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Oficializan cancelación de 23 comisionados de Policía

Comisión Especial de Depuración investigó a 47 comisionados; de los cuales solo ratificó a 16.

Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión Especial de Depuración anunció ayer la cancelación de 23 comisionados de la Policía Nacional por motivo de reestructuración.

Asimismo, se ratificaron a 16 comisionados y cuatro aceptaron el retiro voluntario.

De igual manera, se suspendieron a cuatro comisionados por estar públicamente señalados en investigaciones por autoridades del país.

La Comisión inició el análisis y la investigación de 47 comisionados de Policía desde hace varios días.

Lo anterior se hizo con base a la valoración de los informes recibidos del Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Poder Judicial, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.



Este mismo proceso se seguirá con los subcomisionados activos de la Policía Nacional.

De acuerdo con el comunicado emitido por los depuradores desde el 26 de abril se entregaron notas a todas las instituciones arriba mencionadas para que brindaran en un plazo de tres días hábiles, información referente a los 108 subcomisionados activos de la Policía Nacional.

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Primeros depurados

La Comisión Especial de Depuración pidió la semana pasada la cancelación, en el marco de este proceso de reestructuración, de los generales Elder Madrid Sierra, Javier Leopoldo Flores y José Leandro Osorio.

También solicitaron la suspensión de los exdirectores generales de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid y Ramón Sabillón por estar señalados en el informe referente al asesinato del zar antidrogas, Arístides González y Alfredo Landaverde, exasesor en materia de seguridad.

Mientras que el general, Juan Carlos el Tigre Bonilla continúa bajo evaluación porque su expediente está extraviado.

Bonilla está citado para este lunes por los notables, al igual que el exministro de Seguridad Arturo Corrales para que puedan colaborar con el proceso de depuración.

Del mismo modo, la Comisi?n Especial solicitó una reunión con María Luisa Borjas, comisionada de policía en condición de retiro, para el jueves pasado, pero no asistió.

Según Borjas, no llegó por cuestión de seguridad y pidió a los notables la reprogramación de la visita de manera más privada.

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Liquidación

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial de Depuración, explicó que todos los miembros que deseen retirarse voluntariamente también tendrán que someterse al proceso de análisis.

“Cualquier agente de escala básica o alto oficial de la Policía que desee retirarse voluntariamente o jubilarse de forma anticipada, deberá ser sometido a un proceso exhaustivo de evaluación e investigación, a fin de determinar si no ha cometido falta grave o delito; de constatarse que ellos están solventes y no tienen cuentas pendientes con la justicia, se procederá a garantizarles el pleno goce de sus derechos”, reiteró.

Garantizó que todo el proceso lo hacen “sin prisa, pero sin pausa” y de forma responsable a fin de garantizar que no vayan a existir inconsistencias legales que perjudiquen al Estado y reviertan la depuración policial.

Al mismo tiempo, expuso que “a los comisionados ratificados no se les está dando un cheque en blanco, serán sometidos a un proceso de certificación, evaluación e investigación externa, en el que inclusive podrían participar organismos internacionales” dijo.

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Afirmó que además de la aplicación rigurosa de pruebas de confianza (toxicológicas, sicométricas, polígrafo y socioeconómicas), se le dará proceso a cualquier denuncia que se interponga en su contra y se monitoreará su desempeño en la función policial.

Entretanto, Aníbal Baca, portavoz de la Policía Nacional, aclaró que los oficiales que han sido cancelados por la Comisión es por motivo de reestructuración de la institución.

“A los que han pedido el retiro voluntario se les garantiza el pago de su liquidación como la ley lo estipula”, expuso.

Respecto a los generales y comisionados suspendidos, aún están en proceso de investigación por las autoridades de justicia.

Recordó que la Comisión Especial explicó los criterios que tomaron en cuenta para tomar estas decisiones.

A este tema se refirió, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien apuntó que la depuración debe ser una acción constante y no temporal.

“Hoy pueden poner a gente honesta, pero a los tres meses pueden ser corruptos”, exteriorizó.

A la vez, hizo mención a que se deben depurar otras instituciones y organismos contralores del Estado.

Igualmente, instó a que se tomen en cuenta las denuncias que hacen varios ciudadanos y den resultados al pueblo.

“Sabemos que hay escuadrones de la muerte en todos lados, no solo en la Policía. Pensamos que la depuración es necesaria, pero debemos estar vigilantes para que no se cometan abusos”, finalizó Zelaya Rosales.

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Apoyo

Roberto Herrera Cáceres, titular del Conadeh, reafirmó ayer que la Comisión Especial para la Depuración está ejerciendo sus competencias de acuerdo a lo que establece el decreto legislativo que la crea.

Adelantó que ya giró instrucciones a todas sus delegaciones regionales y departamentales del Conadeh, para que hagan llegar a la oficina central las denuncias que hay contra los subcomisionados de policía.

Este proceso de “limpieza” en la institución cobró fuerza una vez que salió a la luz pública un informe de la Inspectoría General de la Policía hondureña hecho en 2009 y 2011 y publicado por el prestigioso diario The New York Times el cual reveló que el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González fue planificado y ordenado por los generales Ricardo Ramírez del Cid y José Luis Muñoz Licona por órdenes del prófugo capo de las drogas Wilter Neptaly Blanco Ruiz, jefe del cartel del Atlántico.

Según los informes, “los generales de la Policía organizaron, ejecutaron y encubrieron el asesinato del general Julián Arístides González, zar antidrogas del país. Hicieron lo mismo con el político de la Democracia Cristiana Alfredo Landaverde”.