El Ministerio Público amplió una acusación por circunstancias que rodean el crimen de los universitarios Rafael Alejandro Vargas y Carlos David Pineda.
Tras concluir una etapa de la investigación, la Fiscalía de Derechos Humanos acusó ayer a Marco Tulio Palma Rivera, comisionado de Policía, extitular de la DNIC (Dirección Nacional de Investigación Criminal), y Jorge Alberto Barralaga Hernàndez, subcomisionado de Policía, exjefe de la Metropolitana uno.
El caso se refiere a la omisión en que habrían incurrido estos dos oficiales, que posibilitó la fuga de los policías José Rubén Pozo, Wilfredo Figueroa, Carlos Galeas y Santos Padilla, sospechosos del crimen de los universitarios, los tres últimos prófugos.
“Se presenta requerimiento fiscal, se solicita citar en legal y debida forma a los imputados, que se señale el día y la hora para la celebración de la audiencia de imputado, que se le impongan medidas cautelares sustitutivas a la detención judicial”, cita el encabezado del requerimiento fiscal.
El escrito de ocho hojas fue interpuesto a las 11:24 am en el Juzgado de Letras Penal, de la capital, por German Enamorado y German Reyes, fiscales de Derechos Humanos. “Comparezco respetuosamente presentando requerimiento fiscal contra los señores Marco Tulio Palma Rivera por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios y contra Jorge Alberto Barralaga Hernández por suponerlo responsable del delito de violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la administración pública.
El expediente 34405-2011, del presente caso, será conocido por el juez No. 05”.
Relación de hechos
El crimen de los universitarios ocurrió el pasado 22 de octubre y Palma Rivera conformó un equipo para investigar el hecho. Según la relación de hechos que establece el MP (Ministerio Público), el 26 de octubre, de manera amplia, Palma Rivera obtuvo indicios que atinaban como sospechosos a los cuatro policías antes descritos, entre otros detalles y elementos probatorios que debió trasladar a los fiscales de manera oportuna e inmediata. Eso no aconteció y, según la Fiscalía, Palma favoreció la fuga de cuatro policías sospechosos del crimen y lesionó la administración pública.
“En suma, señor juez, el servidor (Palma) omite cumplir con su obligación de actuar con lo que debió presentar al Ministerio Público los elementos de prueba con los que contaba y que consistían en inspecciones, declaraciones testificales, decomisos de evidencias consistentes en teléfonos, celulares, videos, inspecciones, entre otros atinentes a la investigación”, cita la acusación.
No solo estuvo a cargo directamente de la investigación, sino de la custodia de los cuatro policías sospechosos que se fugaron. Por ello, a la Fiscalía le resulta razonable que la Secretaría de Seguridad lo haya cancelado de su cargo por omitir la Ley Orgánica de la Policía.
En el caso de Barralaga, el MP llegó a determinar que el día 27 de octubre, fungiendo como titular de la Metropolitana uno, le fueron remitidos los cuatro policías sabiendo que estaban implicados en el asesinato.
La remisión fue hecha por Palma, quien al día siguiente, el viernes 28, le ordenó trasladar a los policías al despacho del ministro de Seguridad. La Fiscalía denotó que no adoptó medidas para custodiar a los sospechosos al ser trasladados a la DNIC y luego a Seguridad, sino que los envió en el vehículo de su apoderada.
En el libro de novedades consta que a los cuatro policías se les concedió el fin de semana libre, “directriz anterior anotada en esa delegación que no pudo haber sido dada sino por el máximo jefe de la misma, es decir Jorge Alberto Barralaga, lesionando así la correcta administración de justicia con su actuación porque era un conocedor de la investigación delicada que relacionaba a las cuatro personas que tuvo bajo su disposición y subordinación”, señala el MP.