Estado de Honduras se compromete con la libertad de expresión

<p>Expositores de conferencias mencionan acciones para resguardar el libre ejercicio del periodismo.</p>

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No solo el Gobierno debe adoptar medidas para garantizar la libertad de expresión, sino que los dueños de medios de comunicación deben mejorar las condiciones de sus periodistas, concluyeron ayer expositores internacionales en la capital hondureña.

Lo anterior se concluyó al cierre de la conferencia Seguridad, protección y solidaridad para la libertad de expresión, que organizaron la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) y la AMC (Organización de Medios de Comunicación).

La mayoría de planteamientos tuvieron eco en la parte oficial, con compromisos del presidente Lobo de ejecutar medidas públicas para garantizar el libre ejercicio del periodismo. El Gobierno anunció cuatro acciones concretas: despenalizar los delitos de injuria, calumnia y difamación; crear una unidad especial para investigar las muertes de periodistas; un juzgado especial para los casos donde las víctimas sean comunicadores y una institución de protección a los periodistas.

Ahora faltará que se concreten las medidas y que como contraparte los dueños de los medios asuman la responsabilidad de garantizar esa libertad de prensa a través de sus comunicadores, coincidieron los panelistas.

Al evento asistieron invitados de varios países de Latinoamérica que contaron sus experiencias en proteger la libertad de expresión. Exponentes de Colombia, México y Perú hablaron de la adopción de medidas de protección a periodistas amenazados.

México prueba con medidas protectoras

Laura Borbolla, fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión de México, manifestó que pese a que dicha entidad tiene poco tiempo de operar ya supera más de 200 procesos iniciados para su investigación, pero las limitaciones son enormes.

En México, el programa para proteger periodistas incluye despenalización de la difamación, incremento de las penas contra agresores de periodistas y creación de una fiscalía especial.

Borbolla es la encargada de perseguir a quienes atentan contra la libertad de prensa, pero falta la reglamentación de ciertas reformas, más policías y logística de investigación, según expuso.

Los delitos que investiga abarcan homicidio, amenazas, robo, daños, todas acciones contra periodistas, pero dijo que paralelamente con las investigaciones hay un programa de protección de víctimas y sus familiares.

Se han aplicado al menos 214 medidas cautelares en favor de medios de comunicación y periodistas.

Opinó que cinco acciones podrían funcionar en el país para fortalecer el proceso de la libertad de prensa en el país: despenalizar delitos contra el honor como calumnias; un marco jurídico que deje claro el papel de la unidad investigadora para los delitos por investigar; una base de datos para el manejo de investigación; un mecanismo de protección con investigación.

Dijo que al final lo ideal sería que su fiscalía ni existiera, pero, como no se puede, lo fundamental es que en un país democrático se elabore todo el andamiaje legislativo que proteja las garantías de la población.

Hasta políticos amenazan periodistas

Para Mauricio Flores, director de Diario El Heraldo, una de las propuestas es crear al Defensor de los derechos de la libertad de expresión como mecanismo de apoyo para el gremio periodístico.

El periodista Flores dio varias conclusiones luego de dar a conocer una encuesta donde 81 periodistas de la capital hondureña hablaron sobre las condiciones de la labor de los comunicadores.

Entre las revelaciones mencionó que los periodistas se sienten amenazados por el crimen organizado, por políticos y hasta por grupos de izquierda en el país. El 83% de los periodistas dijo que no reciben ninguna medida de seguridad o protección de los medios de comunicación para los que laboran. Consideraron que es necesaria la seguridad jurídica y que se controle la impunidad para ejercer el periodismo en libertad.

A los medios de comunicación les recomendó establecer mecanismos de seguridad para personal clave, capacitar sobre seguridad, definir códigos de ética, dar reglas básicas en coberturas de altos riesgo, mejorar logística, salarios y seguridad social y luchar contra la impunidad.

En cuanto al Estado, debe esclarecer los casos, tener políticas de seguridad y legislación especial para el crimen contra periodistas, despenalizar delitos que frenan la libertad de expresión, atender casos de periodistas amenazados y garantizar el acceso a la información pública. Finalmente sugirió crear la figura del Defensor de los derechos humanos para la libertad de expresión. Flores le pidió al Gobierno debatir la legislación que penaliza a periodistas y disminuir la corrupción y la impunidad en los crímenes contra los comunicadores.

Admite negligencia del Estado

El diputado democristiano Augusto Cruz Asensio, en su intervención en la conferencia, manifestó que si bien no cree que haya una política de Estado para los crímenes de periodistas, sí hay gran negligencia de los funcionarios.

Mencionó el caso del periodista Nahún Palacios, quien le pidió protección al Estado cuando fue amenazado en Colón, pero no se le atendió y a los días fue acribillado a balazos.

También, como ejemplo, dijo que sin ningún recurso logró sacar del país a cinco periodistas que estaban siendo amenazados, lo que demuestra que el Estado puede hacer mucho más.

El parlamentario, promotor de un proyecto de ley para la protección de comunicadores, señaló que se dice que periodistas son asesinados por el ejercicio de su profesión, otros por razones alejadas de su profesión, algunos por el crimen organizado; esas son las razones que han cobrado la vida de más de 30 periodistas en el país.

Señaló que había periodistas en riesgo a raíz de lo ocurrido en 2009; se les persigue de los dos lados, los que estaban a favor o en contra de la separación del ex-Presidente. En su propuesta de ley dijo que se pretende que el Estado proteja a los periodistas amenazados y si les toca salir del país, que el Estado cubra sus gastos y los de su familia.

“No hay política de Estado contra periodistas, pero sí hay negligencia en las instituciones. Las decisiones no fueron oportunas, fueron tardías. Levanto la voz por los más de ocho millones de hondureños que queremos estar bien informados”, dijo. Dejó claro que no se busca privilegios para los periodistas, sino garantizar el libre derecho de informar.

En México van 90 periodistas muertos

El periodista Roberto Rock, vicepresidente de la comisión de libertad de prensa e información de El Universal, de México, dijo que en su país entre otras acciones los medios de comunicación lograron un acuerdo de prudencia, consistente en no difundir hechos de violencia.

Dijo que en pocos minutos en la capital hondureña leyó periódicos y vio programas de televisión y realmente lo impactó porque en mucha de esa información, en lo que tiene que ver con la presentación, en su país el tratamiento es diferente.

Dijo que en México en seis años han ocurrido 50 mil muertes, que desgastan las instituciones, y un creciente atropello a periodistas que ya deja 90 periodistas muertos y 25 desaparecidos.

El panorama para ellos es que Honduras es la bodega de acopio de la droga y a eso se debe el incremento de la violencia en este país. Ese creciente crimen organizado, dijo, tiene sus estrategias de comunicación y lo hacen al decapitar personas y dejar leyendas; entonces, los mensajes son para otras bandas y sobre todo para infundir terror en la sociedad. Por eso el tratamiento de la noticia debe cambiar desde el momento de la cobertura.

Además de las políticas públicas propuestas, dijo que se puede hacer más por los periodistas porque algunos dueños de los medios de comunicación son muy irresponsables, no tienen buenos seguros de vida para sus periodistas, salarios dignos y hasta padecen inseguridad laboral. En el caso de México, donde a veces la orden de asesinar periodistas proviene del ámbito de la política, también se debe reconocer que hay periodistas con acciones impropias. Entonces tampoco se puede tolerar para no volverse cómplice.

La Prensa