“Ley permite al mal policía seguir activo”: depuradores

La comisión lamentó, en entrevista a LA PRENSA, que el marco legal mantenga derechos hasta a agentes corruptos. Piden que otras instituciones estén “al tono de la depuración”.

Los miembros de la comisión se reunieron con el equipo periodístico de Diario LA PRENSA para abordar a fondo la depuración de la Policía.
Los miembros de la comisión se reunieron con el equipo periodístico de Diario LA PRENSA para abordar a fondo la depuración de la Policía.

San Pedro Sula, Honduras.

El actual marco legal permite a los policías corruptos seguir activos y hasta gozando de derechos, aseguraron ayer los miembros de la Comisión Especial de Depuración y Reestructuración de la Policía Nacional en entrevista con Diario LA PRENSA.

Omar Rivera, miembro de la comisión, fue claro al decir que por ahora los policías corruptos tienen un escudo legal en el cual pueden ampararse.

Fondos
Darle más recursos a una institución no depurada es entregarle fondos a los corruptos, expresa la comisión

“Hay un marco jurídico habilitante al mal policía. Hay ejemplos terribles, ya que aunque parezca mentira, el actual marco jurídico habilita al mal policía a seguir en servicio con todos sus derechos”, expresó.

Por su parte, Vilma Morales, quien también integra la comisión depuradora, lamentó que se hicieran cambios a la ley en 2012, los cuales sirvieron como beneficio para los policías corruptos.

“Creemos que la Ley de la Policía sufrió muchas reformas, pero a nuestro juicio fueron un retroceso. Por ejemplo, la ley contemplaba que si a los seis meses un policía que había sido procesado no presentaba su sobreseimiento provisional o definitivo tenía que salir de la Policía y sin que hubiera responsabilidad del patrono, en este caso la Policía y la Secretaría de Seguridad. Eso se reformó y se dejó indefinido en 2012. No sé cuáles fueron las motivaciones para hacer algo así”, indicó.

Datos
1. Depuración de alta cúpula en la Policía
Entre los 191 policías separados han estado generales, comisionados, subcomisionados, comisarios y
subcomisarios.
2. El costo de la depuración
De 2012 a 2015 se invirtieron L181 millones para la depuración, entre el presupuesto asignado a la DIECP y la CRSP.
3. Pobres resultados en depuración anterior
Aunque se invirtieron L181 millones de 2012 a 2015, solo se canceló al 2.7% y 3.6% de los policías evaluados.
3. Análisis previos de la situación policial
Ya había estudios de la OEA, Colombia, Chile y EUA sobre la situación de la Policía, dijo la comisión depuradora.

Revisión

Morales agregó que hay casos en que continuaron en la Policía a pesar de haber sido condenados.

“Hubo personas que incluso fueron condenadas, conmutaron penas y siguieron en la Policía, y uno no entiende cómo pudo haber pasado eso, qué vigilancia ejercían, porque fueron personas por delitos graves, incluso personas por narcoactividad, que fueron condenadas y siguieron en la Policía”, reveló.

La representante de la comisión depuradora señaló que debido a este tipo de debilidades halladas están revisando el marco legal de la Policía.

“Estamos viendo el marco legal. Hemos estado trabajando en la revisión de ella”, manifestó.

Morales criticó que incluso hubo mandatos con los que jamás se cumplió.

“La ley mandó que se hiciera una ley de carrera policial y nunca se hizo. Ese tema no permitió tener regularidad en los ascensos. Muchas personas que ahora salieron el año pasado recién habían sido ascendidos, y eso no puede ser. No se dio un seguimiento de la conducta de los policías”, declaró.

Trabajo conjunto

El pastor Alberto Solórzano dijo que están haciendo todos los esfuerzos porque la depuración tenga éxito, pero necesitan que las demás instituciones que tengan que actuar por los casos de corrupción en la Policía también pongan su mejor esfuerzo.

“Es importante que las demás instituciones se pongan a tono para que este proceso tenga éxito”, expresó.

Solórzano indicó que “no somos los primeros en ver esta información en la Policía, pero antes quizá no se hizo nada por miedo o complicidad”, consideró.

Omar Rivera señaló que ellos han cancelado al 42% de los policías evaluados.

“Cumplimos con quitarle la placa, el arma, el uniforme a los policías que salieron mal evaluados o que se vieron envueltos en irregularidades, pero no somos jueces ni investigadores criminales, y entonces llevar a los policías tras las rejas ya corresponde a los operadores judiciales, no a nosotros”, explicó Rivera.

Agregó que “hay investigaciones abiertas. Ha sido frustrante cuando pedimos a la Policía o Fiscalía información y tienen varias investigaciones por denuncias contra policías, pero ninguna resuelta”, manifestó.

Solórzano señaló que esto se dio “por falta de voluntad de las autoridades”.

La Prensa