Tegucigalpa, Honduras.
Según los documentos que publica The New York Times, el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Tigre Bonilla, y el exministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, sí conocieron el informe que vincula a policías con el asesinato del exasesor de seguridad Alfredo Landaverde.
De acuerdo con el oficio SEDS-IG-0178-2012, de la Inspectoría General de la Policía, con fecha 25 de mayo de 2012, Pompeyo Bonilla ordenó que el expediente SEDS-IG-0167-2012, que contiene la investigación del crimen de Landaverde, le fuera entregado al “Tigre” Bonilla.
“Cumpliendo con instrucciones del señor secretario de Estado en los despachos de Seguridad, remito a usted el expediente investigativo SEDS-IG-0167-2012, de fecha 25 de mayo del 2012, que contiene las investigaciones realizadas por Inspectoría con relación al asesinato del ingeniero Gustavo Alfredo Landaverde Hernández y las lesiones graves provocadas a la señora (su esposa) Hilda Caldera Tosta, donde involucran a oficiales y policías como autores materiales, intelectuales y cómplices”, dice el oficio dirigido al exdirector de la Policía. El informe SEDS-IG-0167-2012 indica que un alto oficial de la Policía ordenó la muerte de Landaverde porque este hizo fuertes cuestionamientos sobre la corrupción en la institución armada.
Pero en el reporte SEDS-IG-0178-2012 se cuestiona que a los policías señalados de tener participación en el crimen “no se les aplicó ninguna sanción administrativa”.
No obstante, se le indica en ese documento a Bonilla que “por instrucciones superiores deberá aplicarles (a los policías que supuestamente mataron a Landaverde), a la mayor brevedad posible, el decreto de depuración 89-2012 y remitir el mismo (informe) al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes”.
Los elementos señalados de participar en el crimen de Landaverde deben salir de la Policía Nacional por “incumplimiento y violación grave de las obligaciones(...)”, cierra el oficio.
Según los documentos que publica The New York Times, el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Tigre Bonilla, y el exministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, sí conocieron el informe que vincula a policías con el asesinato del exasesor de seguridad Alfredo Landaverde.
De acuerdo con el oficio SEDS-IG-0178-2012, de la Inspectoría General de la Policía, con fecha 25 de mayo de 2012, Pompeyo Bonilla ordenó que el expediente SEDS-IG-0167-2012, que contiene la investigación del crimen de Landaverde, le fuera entregado al “Tigre” Bonilla.
“Cumpliendo con instrucciones del señor secretario de Estado en los despachos de Seguridad, remito a usted el expediente investigativo SEDS-IG-0167-2012, de fecha 25 de mayo del 2012, que contiene las investigaciones realizadas por Inspectoría con relación al asesinato del ingeniero Gustavo Alfredo Landaverde Hernández y las lesiones graves provocadas a la señora (su esposa) Hilda Caldera Tosta, donde involucran a oficiales y policías como autores materiales, intelectuales y cómplices”, dice el oficio dirigido al exdirector de la Policía. El informe SEDS-IG-0167-2012 indica que un alto oficial de la Policía ordenó la muerte de Landaverde porque este hizo fuertes cuestionamientos sobre la corrupción en la institución armada.
Pero en el reporte SEDS-IG-0178-2012 se cuestiona que a los policías señalados de tener participación en el crimen “no se les aplicó ninguna sanción administrativa”.
No obstante, se le indica en ese documento a Bonilla que “por instrucciones superiores deberá aplicarles (a los policías que supuestamente mataron a Landaverde), a la mayor brevedad posible, el decreto de depuración 89-2012 y remitir el mismo (informe) al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes”.
Los elementos señalados de participar en el crimen de Landaverde deben salir de la Policía Nacional por “incumplimiento y violación grave de las obligaciones(...)”, cierra el oficio.
