La situación calamitosa que enfrenta la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas (Coalianza), es el resultado de una institución que desde su creación se perfiló hacia el fracaso por su falta de visión y transparencia, según un análisis del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
El subcoordinador del Fosdeh, Raf Flores, respaldado en un documento que elaboró esa institución, expresó que desde un principio Coalianza copió a medias un modelo que ha sido exitoso en otros países.
Flores explicó que para que un modelo de estos sea exitoso debe contar con un programa estricto de monitoreo de su gestión operativa, pero eso no ocurrió en Honduras.
Asimismo, Flores señaló que varios proyectos de Coaliaza estuvieron rodeados de círculos de influencia, por lo que no se descarta que fueron contaminados con actos de corrupción.
“Al final se está cerrando el círculo de ventas de influencias que en algunos casos podrían llamarse hasta de corrupción”, precisó Flores en una entrevista con Diario LA PRENSA.
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Malas concesiones. Una de las debilidades de este proceso es que en muchos casos el Estado se comprometió a compensar a los concesionarios, en caso de que no lograran un mínimo de recaudación anual, lo que pone en riesgo las finanzas del Estado en perjuicio de la población, señaló el ejecutivo del Fosdeh.
Coalianza tampoco tuvo la previsión de crear un fondo de respaldo para hacer frente a cualquier situación adversa como es el caso del corredor turístico, en la zona norte, que terminó en fracaso con la consecuencia de que el Estado debe indemnizarlos para evitar una demanda millonaria.
Otro aspecto que cuestiona el Fosdeh es que en el caso de la carretera CA-4,Tegucigalpa-San Pedro Sula, se otorgó una concesión sin que la empresa Concesionaria Vial de Honduras (Covi) invirtiera en la misma.
Además, a esta empresa se le concedió la ventaja de que si no recaudaba un monto mínimo al año, el Estado está obligado a otorgar una compensación.
Lo mínimo que debe recaudar Covi al año son unos 340 millones de lempiras, si eso no ocurre, el Estado tiene que hacer los ajustes, según Coalianza. Hasta la fecha, la concesionaria ha logrado recaudar ese monto.
En este caso, también quedó establecido un ajuste al costo de peaje que está atado al comportamiento de la inflación anual, el que en los últimos años ha tenido un comportamiento de entre 4 y 5%.
Otro punto, es que para efectos de supervisión de las operaciones de Coalianza se nombró a personas que fueron parte de esa institución en años anteriores, a fin de que avalen las decisiones ya tomadas sin hacer análisis de profundidad, cuestionó Flores.
En el caso del Centro Cívico Gubernamental, Flores aseguró que está sustentado en fondos de los aportantes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo (Injupemp).
Empleados siguen de brazos caídos TEGUCIGALPA. Los empleados de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas (Coalianza), continúan con un paro de brazos caídos para exigir el pago de salarios atrasados y que oficialicen los nombres de las 30 personas que serán despedidas, de las 62 que conforman la planilla.
Los empleados colocaron en el portón principal de Coalianza la bandera nacional como símbolo de que están en paro exigiendo sus derechos laborales. El personal comenzó a ejercer acciones luego de que en una reunión interna, la semana anterior, les anunciaron la decisión de despedir 30 empleados, pero no detallaron los nombres, lo que los puso en una situación de incertidumbre. En esa reunión, uno de los comisionados dijo a los presentes que los empleados que se queden serán escogidos de manera proporcional a cada uno de los comisionados, contrario a lo que la mayoría esperaba que se hiciera por sus capacidades. Los problemas de Coalianza comenzaron a mediados del año anterior cuando enfrentaron problemas para pagar la planilla estimada en unos 2.4 millones de lempiras mensuales, de los cuales, aproximadamente, un 22% la absorben los tres comisionados (Zonia Morales, Erasmo Padilla y Miguel Ángel Gámez) y el secretario ejecutivo, Henry Acosta. Los comisionados devengan un salario nominal de 151, 000 lempiras mensuales, mientras que el secretario tiene un sueldo que supera los 90,000 lempiras. |