Maras y bandas se agencian 1,300 millones al año en extorsión

Los comercios están pagando 600 millones de lempiras al año y el transporte L540 millones. En Semana Santay Navidad piden pago doble.

Las maras han llegado a quemar buses como medida de presión para el pago de la extorsión.
Las maras han llegado a quemar buses como medida de presión para el pago de la extorsión.

Tegucigalpa, Honduras.

A la cantidad de impuestos que se pagan en Honduras por operar como comerciante individual, los microempresarios deben sumarle el cobro que las maras y bandas criminales les imponen para dejarlos trabajar.

La seguridad se ha convertido en obligación y no pagar la extorsión o atrasarse en los pagos, los está llevando a la tumba.

Tanto comercios como el sector transporte siguen de brazos cruzados juntando el dinero semanal que deben de mandar a los puntos establecidos por las maras Salvatrucha, la 18, Los Chirizos, entre otras.

“Desde que funciona la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) se ha evitado que se paguen más de 131 millones de lempiras. Solo en 2016 los comercios y transportistas que han denunciado, han dejado de pagar más de nueve millones”, informó Norma Moreno, vocera de la FNA.

A falta de estudios que revelen los números exactos que se están pagando por extorsión, los transportistas organizados aseguran que al año pagan 540 millones de lempiras y en el caso de los comercios L600 millones.

“Seguimos con vida porque pagamos. Estamos en este negocio y no nos podemos salir porque debemos préstamos. No conozco ningún transportista que no pague extorsión, desde el más pequeño hasta el más grande y lo más terrible es que le pagamos a tres maras”, contó a LA PRENSA Sarahí, madre y empresaria del transporte.

Los pagos los hace desde hace 10 años, y aunque trabaja con tranquilidad, pues tiene al día las cuentas con las maras, no le gusta que a estos grupos se les antoje pedir dinero extra.

“En Navidad nos sacaron 90,000 y nos amenazaron, dijeron que si no lo hacíamos nos iban a matar un chofer u operario. Nos sacaron aguinaldo y en Semana Santa también piden”, agregó.

En la ruta en la que tiene varias unidades de transporte, Sarahí paga casi 40,000 lempiras semanales a las tres maras que operan en el Distrito Central, y asegura que ya denunciaron ante la FNA, pero no han capturado todavía a nadie.

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Falta denuncia

A la FNA los que más llegan a denunciar a los extorsionadores son los comerciantes, seguidos de los transportistas. Sin embargo, falta más denuncia para que los casos lleguen a judicializarse y poner en prisión a los delincuentes.

“La denuncia es la clave y el seguimiento a esta también. Hay varios casos judicializados y no nos vamos a cansar de repetir de que si son víctimas de extorsión, vengan a las oficinas de la FNA en las principales ciudades y denuncien o llamen a los números 2291-0350 y 9482-1268 y siga las instrucciones”, agregó Moreno de la FNA.

Sobre los casos judicializados, que suman más de 1,000, el juez de letras Melvin Bonilla explicó que en Tegucigalpa los casos han aumentado y se manejan entre 200 y 250 al mes.

“Casi el 100% de los casos van a dar Támara con auto de formal procesamiento, pero a veces los testigos no quieren venir a declarar por temor. Hemos conocido casos aquí en el juzgado de extorsiones a personas que venden alimentos como pollos y hamburguesas. Se ha dado, está el caso de una señora a la que semanalmente le exigían dos pollos fritos”, reveló el juez.

La FNA asegura que está frenando el delito. Insiste en el llamado a los ciudadanos víctimas del flagelo a denunciar y darle seguimiento a los procesos.

“Sabemos que hay falta de confianza, pero con nuestro trabajo vamos dando resultados. El ciudadano que está siendo extorsionado o al que llaman con la intención de extorsionarlo, que recuerde que existe la FNA, una fuerza interagencial, con personal certificado al servicio del país. Aquí hay asesoramiento, les diremos qué paso seguir. Tenemos las herramientas y el apoyo del Estado para combatir este delito, hay que confiar”, dijo el jefe de la FNA insistiendo en la importancia de la denuncia.

La Prensa