A un delito con una pena de 20 a 25 años de cárcel se podrían enfrentar ahora el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, y dos altos exjefe militares acusados por la muerte del joven Isy Obeb Murillo Mencías.
Ayer en la audiencia inicial la Fiscalía solicitó la recalificación del delito de homicidio a asesinato en contra Romeo Vásquez Velásquez, el ex subjefe del Estado Mayor Conjunto, Venancio Cervantes; y el exjefe del Comando de Operaciones, Especiales, Carlos Puerto.
Además del asesinato de Isy Obed Murillo Mencías, también les imputan el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Alex Roberto Zavala, quien resultó herido de bala en la manifestación del 5 de junio de 2009.
Con la recalificación del delito, la fiscalía con las pruebas que inició presentando desde ayer en horas de la tarde, pretende demostrar la normativa jurídica que configuran el delito de asesinato, entre esos, la alevosía o ensañamiento.
Traslado
Desde las 7:30 am los tres acusados fueron trasladados desde la Penitenciaría Nacional de Támara bajo medidas de seguridad a los Juzgado de Letras Penal de La Granja, en Comayagüela.
Con sus manos esposadas y vistiendo camisas blancas y pantalón jean azul, los exjefe militares fueron llevados hasta la sala de audiencias, la que inició a eso de las 8:30 am.
Afuera del recinto judicial ya esperaba un grupo de simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre), que reclaman justicia por la muerte de Murillo Mencías.
Posteriormente se presentaron a la sala judicial los familiares de Vásquez y miembros de su equipo legal, encabezado por Hermes Ramírez. Asimismo, llegaron parientes y la defensa de los otros dos militares imputados.
Pruebas
Ayer en horas de la tarde la fiscalía inició con la presentación de 14 medios probatorios, al igual que cada uno de los abogados defensores de los imputados.
Los fiscales evacuaron parte de los dictámenes forenses y balísticos con los que demostrarían que la muerte de Murillo Mencía y las agresiones a la otra víctima fueron cometidas por militares.
En esa parte la fiscalía deberá demostrar con las pruebas indicarías que el arma con la que mataron al joven era portada por alguno de los militares que estaba dando custodia en las afueras del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, donde había una manifestación de simpatizantes del expresidente Manuel Zelaya.
Por parte de los abogados defensores también fueron aportadas pruebas periciales, documentales, así como testigos.
La audiencia se extendió hasta las 7:50 de la noche, hora en que el juez decidió suspenderla para ser reanudada hoy a las 9:00 am.
Después el juez decidirá si concede la reclasificación del delito y emitirá una resolución que definiría si los militares seguirán detenidos o se defenderán en libertad.
Oficial
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, explicó que la Fiscalía solicitó la recalificación de los delitos en vista que “era obligación de los altos jerarcas instruir a sus subalternos no usar bala viva”. Por lo tanto, “se considera una acción dolosa, y hemos solicitado la recalificación del delito de homicidio a asesinato y de lesiones a tentativa de homicidio”.
La defensa anunció que se preparó para plantear cuatro excepciones, alegando indefensión debido a la negativa de permitir la participación de peritos como parte de las pruebas.
“Lo importante de esto es entender que la ciudadanía va a conocer cuál fue la verdad de estos hechos. Debemos permitir que exista la contradicción de la prueba científica”, expuso el defensor Hermes Ramírez.
Mientras en el interior del juzgado se vivía un ambiente tenso, colectivos de Libre se concentraron en las afueras de las instalaciones con pancartas, consignas y varios equipos de sonido.
Durante la manifestación, estuvieron presentes figuras como el asesor presidencial Enrique Flores Lanza, el diputado Juan Barahona y otros aspirantes a cargos públicos.
Hoy se cumplen seis días desde que Romeo Vásquez Velásquez fue capturado junto a los dos exjerarcas también acusado, por lo que según el Código Procesal Penal el juez debe dar a conocer su resolución.
En esa resolución se dicta el auto de formal procedimiento y argumentará con las pruebas si será por el delito de homicidio o asesinato o si decretará un sobreseimiento a favor de los acusados.
