo gobierno que cumpla con todos los compromisos que se hayan asumido y más aún, exigir que el bien común sea siempre el horizonte de los gobernantes'.
El presidente de la Confederación Evangélica, pastor Oswaldo Canales, por su parte dijo a periodistas que 'con su votos, los hondureños fortalecerán la democracia del país'.Instó a las autoridades a aplicar la ley a los que inciten a boicotear el proceso electoral. La ley establece una pena de 4 a 6 años en prisión a los que traten de impedir los comicios en Honduras.