San Pedro Sula, Honduras
Una franca reducción del secuestro y la extorsión, la merma de los índices de homicidios, el control de los centros penales, la desarticulación de peligrosas bandas del crimen organizado, el decomiso de fuertes cargamentos de droga y el allanamiento de dos narcolaboratorios, son entre otros, los logros que marcaron el primer mes de gestión del presidente Juan Orlando Hernández en seguridad.
Tales acciones son resaltadas por el secretario del ramo, Arturo Corrales Álvarez, aunque organizaciones de la sociedad civil señalan que aún falta mucho por hacer.
Esta semana se cumplen los primeros 30 días desde que el presidente Juan Orlando Hernández asumió la titularidad del Poder Ejecutivo con el compromiso de aminorar la alta incidencia delictiva en el país, bajo el reiterado slogan de “hacer lo que tenga que hacer para devolverle la paz a los hondureños”.
A las acciones antes enumeradas también se añaden otras medidas paralelas que han incidido en la política de seguridad como el cambio de toda la cúpula policial, la “baja voluntaria” de más de 40 oficiales de policía, la implementación de la Ley de Protección de Espacios Aéreos, la ley seca y el bloqueo de llamadas telefónicas en los centros penales.
Combinación de medidas
En una entrevista ofrecida a Diario LA PRENSA en su despacho, el ministro de Seguridad indicó que este balance obedece a la implementación de un paquete de 23 leyes aprobadas en la legislatura anterior y la combinación de otras acciones como el aumento de la presencia militar y policial en las calles y la coordinación de los cuerpos de seguridad del Estado y los operadores de justicia.
Corrales sostiene que en los últimos meses, incluyendo el primer mes del nuevo Gobierno, hubo una reducción significativa del delito y de los homicidios que pasaron de 21 casos diarios a 12 por día.
Los datos oficiales discrepan con los que ofrece el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), que en su último informe reportó que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en 2013 fue de 79.7%, es decir, 5.7 puntos porcentuales menos que en 2012. Este organismo reconoce que en los últimos meses de 2012 hubo una baja importante en el número de homicidios en los 18 departamentos del país; no obstante, disiente con el 20% que enarbola la Policía Nacional.
Acciones adoptadas
El primer mes del Presidente estuvo marcado por una serie de decisiones de política pública en seguridad aparejadas con acciones puntuales contra los criminales, incluyendo el pago de recompensas para lograr su captura.
La más aplaudida por la ciudadanía fue la disposición que obligó a las empresas de telefonía celular a bloquear las llamadas desde los 24 centros penales, puesto que desde ahí se ordenaban la mayoría de las extorsiones y los crímenes por encargo.
En el mismo acto de su toma de posesión, Hernández ordenó la salida inmediata a las calles de la Policía Militar y la unidad élite Tigres de la Policía Nacional para poner en marcha la “Operación Morazán” dirigida a combatir la delincuencia común.
En su segundo día al frente del Ejecutivo, la Secretaría de Seguridad anunció “el retiro voluntario y honroso” de unos 38 oficiales de la Policía Nacional, muchos de los cuales salieron aplazados en las pruebas de confianza y tienen investigaciones en curso por enriquecimiento ilícito. A estos se sumaron otros siete miembros de la carrera policial en días posteriores.
Este remezón en la Policía fue interpretado por la ciudadanía como la primera purga ordenada por el Gobernante del estamento policial hondureño.
Posteriormente el 4 de febrero, el Presidente ordena a la Policía y al Ejército asumir el control de la seguridad en los cuatro aeropuertos internacionales del país, tras la detención en Panamá de tres hondureños con 7.2 millones de dólares y a dos mujeres con 109 mil dólares, presuntamente provenientes del narcotráfico.
Luego, el 10 de febrero y por orden del Presidente entra en vigor el bloqueo de las llamadas telefónicas desde los presidios.
Tres días después, se ordena la separación de los miembros de la Comisión de Transición de los Centros Penales con el fin de agilizar la gobernabilidad del sistema, evitar las muertes de reos y controlar el ingreso de drogas y armas.
Entre otras acciones más, el Gobierno de Honduras creó la Inspectoría de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina) y ordena suspender la venta de bebidas alcohólicas a nivel nacional desde las 5:00 pm del domingo a las 6.00 de la mañana del lunes, como medida para seguir reduciendo la violencia.
En febrero, la Policía dio importantes golpes a bandas del crimen organizado que venían operando en la zona norte del país y por orden expresa del Presidente procedió a la captura y desarticulación de una banda responsable del asesinato de un guardia de Seguridad en Choloma, Cortés, hecho que provocó la indignación de la ciudadanía.
Entre las últimas medidas, adoptadas por el Gobierno figuran la puesta en vigor de la Ley de Protección de Espacios Aéreos que está orientada al derribo de avionetas sospechosas de transportar drogas y el fortalecimiento de la presencia militar en el litoral Pacífico y Atlántico para frenar la presencia del narcotráfico y el crimen organizado en esas zonas.
“Éxitos son contundentes”
El ministro de Seguridad destacó que el éxito del trabajo de estos primeros 30 días obedece a que hubo una transición ordenada y concertada con el exmandatario Porfirio Lobo Sosa, es decir, que antes de asumir la Presidencia se le permitió al presidente Juan Orlando Hernández tomar las primeras decisiones y ordenar las medidas de política pública en la materia.
