El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, se sorprendió hoy al conocer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el presupuesto para la alimentación diaria de unos 13.000 reos del país centroamericano se ha reducido en casi un 25 %.
Lobo se enteró de la reducción de once a ocho lempiras (de 53 a 39 centavos de dólar) diarias en el presupuesto para la comida de los reos de las 24 cárceles del país, durante una conversación con el relator para los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil.
'Cuando el relator le dijo al presidente que se ha reducido a ocho lempiras el dinero para la comida de los reos, se sorprendió y le preguntó a la ministra de Justicia y Derechos Humanos (Ana Pineda), quien se lo confirmó', dijo a Efe una fuente de la CIDH.
Agregó que el gobernante hondureño recibió en su residencia particular a la comisión de la CIDH, que este viernes presentó en la Casa Presidencial el informe Situación de las Personas Privadas de Libertad en Honduras, que señala que el sistema penitenciario del país es 'deshumanizado, paupérrimo y corrupto'.
Lobo se comprometió con el relator Escobar Gil a resolver el problema del presupuesto para la alimentación de las personas privadas de libertad, lo que, según la ministra Pineda, fue una decisión de la Secretaría de Seguridad, acotó la fuente.
El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 cárceles, alberga a unas 13.000 personas cuando su capacidad es para unas 8.000, según autoridades locales.
Cárceles hondureñas son manejadas por reos denuncia CIDH
El principal problema de las cárceles de Honduras, colapsadas por la sobrepoblación, es el autogobierno cedido a los reclusos y justificado por las autoridades en la falta de personal, denunció este viernes una investigación internacional.
El 'Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras', subraya que ese autogobierno deriva en toda clase de abusos y extorsiones internas y permite además que desde la cárcel se planifiquen secuestros y otros crímenes.
El trabajo también enumera una sobrepoblación superior al 40%, condiciones deplorables de higiene y salubridad, falta de asistencia médica, de provisión adecuada de alimentos y agua potable, y la ausencia de separación de reclusos por categorías de delitos.
El trabajo de la CIDH, elaborado por una misión de siete expertos que visitó Honduras del 23 al 27 de abril de 2012, era entregado este viernes al presidente Porfirio Lobo.
La misión de la CIDH visitó Honduras dos meses después de una de las mayores tragedias carcelarias del mundo: el incendio del penal de Comayagua (70 km al norte de Tegucigalpa), en el que murieron 362 reclusos.
El autogobierno de los presos
'Uno de los problemas más graves y arraigados (...) es la delegación del control interno de los centros penitenciarios en manos de los propios reclusos' mediante 'sistemas de autogobierno o gobierno compartido, en los cuales son determinados internos denominados 'coordinadores' (nombrados por los mismos reclusos) los que ejercen el control', denunció.
Indicó que ese sistema de autogobierno es 'justificado sistemáticamente por las autoridades, bajo el argumento de que este modelo es un mal necesario ante la permanente falta de recursos y de personal'.
Los reclusos 'aplican castigos disciplinarios', 'cobran por los espacios de las celdas y las camas' además de resolver conflictos y 'fijar los precios de los alimentos'. Recordó que el 29 de marzo de 2012 reclusos de San Pedro Sula decapitaron a su coordinador, le mutilaron los genitales y arrojaron la cabeza frente a la dirección del penal --entre otras atrocidades-- porque consideraron que abusaba de su autoridad, aumentando los precios de los servicios, comida y alojamiento.
La CIDH señaló que 'la falta de control efectivo de la seguridad interna en las cárceles facilita las condiciones para la comisión de delitos en y desde las cárceles' como 'el tráfico de drogas, la venta de armas, el cobro de cuotas extorsivas a los presos o sus familiares y la planificación y dirección, desde el interior de la cárcel de hechos delictivos como homicidios, secuestros y extorsiones'.
El informe también recordó la masacre de abril de 2003 en la Penitenciaría Nacional de El Porvenir, Atlántida, en la que murieron 69 personas debido a un conflicto entre los 'coordinadores' de ese penal y miembros de la 'Mara 18' y el incendio de Comayagua en mayo del 2004 en el que fallecieron 107 internos.
La CIDH, a partir de información suministrada por el Estado en enero de 2013 que estima la población penitenciaria en 12.263 personas (la mitad procesados y la otra mitad condenados) destaca que existe un déficit de 3.600 plazas lo que equivale a una sobrepoblación del 44%.
En las conclusiones, la Comisión advirtió que 'la administración penitenciaria en Honduras padece actualmente de graves deficiencias estructurales que han conducido a su colapso' por lo que reclamó 'un cambio radical de actitud' y 'una renovación real de las instituciones'. La misión que redactó el informe estuvo integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Tracy Robinson, Rosa María Ortiz, Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil y Rose-Marie Belle Antoine.
