Maccih e Instituto de Información apoyan revisión de ley de secretos

El vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción dijo que la ley debe ajustarse en términos de transparencia.

El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, dijo en meses anteriores que la normativa requiere una revisión.
El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, dijo en meses anteriores que la normativa requiere una revisión.

Tegucigalpa, Honduras.

A favor de que se revise y modifique la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública se mostraron ayer la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, expuso que la Misión fue informada sobre la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en contra de la también llamada ley de secretos, presentado hace dos días por C-Libre.

En ese sentido, expresó que ven con expectativa este proceso, el cual les parece interesante por tratarse de un caso emblemático que ahora es sometido a una discusión nacional dentro de la judicatura.

“Nos parece que esa es la ruta y creo que la ley, como ya lo hemos señalado, necesita ser ajustada, necesita ser revisada y ser modificada en esos términos, en los términos de la transparencia, en los términos de hacia dónde va la ruta de la democracia en la región”, manifestó.

El comisionado del IAIP, Gustavo Adolfo Manzanares, dijo que “por principios y por no ajustarse a las convenciones y al Derecho Interno, nosotros tenemos que estar en contra de esa ley en la forma como está redactada”. Por tal razón refirió que apoya su revisión.

En una reunión con la Maccih el miércoles, la organización C-Libre pidió la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y Clasificación de Información Pública.

Según Eddy Tábora, director de la entidad, esta norma constituye un estorbo para la investigación en casos de corrupción y violenta el mandato de la Maccih para hacer indagaciones en el país. Asimismo, Tábora dijo que “esta ley es un obstáculo para que el Estado rinda cuentas de cómo ejecuta los presupuestos”.

La Prensa