Producto de ello, el 15 de diciembre Hernández le solicitó al a Lobo Sosa que le permitiera nombrar la nueva cúpula policial y militar. “En esos primeros días de diciembre se fija en forma más determinada los objetivos de los primeros 100 días del gobierno que comenzaron a correr el 28 de enero”, recordó.
Resaltó que en los primeros 50 días de este año hubo “una reducción importante y adicional a la que hubo el año pasado en los homicidios”, que es uno de los principales indicadores que evidencian que se trabaja en base a una política de seguridad que se fundamenta en 23 leyes aprobadas por el Congreso Nacional, entre 2012 y 2013.
Dentro de este nuevo entramado jurídico figuran la Ley de Extradición, la Ley Sobre Privación de Dominio Definitivo de Bienes de Origen Ilícito, la Ley de Incautación, Ley Antidrogas, reformas al Código Penal para endurecer el delito de extorsión y la Ley de Protección de Espacios Aéreos, entre otras más.
“Lo que ha sucedido ahora es que estamos operando esa política de seguridad ahí establecida, a la vez fortaleciendo las acciones con el respaldo de la tasa de seguridad que han recibido las secretarías de Defensa, Seguridad, Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía”, dijo.
Corrales agregó que otro elemento importante fue la creación de la Inspectoría de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina), que aumentó la coordinación entre las diferentes agencias estatales involucradas en seguridad nacional.
Lo anterior ha permitido que el aumento en el patrullaje de la Policía y los militares en las calles tenga como consecuencia una franca disminución de los indicadores de violencia, pero a la vez un incremento en los procesos judiciales y condenas.
“El mejor ejemplo de ello es la extorsión y el delito de secuestro, casi lo tenemos erradicado, aunque siempre pueden haber brotes en los cuales hay que estar atentos, pero el secuestro y la extorsión es un buen avance”, apuntó.
En homicidios, el ministro recordó que el año pasado a esta fecha se reportaban 30 homicidios diarios, pero en este momento el registro de la Policía es entre 10 y 15 diarios a nivel nacional.
Dijo que el Gobierno aspira a que existan varios observatorios de la violencia en el que estén incorporados diferentes actores de la sociedad para encontrar junto al Gobierno las soluciones a este mal.
Sobre las acciones que vienen en los próximos meses, Corrales amplió que a la par del fortalecimiento y la depuración de los operadores de justicia, viene una mayor confianza de la ciudadanía que pasará de la contención de la violencia a la construcción de un proceso de paz que permita generar confianza y aumentar la inversión, la educación y salud.
“Una vez controlados esos fenómenos, los altos costos y la alta inversión que el Estado de Honduras hace en seguridad bajará y será más barato, permitiéndonos destinar esos recursos a tareas vitales para el buen vivir”, acotó.
En relación a la reducción de las muertes violentas, el funcionario se mostró optimista y dijo que a final de año esperan colocarse a la par de la media centroamericana de 3,000 y 3,200 homicidios en todo el año. “Nosotros queremos reducir eso a menos de la mitad”.
Sobre la depuración policial, dijo que el enfoque es el fortalecimiento de la institución para no generar vacíos de personal. Agregó que la depuración no solo es por corrupción, sino también por motivos de edad, capacitación, organización y actualización.
Posición del Observatorio
Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), reconoció que ha habido una reducción de las víctimas de la violencia, producto de los ataques de la Policía Nacional y la Policía Militar a las bandas criminales.
“Eso da realmente una buena imagen y manda un mensaje positivo a la población de que se quiere trabajar en seguridad, porque estamos analizando el hecho de que por fin se ataca a las bandas que siembran el pánico en muchas comunidades y aldeas del país, en las que no se estaba haciendo nada al respecto hasta este año”, dijo.
Dijo que con las medidas implementadas en seguridad, el Gobierno está tratando de reducir la violencia y las instituciones que tienen por mandato trabajar en seguridad están haciendo lo que les corresponde en esa materia y “eso obviamente nosotros como Observatorio lo vemos positivo”.
Ayestas indicó que hasta el momento se perciben acciones estratégicas en seguridad, pero falta mucho para poder determinar si el Gobierno está implementando una política integral de seguridad pública.
“Una política integral de seguridad no solo significa tener 27 o 30 leyes, porque todos sabemos que muchas veces las leyes no se cumplen”, objetó.
La ejecutiva indicó que esperan que este año haya una mayor coordinación y acceso a las cifras de violencia por parte de las autoridades policiales, ya que el año pasado no fue posible.
Sobre las cifras de muertes violentas registradas en los primeros 50 días del presente año, Ayestas dijo que no cuentan aun con ese dato en vista que en este momento están en proceso de validación de los registros.
Detalló que el año pasado hubo una reducción de los homicidios en un monto de 415 casos en relación al 2012.
“La violencia y la inseguridad medida en la tasa de homicidios bajó 6.5 puntos por cada 100 mil habitantes, es importante porque el país requiere el concurso de todos para desarrollar acciones y estrategias para reducir o mejorar la seguridad”, dijo.
Ayestas consideró que estos éxitos deben ser sostenibles en el tiempo y ese es el compromiso formulado por el presidente Juan Orlando Hernández durante su campaña y su toma de posesión.
