ciudades modelos, lamenta que “la transparencia haya fallado” en el proyecto de las regiones especiales de desarrollo. El economista, que se retiró de la comisión a inicios de septiembre, concedió una entrevista exclusiva a dos diarios nacionales, LA PRENSA y El Heraldo, casi un mes después de abandonar Honduras.
Romer le envió al presidente Porfirio Lobo, a inicios de septiembre, una carta en la que afirma que se retira porque no existen condiciones para desempeñar su papel como miembro de la Comisión de Transparencia.
“Debe saber que seguimos creyendo firmemente en la iniciativa de las RED y estamos listos para asistir cuando resuelvan los impedimentos para el establecimiento del marco institucional de las RED”, le dice Romer a Lobo en la carta.
Días antes, el Gobierno hondureño firmó un convenio de entendimiento con un grupo norteamericano denominado MGK para construir la primera ciudad modelo, pero los detalles del contrato suscrito entre ambas partes siguen siendo de uso exclusivo de los funcionarios de Coalianza (Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada) que alegan una cláusula de confidencialidad.
Inversionistas de MGK dijeron que en Honduras harían la primera ciudad modelo que construirían y resaltaron que es diferente el concepto al de Romer.
Esa firma con MGK provocó una cadena de rumores y dudas por la falta de información.
Esta es la entrevista vía internet con el doctor Romer, quien ahora mismo se encuentra en China.
-¿Continúa trabajando con el Gobierno de Honduras en la creación de la RED (región especial de desarrollo), también llamada la ciudad modelo?
Personalmente he renunciado del comité consultivo.
Otras personas y yo, que fuimos nombrados como parte de la Comisión de Transparencia, le redactamos una carta al presidente Lobo indicando que no tenemos participación en el proyecto.
-En el principio, usted fue un activista del proyecto RED. ¿Qué cambió?
De los informes periodísticos recientes me enteré de que la agencia de Honduras responsable de alianzas público-privadas -Coalianza- firmó un acuerdo sobre la RED con una empresa privada. Cuando pedí información, me dijeron que no podía ver este acuerdo.
Esta fue una desviación de las normas de transparencia que la administración me había hecho esperar.
Fue también una desviación de la función de la Comisión de Transparencia que se indica en el Estatuto Constitucional aprobado por el Congreso Nacional de Honduras.
-¿Cómo puede ser que un miembro de la Comisión de Transparencia no podía ver ese acuerdo? En el marco del proceso establecido en el Estatuto Constitucional, ¿no es la Comisión de Transparencia la que tiene que dar una opinión sobre cualquier propuesta de una RED?
En diciembre de 2011, el presidente Porfirio Lobo firmó un decreto nombrándome a mí y a cuatro personas de prestigio internacional para formar la Comisión de Transparencia.
Sobre estos nombramientos se informó en los medios de comunicación internacionales, como El Economista. Sin embargo, el Gobierno hondureño nunca completó el proceso de publicación de este decreto en el diario oficial La Gaceta.
La posición del Gobierno es que el decreto nunca fue publicado y, por ello, la Comisión de Transparencia no existe ante los ojos de la ley y tampoco los cinco miembros nombrados tienen ninguna base legal para la revisión de los acuerdos.
-¿Puede el Gobierno crear una RED si aún no existe la Comisión de Transparencia?
Si la Comisión de Transparencia aún no existe, el Gobierno le puede proponer una RED directamente al Congreso Nacional.
La RED entonces llegará a existir si el Congreso aprueba un decreto o ley describiendo sus límites geográficos.
Aprobar un decreto que especifique límites puede parecer un detalle menor, pero bajo el Estatuto Constitucional tiene importantes consecuencias legales.
-¿Tiene el Gobierno que revelar los términos de un acuerdo que firme con una compañía que invertirá o administrará la RED? ¿Tiene la empresa que revelar las identidades de quienes la financian? ¿Tiene el grupo de inversionistas que revelar algo acerca de su experiencia o calificaciones?
La ley establece que a la Comisión de Transparencia se le debe dar toda la información que necesite para evaluar toda propuesta de una RED; pero si no hay Comisión de Transparencia, el Poder Legislativo es la única protección que queda para la integridad del proceso.
Para asegurar que el Congreso se sienta cómodo con las identidades de los inversionistas y la estructura de gobernanza que los inversionistas han negociado en sus acuerdos, puede que el Legislativo quiera insistir en una revelación completa de la información más importante antes de someter a votación la creación de la RED.
También el Congreso puede empeñarse en tener un derecho separado para aprobar cualquier acuerdo relacionado con una RED propuesta o ya existente, si pudiera suponer una carga financiera para el Gobierno de Honduras.
Este tipo de carga puede surgir si, por ejemplo, mediante un acuerdo se permita a una entidad privada demandar al Gobierno por daños y perjuicios.
-¿Conoce las causas que resultaron en una mala percepción sobre el estatus legal de la Comisión de Transparencia?
Se han ofrecido varias explicaciones, pero no estoy seguro de por qué el decreto que nombra a los miembros de la Comisión nunca fue publicado en el diario oficial La Gaceta.
Tampoco sé por qué el Gobierno no reveló su decisión de no publicar el decreto. Cualesquiera que sean las razones tras esas decisiones, el resultado fue una importante falla en la transparencia.
La percepción del público era que la Comisión estaba operando y asegurándose de que las decisiones se tomaran de manera transparente. Esto dio una falsa impresión acerca de los cheques, los balances y el escrutinio que estaría en operación cuando se creara la primera RED en Honduras.
Desde el principio hice un compromiso con los hondureños, los diputados del Congreso Nacional y con todas las personas alrededor del mundo que desean el bienestar de Honduras.
Me comprometí a que trabajaría para su beneficio y que lo haría con transparencia.
Esto quiere decir que en un momento como este tengo que estar dispuesto a decir honestamente la verdad y aceptar las consecuencias.
