Tegucigalpa, Honduras.
La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social desarrolla un plan en los centros de internamiento de menores infractores.
La viceministra Zoila Cruz explicó que actualmente se tiene “un replanteamiento” de derechos de los adolescentes infractores que de alguna manera se encuentran recluidos en los centros pedagógicos de atención, en los que hay una población de 310 muchachos con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años de edad, cada uno de ellos con una diferente complejidad.
La estrategia que se ha planteado desarrollar tiene al menos cuatro ejes principales, que están enfocados en mejorar la calidad de vida de los menores infractores. El primero de ellos es el que tiene que ver con el restablecimiento de derechos de los menores a ser atendidos con calidad y calidez. Eso significa tener un sistema de alimentación, de nutrición y seguimiento médico.
El otro aspecto tiene que ver con seguridad en los centros de atención a los menores. En ese sentido, “conscientes de que estamos hablando de niños, independientemente de la complejidad de los casos que cada uno de ellos lleva, se está creando la Dirección Especial de Seguridad para los centros pedagógicos en la Secretaría de Seguridad”.
Otro de los elementos de importancia es el funcionamiento administrativo de los centros. “Hemos estado trabajando en un esquema de alianza público-privada que va a permitir que se brinde atención de calidad a los muchachos sin que se pierda la responsabilidad del Estado de garantizar la vida y la calidad de vida”, aseguró.
Y por último, se habla de reinsertar a los jóvenes infractores en la sociedad una vez que terminan de cumplir la sentencia. Todo el trabajo se realiza con asesoría y financiamiento de la Unicef y la orden de los Terciarios Capuchinos.
La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social desarrolla un plan en los centros de internamiento de menores infractores.
La viceministra Zoila Cruz explicó que actualmente se tiene “un replanteamiento” de derechos de los adolescentes infractores que de alguna manera se encuentran recluidos en los centros pedagógicos de atención, en los que hay una población de 310 muchachos con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años de edad, cada uno de ellos con una diferente complejidad.
La estrategia que se ha planteado desarrollar tiene al menos cuatro ejes principales, que están enfocados en mejorar la calidad de vida de los menores infractores. El primero de ellos es el que tiene que ver con el restablecimiento de derechos de los menores a ser atendidos con calidad y calidez. Eso significa tener un sistema de alimentación, de nutrición y seguimiento médico.
El otro aspecto tiene que ver con seguridad en los centros de atención a los menores. En ese sentido, “conscientes de que estamos hablando de niños, independientemente de la complejidad de los casos que cada uno de ellos lleva, se está creando la Dirección Especial de Seguridad para los centros pedagógicos en la Secretaría de Seguridad”.
Otro de los elementos de importancia es el funcionamiento administrativo de los centros. “Hemos estado trabajando en un esquema de alianza público-privada que va a permitir que se brinde atención de calidad a los muchachos sin que se pierda la responsabilidad del Estado de garantizar la vida y la calidad de vida”, aseguró.
Y por último, se habla de reinsertar a los jóvenes infractores en la sociedad una vez que terminan de cumplir la sentencia. Todo el trabajo se realiza con asesoría y financiamiento de la Unicef y la orden de los Terciarios Capuchinos.
